Ya pagaron y empezaron las obras, pero falta el aval ambiental para el metrotranvía

El Gobierno adjudicó la obra, le adelantó dinero a la empresa beneficiada e inició los trabajos de la extensión del metrotranvía en un proceso rápido y solo difundido cuando los hechos estaban consumados. Pero la obra no tiene aún el aval ambiental exigido por la ley y ahora, con todo eso ejecutado, llaman a audiencia pública para poner a consideración de la población el impacto que puede tener. El análisis no está concluido para esa obra que, entre otras cosas, implicará levantar las ciclovías de Godoy Cruz que se hicieron tapando la traza ferroviaria. 

La evaluación ambiental, con audiencia pública, es un requisito imposible de evadir en el marco de la ley 5961 para las obras de gran impacto visual, ambiental, urbanístico, industrial o que pueda afectar de alguna manera la vida cotidiana y el bienestar, sea en su etapa de ejecución o en la implementación. Cuando hay una obra de esa magnitud, la ley establece que el proponente debe presentar una Manifestación General de Impacto Ambiental, con informes sectoriales de distinto tipo. Luego se somete a audiencia pública y la Secretaría de Ambiente debe evaluarlo. Si todo es correcto, se firma la Declaración de Impacto Ambiental para que los trabajos comiencen. Si no se cumple el proceso todo sería vulnerable administrativa y judicialmente. 

En el caso de la extensión del metrotranvía hacia Luján, al sur, y hacia el aeropuerto, al norte, el trámite no aparentemente no se completó y recién el 26 de junio, es decir hace 4 días, se firmó la resolución convocando a la audiencia pública, que será el 2 de agosto. Los documentos para acceder a la información que se evaluará aún no está disponible. 

El Gobierno adjudicó la obra en medio del proceso electoral y esa fue la justificación por la falta de difusión. Sí hubo un recorrido previo a los comicios, donde participó el precandidato a intendente de Luján por el oficialismo y secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.

Rápidos

Mucho más rápido que el procedimiento ambiental fueron las transferencias de recursos a la empresa que hará la obra, es decir CEOSA. Esa firma estuvo a cargo de las anteriores etapas del tren. En este caso fue el único oferente y no recibió objeciones del Gobierno a pesar de sus malos antecedentes económicos y financieros. La empresa recibirá en total este año un 20% del total del presupuesto como adelanto. Ya había recibido 4 mil millones de pesos y el septiembre recibirá otros 4 mil millones. Incluso el Ministerio de Hacienda autorizó a desembolsar fondos propios, de los ahorros, antes de emitir la deuda autorizada para la obra. La justificación oficial de los adelantos apuntan a la "necesidad de acelerar" los trabajos y congelar precios de insumos para evitar que la obra sea más cara. Los anticipos equivales a "hacer pagando de contado" más de 20 escuelas. 

Por las dudas, la empresa tiene otra garantía para no arriesgar: el costo se actualiza todos los meses por el índice de costos de la construcción. El contrato fue firmado por algo más de 36 mil millones de pesos, pero a abril de este año. Por eso la obra no tiene techo por esa cláusula de indexación. Pero las dudas están también en el costo presupuestado medido en algún valor estable, como el dólar. Es que los casi 40 mil millones de pesos son par 16 kilómetros de recorrido, a un costo que multiplica varias veces lo que salieron los otros tramos. 

El proponente de la obra es la Sociedad de Transporte de Mendoza, en quien delegó todo el Gobierno; incluso le transfirió los recursos del presupuesto a pesar de las dudas que planteó sobre el tema Fiscalía de Estado. "Convóquese a Audiencia Pública del Proyecto denominado “Metrotranvía de Mendoza - ETAPA III (“Parador Pellegrini – Parador Pueyrredón”) y IV (Parador “Estación Panquehua – Aeropuerto Gobernador Francisco Gabrielli)”, propuesto por Sociedad de Transporte de Mendoza – SAUPE, a realizarse el día 02 de Agosto del 2023", dice la convocatoria oficializada hoy.