La Provincia demandará a manifestantes por destrozos durante una protesta por un femicidio
El gobernador Rodolfo Suarez instruyó al equipo de la Asesoría de Gobierno a que inicie acciones judiciales y se constituya en actor civil en la causa penal que investiga los destrozos a una dependencia del Ministerio Público Fiscal en San Martín. El hecho se produjo en julio del 2022 durante una manifestación por el femicidio de Agostina Trigo.
A través del decreto Nº 175, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el mandatario provincial ordenó al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y a los abogados auxiliares para que “en representación de la Provincia de Mendoza, como damnificada directa del delito de Daño Agravado sobre bienes públicos provinciales y en procura de la correspondiente indemnización, inicie las acciones judiciales y se constituya en Actor Civil” en el marco de este proceso penal.
La causa investiga los hechos sucedidos el 6 de julio de 2022 durante una marcha de reclamo en San Martín por el asesinato de la joven Agostina Trigo cuando se ocasionaron daños en las dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, ubicadas en las calles Arjonilla y 25 de Mayo del departamento del Este.
Trigo tenía 22 años y su cuerpo fue hallado en el galpón de un descampado en San Martín, tres días después de haber salido de su casa para asistir a una entrevista por una propuesta de trabajo como niñera.
El femicidio generó una fuerte conmoción social y familiares y amigos de la víctima se concentraron en el Poder Judicial de San Martín y también marcharon hasta una comisaría del departamento. Durante la protesta, se hubo incidentes entre manifestantes y la Policía y se produjeron destrozos en la dependencia judicial.
Según señala el decreto N.º 175, la cuantificación monetaria de los daños asciende a la suma de $2.962.917,97 y la Justicia lleva adelante una investigación contra los supuestos responsables de los daños a los bienes públicos.
El expediente penal se encuentra en trámite y se ha individualizado a varias personas a las cuales se les ha imputado la presunta comisión de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada; Daño Agravado y Atentado Contra la Autoridad.
En este sentido, el Gobierno provincial consideró procedente que la Provincia como damnificada directa del delito de Daño Agravado sobre bienes públicos provinciales y en procura de la correspondiente indemnización, se constituya en Actor Civil en la causa penal.