Walter Bento suspendido: un mensaje contra la impunidad del poder

Las sospechas sobre las conductas del juez Walter Bento eran una especie de secreto a voces en los Tribunales Federales. Pero, paradójicamente, lo que desató el escándalo fueron las revelaciones de una persona muerta. El asesinato con tintes mafiosos de Diego Aliaga fue la punta que desenredó una madeja de corrupción, relaciones con el poder y dinero que tiene pocos precedentes en Mendoza y Argentina, y que terminó con la suspensión del juez federal de mayor poder de la provincia.

El Consejo de la Magistratura suspendió a Bento y habrá juicio político. En paralelo, en julio empieza el debate oral por la mega causa penal en la que el juez está acusado de asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Ese resultado es un mensaje contra la impunidad que muchas veces se siente desde el poder. Incluso más allá de Tribunales. El tema caló en primer lugar en los estratos más informados de la comunidad mendocina, que se incomodaron, pero no motivaron reacciones.  La subestimación inicial del tema tomó otro matiz a medida que se acumulaban pruebas, testimonios, más revelaciones periodísticas y una influencia sobre la opinión pública general que puso a las sospechas de corrupción que había en la justicia federal dentro de la agenda central.

Este caso se transformó en uno de los trabajos periodísticos y editoriales más relevantes de los últimos 20 años, al menos, que se suma a otros hitos como el hallazgo del profugado juez Otilio Romano en Chile y otros temas. Las revelaciones realizadas por MDZ, la persistencia y solidez del trabajo periodístico encaminaron un tema que incomodaban a la política, la justicia y las instituciones. Ese secreto a voces sobre lo que pasaba en el Juzgado Federal 1 se transformó en testimonios, pruebas y sospechas fundadas por los actores judiciales que terminaron en procesamientos penales primero y ahora acusaciones políticas.

Para MDZ significó sostener una decisión editorial y empresarial de alto valor.  Fue un camino áspero. Al principio fue un trabajo en soledad donde hubo presiones, amenazas a periodistas y directivos de la empresa y hasta intentos de censura y revelación de las fuentes vía judicial. Antes de que fuera publicada la primera nota sobre las sospechas en noviembre de 2020, hubo más de un mes de trabajo previo de los periodistas avocados a la investigación (Jorge Caloiro, Facundo García y el equipo de política de MDZ). La decisión de sostener el tema, aún contra la corriente, derivó en presiones de todo tipo. Pasaron más de dos años de aquel momento para que haya repercusiones política relevantes, luego de una enorme lista de maniobras dilatorias, chicanas, especulaciones y lobby. 

Eso ocurría mientras desde otros sectores calculaban el alcance del tema, creyendo que el poder que ejercía el ahora juez suspendido podía predominar. Cuando el camino parecía irreversible, el enfoque cambió y terminó con una votación unánime en el viscoso Consejo de la Magistratura.

Por el lugar que ocupaba, Bento era una de las personas más poderosas de la provincia. Tenía bajo su órbita la gran mayoría de las causas por narcotráfico y contrabando, justo en una zona limítrofe y con el mayor tránsito terrestre de mercaderías del continente. También tenía el control político porque era el juez con competencia electoral.

Es decir, controlaba a los partidos políticos que debían juzgarlo en el Consejo. De hecho, aun estando procesado tuvo el control de comicios.

Por eso el temor político y la barrera autoimpuesta; la creencia que el poder da impunidad eterna. En la causa judicial también quedaron en relieve las vinculaciones del juez en todos los estamentos del Estado y lo para estatal. Jueces, funcionarios, exmagistrados; personas influyentes de todos los ámbitos tuvieron algún tipo de vínculo. Por eso también, la incomodidad y la idea del “no se puede hacer nada”.

Ahora el cúmulo de pruebas deberá ser ratificado y los integrantes del Jury evaluarán su desempeño. Se trata de un juicio político, no penal. No es el primer juez de Mendoza en estar en esa situación, pues Luis Leiva fue destituido y también todos los integrantes de las Cámara Federal que fue cómplice de la dictadura.

El caso

Walter Bento está acusado de haber sido el líder de una asociación ilícita montada alrededor el juzgado federal que conducía hasta hoy. Las sospechas, fundadas en testimonios y pruebas, son que el juez intercambiaba favores judiciales a cambio de dinero. Entre otras cosas alivianaba causas, permitía excarcelaciones y otros beneficios. La trama, según la causa, funcionaba con “punteros” judiciales que contactaban a los potenciales clientes y también abogados que actuaban en connivencia. Hay más de 10 causas de cohecho investigadas y asociadas a ese supuesto proceder.

Además, está acusado de haberse enriquecido ilícitamente. Bento tiene un modo de vida que, para la Justicia, no se condice con los ingresos. Allí también está involucrada toda su familia como parte del enriquecimiento y del lavado de activos provenientes del delito. Toda la familia Bento vivía de Tribunales Federales, pues eran funcionarios de ese fuero.

El juicio político puede terminar con la destitución de Bento y, en ese caso, perdería los fueros. Así, quedaría detenido, pues la justicia tiene orden de captura; medida que no se ejecuta gracias a los privilegios que el juez comenzó a perder.