Las sospechas detrás de la ordenanza que tardó tres años en publicarse
Esta semana se confirmó que "por errores involuntarios" nunca se aplicó la ordenanza que se aprobó por unanimidad en 2020 para que las nuevas construcciones en Godoy Cruz cuenten con detectores de monóxido de carbono. Desde el Frente de Todos, responsabilizaron por lo ocurrido al director de Obras Privadas, Darío Falcone, que dejó de contestarles desde que lo denunciaron por presunto enriquecimiento ilícito. Tres años después y luego del reclamo de concejales de la oposición, la norma se publicó en el Boletín Oficial.
"Nosotros en su momento estuvimos en contacto con la autoridad de aplicación que es la Dirección de Obras Privadas del municipio y desde allí nos decían que estaban trabajando en la reglamentación de la ordenanza. Después el director no nos dio más bolilla y presentamos un pedido de informe preguntando en qué situación se encontraba. El director no nos contestó más por cuestiones obvias, porque nosotros lo denunciamos por enriquecimiento ilícito. Hay una causa penal en este momento por ese tema contra Darío Falcone que es la autoridad de aplicación de este tema puntualmente", aseveró el concejal Martín González en MDZ Radio.
Lo cierto es que la ordenanza nunca se implementó y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, desde la oposición presentaron un pedido de acceso a la información pública para conocer los motivos por los cuales no se estaba aplicando. "Fue una ordenanza la 7031 que se aprobó en 2020 y establece la obligatoriedad de detectores de monóxido de carbono en las nuevas construcciones que se habiliten en Godoy Cruz a partir de la sanción de la ordenanza. Ya debería estar vigente", aseveró el concejal del Frente de Todos.
Si bien la respuesta que obtuvieron en los últimos días fue que no se había aplicado por "errores involuntarios", González admitió sospechas. "Espero que no haya dejado de aplicar la ordenanza porque lo denunciamos penalmente por enriquecimiento ilícito", manifestó.
La explicación que dieron desde el Ejecutivo municipal es que "por errores involuntarios" no habían publicado jamás la ordenanza en el Boletín Oficial. "Por ende no se podía ejecutar porque la ley 1079 establece el mecanismo para que una ordenanza esté en funcionamiento. El municipio la incumplió y no se puede aplicar la ordenanza", señaló Martín González.
"Nos parece una falta de respeto y una tomada de pelo a las instituciones que no se publique en el Boletín Oficial la ordenanza para su ejecución. Debería estar en funcionamiento hace años porque es una ordenanza que apunta a una problemática que está sucediendo cada invierno como son las intoxicaciones por monóxido de carbono. Creo que era un aporte importante del Estado Municipal", cuestionó.
Finalmente, la ordenanza 7031 se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. A partir de ahora las nuevas construcciones de Godoy Cruz deberán contar con detectores de monóxidos, aparatos cuyo precio de mercado va de los 7 mil a los 30 mil pesos. En estos tres años que transcurrieron entre la sanción de la ordenanza por unanimidad y la publicación en el Boletín Oficial para su implementación se construyeron casas que no contarán con el dispositivo reglamentario para detectar fugas de monóxido y evitar intoxicaciones.
La denuncia contra Falcone
Luego de que se presentara una denuncia anónima en marzo del 2022 contra el funcionario Darío Falcone por enriquecimiento ilícito, los concejales del Frente de Todos se constituyeron como querellantes en la causa. El funcionario está casado con la prima del intendente, Melisa Gisela García Zalazar y declaró que parte de los bienes que se le cuestionan fueron herencias familiares mientras que otros los compro gracias a que además de ser empleado municipal desde el 2002, también ha desempeñado paralelamente tareas como arquitecto en el sector privado.
Sin embargo, el primer informe pericial sostiene que "la escasa información recabada hasta este estado, con respecto al desarrollo de la actividad inmobiliaria constructiva del arquitecto Falcone, obliga a solicitar una nueva documentación". Un segundo informe agrega que "Falcone Darío (sin considerar saldos consolidados) no obtuvo ingresos suficientes para justificar su incremento patrimonial ni para destinar al consumo propio y de su familia en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2019".
En total Falcone tiene 14 propiedades y cinco vehículos mientras que su pareja declara otras siete propiedades. La causa es llevada adelante por el fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos y la jefa de esa Unidad Fiscal, Paula Quiroga.