La disidencia del PRO empantanó la designación de una jueza radical y el PJ se metió en la discusión

El Senado  de Mendoza realizó este miércoles la audiencia pública para tratar el pliego de postulación de las abogadas Susana Mastromauro y Daniela Belén Torres -propuestas por el Poder Ejecutivo- para los cargos de jueza de Familia (GEJUAF Las Heras 1º Circunscripción Judicial) y jueza penal de Menores (3ra. Circunscripción Judicial), respectivamente. La situación causó malestar  debido al pasado de militancia radical por parte de Torres. Pero el trámite se transformó en la primera señal del impacto de la ruptura de Cambia Mendoza. La votación en comisión obtuvo 6 votos negativos contra 5 positivos, ya que Germán Vicchi, del PRO, llevó a la práctica las diferencias entre el demarchismo y el oficialismo, por lo que decidió marcar la cancha y no acompañar. No obstante, el proceso seguirá su curso porque el despacho no es un requisito constitucional.

Torres tiene 32 años y, en la actualidad, es funcionaria del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Se desempeña desde el 2018 como directora de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Previamente, fue jefa del Servicio Local de Protección de Derechos de la Municipalidad de Capital entre julio de 2016 y junio de 2018. 

Asumió la presidencia de la Juventud Radical provincial a finales de 2019, cuando el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, tomó las riendas de la UCR. La joven estuvo dos años en el cargo y luego fue reemplazada por Juana Allende.

Posteriormente, y luego de rendir los exámenes pertinentes, Torres fue nominada, por el Consejo de la Magistratura, junto con otras dos personas, para cubrir el puesto vacante. Suarez la eligió de la terna y el Senado analizó su pliego, a través la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). Allí es donde la votación le fue adversa, aunque tiene efectos testimoniales. Es que pese al resultado negativo, el proceso podrá continuar con la votación en secreto de todos los senadores que corresponde a este tipo de casos. Allí el radicalismo tiene mayoría y podría conseguir el aval. 

Ante la novedad de haber tenido más votos en contra que a favor, desde la UCR indicaron que "el resultado de LAC no implica que no se pueda tratar". "Las firmas simbólicamente muestran una postura, a favor o en contra, pero eso no implica que no se pueda tratar el pliego, respecto al acuerdo que se llevará a cabo en la sesión, donde se vota por bolillas. Según exige la Constitución, se debe dar la sesión de acuerdo, que es una sesión especial y secreta, con un mínimo que es la mayoría simple. El paso del despacho por comisiones y la audiencia pública es solo un paso administrativo que tiene determinado el reglamento interno de la Cámara de Senadores, pero no es un requisito constitucional, como si lo es la sesión donde se vota, que eso sí es lo determinante. Por lo tanto el despacho no es vinculante y no significa nada para el acuerdo", expresaron fuentes parlamentarias del radicalismo.

La senadora del Frente de Todos Cecilia Juri -integrante de la LAC- manifestó sus quejas tras lo ocurrido. "La postulación de la Dra. Torres en la Justicia penal de menores es otro caso de cooptación del Poder Judicial y organismos de control en manos del radicalismo. No es el primer caso de funcionarios del Ejecutivo que pasan a ser jueces. No hay independencia del Poder Judicial. Los antecedentes en la audiencia pública fueron sobre su paso como funcionaria del área de niñez y adolescencia, no sobre el rol que deberá cumplir para impartir justicia. Cooptar la Justicia con militantes y funcionarios radicales no garantiza la independencia del Poder Judicial", lanzó.

Y añadió que hubo "6 votos negativos y 5 positivos. Rechazo al proyecto oficial que buscaba imponer a una militante radical como jueza. El despacho salió en negativo y por primera vez en mucho tiempo, una postulante a jueza no tiene los consensos necesarios para asumir".

Quien también se pronunció al respecto fue la senadora Mercedes Derrache, que expresó: "Audiencia pública de la Dra Torres, una militante desafiliada del radicalismo el 28/11, un día antes de inscribirse en el concurso para ser jueza". "Queremos jueces y fiscales contextuados, comprometidos con la comunidad y los justiciables de la 3* circunscripción. Y no que vengan a trabajar de 9 a 12 y desde sus despachos. Justicia radical administrada por Alfredo Cornejo y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay", completó.