El insólito error de la Corte por un dato desactualizado del Gobierno

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza emitió un reciente fallo con un llamativo error. El tribunal emplazó a una funcionaria provincial a cumplir con una sentencia para recategorizar a una agente estatal, pero el dato que llamó la atención es que la persona condenada dejó el cargo en 2017. Desde el Poder Judicial atribuyeron la equivocación a la información desactualizada en la página oficial del Gobierno de Mendoza.

El fallo en cuestión se publicó este miércoles en las listas diarias del Poder Judicial y fue firmado el pasado 22 de marzo por los jueces Julio Gómez, Pedro Llorente y María Teresa Day, integrantes de la Sala Primera del máximo tribunal, la cual fue disuelta tras la reforma de la Corte del año pasado, pero que operativamente continúa atendiendo causas iniciadas con anterioridad a la modificación.

El caso se inició con una demanda de una médica que exigía el cumplimiento de una sentencia que ordenaba al Gobierno provincial su recategorización en la Clase 08 del Régimen 27 de los profesionales de la Salud. En la sentencia, los magistrados resolvieron emplazar en diez días a “Liliana Muñoz de Lázzaro en su calidad de Subsecretaria de Administración y Control, a realizar toda la actividad preparatoria del acto administrativo ordenado en la sentencia (…) bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias pecuniarias”.

Lo llamativo del fallo es que la persona emplazada dejó ese cargo que ocupaba en el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes hace cinco años. Muñoz de Lázzaro asumió en marzo de 2017 como vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, tras haber sido postulada por el entonces gobernador Alfredo Cornejo.

Tanto desde el Poder Judicial como desde el Ministerio de Salud evitaron hacerse cargo de la equivocación. Desde la Corte aclararon a MDZ que el procedimiento de notificacion se hizo sacando la información de la página oficial del Gobierno de Mendoza y que en la sección de la cartera de salud Muñoz de Lázzaro figura como responsable de la Subsecretaría de Administración y Control.

A su vez, en el Ministerio de Salud reconocieron que la información sobre esa dependencia está desactualizada y figura todavía como subsecretaria la actual vocal del Tribunal de Cuentas. No obstante, apuntaron a la Justicia por no haber acreditado por otras vías quién era la persona responsable de cumplir con la sentencia emitida.

El caso que desnudó las desinteligencias

La causa que culminó con este emplazamiento a Muñoz de Lázzaro fue iniciada por la doctora Beatriz María Pérez, quien venía interponiendo reiteradas demandas para que el Gobierno provincial cumpla con una sentencia en la que se lo condenó a encasillarla en la clase 08 de la categoría ejecución y régimen salarial 27. Asimismo, estableció que se le debe “liquidar y abonar a la accionante las diferencias salariales correspondientes entre la clase en que fue designada y la que debió revistar, con el adicional por la permanencia en la clase 8 que debía abonarse según el correspondiente porcentual sobre el básico en función de la antigüedad de la agente en la clase 08”.

Esta sentencia fue fue notificada a las partes el 20 de abril de 2022 y en abril de ese año, al no haberse cumplido con el fallo, la doctora Pérez reclamó y se emplazó al Gobierno para que dicte el acto administrativo correspondiente.

Ante la falta de respuesta, el tribunal volvió a emplazarlo en noviembre del año pasado y una vez más en febrero de 2023.

Frente a los reiterados incumplimientos, los tres jueces de la Corte dictaron esta última sentencia en la que se aclaró: “Atendiendo a la falta de cumplimiento voluntario de la sentencia de conden, al silencio de la demandada ante los tres emplazamientos consecutivos realizados con posterioridad y valorando que se encuentran incumplidas obligaciones de hacer consistentes en dictar el acto administrativo, practicar liquidación y acompañarla a este expediente a los fines de su posterior aprobación, conforme lo explicitado en la Segunda Cuestión del fallo, cabe emplazar al funcionario a cargo de la Subsecretaría de Administración y Control a realizar toda la actividad preparatoria del acto administrativo ordenado en la sentencia, esta vez bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias de carácter pecuniario a los responsables directos”.