Comienza el juicio del siglo: Walter Bento enfrenta a un tribunal por las sospechas de corrupción en la Justicia Federal
Este miércoles 26 de julio comienza el juicio oral a Walter Ricardo Bento, juez federal suspendido que enfrenta dos juicios por presunta corrupción y que, además, fue apartado el 31 de mayo, cuando el Consejo de la Magistratura determinó iniciarle un proceso de juicio político por mal desempeño en sus funciones. Se dará inicio a una de las etapas de definición de uno de los casos más significativos de la provincia de Mendoza.
Bento está imputado y procesado por los delitos de asociación ilícita en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de autor, enriquecimiento ilícito, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen delictivo, prevaricato, falsedad ideológica y abuso de autoridad en calidad de autor. Estará sentado en el banquillo en un proceso que incluye a casi 30 involucrados, donde se incluye a su esposa, Marta Boiza, y dos de sus hijos, Nahuel Bento y Luciano Bento.
Actualmente no se encuentra detenido debido a los fueros que le otorga su puesto en el Juzgado Federal N°1 -con competencia electoral-, del cual fue suspendido hasta que se determine su situación frente el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. El plazo establecido para que el jury procese la causa es de 180 días hábiles.
Walter Bento está acusado de ser el líder de una asociación ilícita que funcionaba alrededor de su juzgado. Según las sospechas, confirmadas para el Ministerio Público Fiscal, Bento otorgaba beneficios procesales a cambio del pago de coimas. Para ellos se valía de una red de "punteros" y abogados que trabajaban para ese fin. Además, está acusado, junto con su familia, de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El procedimiento en la Justicia constará de tres debates orales por semana, donde se leerá la elevación a juicio de la causa, que cuenta con más de 700 páginas y 29 imputados, de los cuales la mitad se encuentran tras las rejas. Los magistrados elegidos son María Carolina Pereira (San Luis), Eliana Rattá (San Juan) y Jaime Díaz Gavier (Córdoba). El juicio oral originalmente tenía fecha de inicio el 22 de febrero, día en que se realizaría la audiencia inicial, pero se dilató por las dificultades para conformar el tribunal y el pedido de prórroga para el ofrecimiento de pruebas.
El tribunal original designado para el juicio estaba integrado por Pablo Salinas, Daniel Doffo y Héctor Fabián Cortés. La Cámara de Casación Federal designó a los integrantes del Tribunal Oral Federal N°2 para resolver esta causa que tiene más de una veintena de imputados.
El abogado principal de Bento y que se encargará de de defenderlo será Mariano Fragueiro Frías, quien se convirtió en su representante legal luego de que semanas atrás renunciara el prestigioso penalista Mariano Cuneo Libarona, su asesor legal en la defensa ante el Consejo de la Magistratura donde también fue investigado.
A partir de ese momento se oficializó la incorporación tanto de Mariano Fragueiro Frías como de Felipe Salvarezza en el equipo de abogados de Bento. El primero de ellos está vinculado con el kirchnerismo, ya que como contó MDZ, hace tiempo que es un "hombre de consulta" de Máximo Kirchner y se trata de un penalista exitoso y de bajo perfil. Además, ha sido defensor de Carlos Zannini en la causa del Memorándum de entendimiento con Irán, donde también está acusada Cristina Kirchner. No menos importante es que Fragueiro Frías es defensor de Héctor Garro, extitular de Vialidad de Santa Cruz y uno de los acusados en la reconocida y polémica "causa Vialidad". Por su parte, Salvarezza también está involucrado en la defensa de Héctor Garro dentro de la causa Vialidad y trabaja junto a Fragueiro Frías en el caso. El otro abogado que representa a Bento es Gustavo Gazali.

“Vengo a contar la verdad, conocen la versión pero no conocen la verdad. Vengo con hechos y pruebas”, fueron las palabras de Bento frente a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. El juez aseguró que es inocente. “No he cometido ninguno de los delitos que se me atribuyen”, aseguró y dijo que hay una confabulación en su contra. En ese orden, afirmó que es una causa política orquestada por el fiscal Dante Vega y la Cámara Federal de Apelaciones. "Inicialmente me imputaron por seis hechos. Estoy acá declarando porque soy inocente y no he cometido ninguno de los delitos que se me atribuyen", subrayó en octubre de 2022, meses antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera.
Bento llegó a su cargo sugerido desde Buenos Aires en 2005. Había concursado y fue el dedo del operador peronista y por entonces asesor de Néstor Kirchner Juan Carlos Mazzón y el padrinazgo de María Romilda Servini quienes lo pusieron en ese cargo rodeado de privilegios. La "pluralidad" de competencias daba y transfería poder. Bento tenía en sus manos el control de las elecciones y de los partidos políticos.
El caso que destapó la olla
La investigación contra Bento surgió a partir de la información obtenida en el celular de una persona detenida en una causa por narcotráfico y también por el vínculo con la investigación por el asesinato de Diego Aliaga, el empresario que fue secuestrado y asesinado en 2020. Aliaga recomendaba a los imputados en diferentes causas federales la contratación de determinados abogados y conseguía beneficios al partir del pago de coimas. La muerte de Aliaga destapó una increíble trama en la que estaría involucrado Bento. Diego Barrera, socio y principal acusado por la muerte del empresario, confirmó la existencia de esta red para obtener beneficios judiciales en causas federales. Para el juez Eduardo Puidgéngolas y para el fiscal Dante Vega, Bento formaba parte de esa asociación. La hipótesis es que Aliaga recomendaba abogados que eran asistidos por Bento para que las causas viraran a favor de sus defendidos a cambio de dinero.
Diego Aliaga fue secuestrado y asesinado en julio de 2020 y este caso repercutió en los Tribunales Federales. El fiscal Vega acusa a Bento de liderar una asociación ilícita destinada al cobro de coimas a cambio de favores judiciales, plantea como hipótesis que el despachante de aduana era un “operador judicial” que hacía las veces de “mano derecha” del juez federal en los casos de cohecho.

Los imputados que enfrentarán el juicio
1) Luciano Edgardo Ortego Hernández,
2) Walter Eduardo Bardinella Donoso,
3) Omar Armando Rodríguez Cichinelli,
4) Eugenio Javier Nasi Pereyra,
5) Javier Santos Ortega Pérez,
6) Jaime Andrés Alba Nortes,
7) José Gabriel Moschetti Retamales,
8) Daniel Gonzalo Martínez Pinto,
9) Cristian Oliva Suárez,
10) Javier Leónidas Angeletti Ratfopol,
11) Luis Francisco Álvarez López,
12) Carlos Federico Barón Knoll,
13) Alejandro Matías Aramayo Ciacera,
14) Leopoldo Antonio Martín Ríos Santander,
15) Juan Carlos Molina Pérez,
16) Marcos Adrián Calderón Devias,
17) Walter Aníbal Costa Sgró,
18) Alfredo Rodolfo Aliaga Luque,
19) Leandro Emanuel Cirot Maldonado,
20) Mariano Enrique Castro Hoyos,
21) Juan Ignacio Aliaga Lottero,
22) Jorge Omar Miranda Anaya,
23) Martín Rodolfo Bazán Guerra,
24) Jessica Melissa Miere,
25) Enrique De La Cruz,
26) José María Sanguedolce,
27) Walter Ricardo Bento Vega,
28) Marta Isabel Boiza Yorino,
29) Nahuel Agustín Bento Boiza.

