Los olvidos en la política de transparencia del oficialismo

Lo que antes era sencillo, hoy representa casi una odisea. Para acceder a las declaraciones juradas que presentaron años atrás actuales funcionarios es necesario elevar un pedido de acceso a la información pública a la Oficina de Ética de la provincia y la respuesta puede demorar semanas en llegar. Antes, cuando el control dependía de Fiscalía de Estado, todas las declaraciones presentadas estaban disponibles y eso permitía observar a ciencia cierta el crecimiento patrimonial que registraron a través de los años. 

Por ejemplo, en su última presentación el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, declara vehículos por un total de -según valores de mercado- 77 mil dólares. Sin embargo no se puede acceder a las declaraciones juradas que ha presentado en los últimos 8 años para contrastar los datos y observar con qué patrimonio llegó a la función provincial y cómo se retirará de la misma.

Aunque puede parecer un hecho menor, representa un importante retroceso en materia de transparencia. 

"Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago"

La semana pasada, el senador nacional Alfredo Cornejo fue uno de los principales críticos de la decisión del Frente de Todos de apartarse del reglamento en la sesión que debían tratar acuerdos para la designación de jueces en Santa Fe y Córdoba. Se quejó de que alteraron el orden del día y que interpretaron a su antojo la normativa de la Cámara de Senadores para que no se aprobara la moción de orden que apuntaba a tratar solamente pliegos de jueces y postergar al 13 de abril el resto de los temas que incluyó el oficialismo.

Pero en Mendoza el cornejismo también tuerce según su conveniencia las reglas  y forzará la sesión para que una funcionaria radical se convierta en jueza. Con 32 años, la expresidenta de la Juventud Radical, Daniela Torres, está a un paso de convertirse en magistrada a pesar de que el despacho de comisión fue negativo con seis votos en contra y cinco a favor.

Para el radicalismo el despacho es no vinculante y el único requisito constitucional para designar a un magistrado es que se apruebe en sesión secreta del Senado. Por eso, sin despacho positivo están decididos a llevar el pliego de Torres al recinto para su aprobación.

Consecuencias de la desactualización

Hasta en lo más básico se puede observar la falta de preocupación por la información pública. La semana pasada se conoció que la Suprema Corte había emplazado al gobierno a cumplir con una resolución pendiente pero con un grosero error. El emplazamiento salió a nombre de una funcionaria que desde el año 2017 no se desempeñaba más en ese cargo.

En la sentencia, los magistrados resolvieron emplazar en diez días a “Liliana Muñoz de Lázzaro en su calidad de Subsecretaria de Administración y Control, a realizar toda la actividad preparatoria del acto administrativo ordenado en la sentencia (…) bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias pecuniarias”.

Pero en el 2017 Liliana Muñoz de Lázzaro pasó a desempeñarse como vocal del Tribunal de Cuentas. El problema es que el organigrama en la página web del Ministerio de Salud nunca se actualizó y el dato al que accedió el Poder Judicial resultó ser erróneo.

Organigramas desactualizados, declaraciones juradas bajo llave y militantes en el Poder Judicial. Tres ejemplos que interpelan al oficialismo y que evidencian que hay que volver a prestarle atención a la institucionalidad.