Ley Hojarasca: los fundamentos del proyecto que busca derogar "leyes obsoletas"
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que comanda Federico Sturzenegger presentó este lunes los fundamentos de la Ley Hojarasca, el proyecto que el Gobierno envió al Congreso el pasado viernes para "derogar costos inútiles para los contribuyentes y normas que afectaron las libertades individuales".
La Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, dada a conocer por el Gobierno como Ley Hojarasca, "promueve la seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país", según explicaron desde la cartera de Sturzenegger. "Parte del principio de que todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas. Se eliminan leyes que generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros", agregaron.
De acuerdo al Gobierno, el proyecto destaca que “los derechos no requieren leyes", ya que la Constitución Nacional "establece una serie de derechos fundamentales que son inherentes a las personas". "No es necesario emitir una norma que reconozca un derecho que ya es propio de todos los habitantes de la Nación”, subrayaron.
“Lamentablemente, las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron ese paradigma e impusieron la visión de que para la ‘adquisición’ de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho”, advierte el texto difundido por el Ministerio, y agrega: “Obviamente, esto llevó a abusos y arbitrariedades y ha llevado a una situación en la que pareciera que ninguna actividad es posible sin un aval previo del Estado”.
Las claves
El Ministerio de Desregulación explicó las seis claves que se tuvieron en cuenta para la derogación de "leyes obsoletas". Primero, propone la eliminación de las regulaciones que "fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas". "No tiene sentido una ley sobre vacunación propia de la viruela, cuando posteriormente se dictó una ley de vacunación", explicaron.
En segundo lugar, propone anular normas que "fueron superadas por la tecnología, el avance del conocimiento, de la economía o el paso del tiempo". Como ejemplo, el Gobierno señaló que existe una ley que autoriza las emisiones de televisión a color cuando hoy se ven imágenes de vídeo en las redes sociales. "Otras resultan ridículas vistas desde hoy, como utilizar la microfilmación para guardar documentos gubernamentales", apuntaron.
El proyecto también apunta contra las "leyes que limitan la libertad individual" y cuestionó una regulación que autoriza al Estado a pervisar y prohibir reuniones en lugares privados. "Resulta una aberración frente a la Constitución Nacional. Aún continúa vigente una ley sancionada en 1951, que impone penas para los argentinos que propicien sanciones políticas o económicas contra el Estado, cuya única finalidad fue perseguir opositores, incluidos quienes hayan denunciado violaciones a los derechos humanos en nuestro país ante organismos internacionales", manifestaron desde el Ministerio a través de un documento.
El Gobierno también se propone derogar leyes para "avanzar con el programa de desburocratización, eliminando organismos y normas sobrerregulatorias y alivianando el presupuesto público, sin perder la eficiencia". Por ejemplo, la ley que obliga a que cualquier producto que tenga un mapa en su etiqueta debe ser aprobado por el Instituto de Cartografía oficial, sostuvieron.
También se busca anular las "leyes que ya no tienen razón de ser, porque los organismos o instituciones responsables dejaron de existir en los hechos, pero las leyes que los crearon siguen vigentes, como el Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas, Ediciones Culturales Argentinas y el plan de aprovechamiento energético de las mareas, entre otras".
Por último, la iniciativa de Sturzenegger tiene como objetivo derogar "leyes que crean organismos para integrantes del Sector Público, solventados con recursos del Estado Nacional". "Estos incluyen al Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios. Se emancipa a estos entes con la eliminación del financiamiento por parte del Estado Nacional, sin perjuicio de que sigan funcionando con recursos propios", concluyeron.
"La Ley Hojarasca enviada por el presidente Milei al Congreso propone eliminar una cantidad de legislación vetusta y sin aplicación práctica. Tiene algunas cosas divertidas pero, además de limpiar nuestro marco normativo, es más que nada una interpelación: ¿Por qué se promulgaron estas leyes? ¿Por qué el sistema no las eliminó antes? Un amigo una vez me sugirió que las leyes quizás deberían tener validez limitada y revalidarse cada tanto. Me acordé de aquello viendo este compendio", escribió en sus redes el propio Sturzenegger.
Leyes a derogar
El Gobierno adelantó este lunes algunas de las 70 leyes "inútiles, obsoletas, o que restringen libertades" que se eliminarían en caos de aprobarse el proyecto.
En un primer lugar, la cartera de Sturzenegger apuntó contra la Ley 14.034, sancionada durante la presidencia de Juan Domingo Perón, que prohíbe acciones de protesta contra la Argentina. A esa normativa se suma la Ley 18.312 del Gobierno de facto Juan Carlos Onganía que creó un Fondo para controlar la producción de papel de diarios.
Le siguen dos leyes del presidente de facto Alejandro Lanusse, la 19.787 y la 20.120. La primera restringe los temas musicales que pueden pasar las radios, mientras que la segunda prohíbe reuniones entre ciudadanos.
Luego, el Gobierno identificó la normativa que creó el carnet de mochilero (Ley 20.802), una que habilita el permiso de estacionamiento para Legisladores en todo el país (Ley 20.959) y otra que "obliga a difundir temas de forma compulsiva" (Ley 20.983). Las tres regulaciones corresponden a la gestión de Isabel Perón.
Por último, el proyecto apunta contra dos leyes del Gobierno militar de Reynaldo Bignone. La Ley 22.875 permite al Estado relocalizar actividades productivas, mientras que la Ley 22.964 habilita el confinamiento forzoso de enfermos de Lepra.