Cristina, el kirchnerismo y la proscripción como bandera electoral
Escuchar hablar de proscripción puede sonar fuerte sobre todo para un puñado de la sociedad que fue testigo de una parte oscura de nuestra historia. Esa palabra viene siendo utilizada como bandera por un sector que alimenta la idea de persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner para impedir que pueda postularse a cargos electorales y “eliminarla de la política“.
El próximo 9 de marzo se van a conocer los fundamentos de la condena a 6 años e inhabilitación en la causa Vialidad. Lo cierto que se trata de un fallo que no está firme hasta que la Corte Suprema lo revise. Y para que ello ocurra todavía falta mucho tiempo y además de eso el máximo tribunal del país no tiene plazos. Fue la misma Cristina quien el año pasado, a la hora de criticar a los jueces que lo integran, dijo que habían tardado más de 3 años en resolver planteos de esta causa.
Es que el pasado 6 de diciembre de 2022 a las 17.30 horas los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu que integran el Tribunal Oral Federal 2 se sentaron en la sala de audiencias para leer el veredicto condenatorio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue en el marco del debate oral que duró 3 años y medio. Los magistrados decidieron ese día absolverla del delito de asociación ilícita, por mayoría, ya que uno de los jueces votó por esa opción.
La vicepresidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por el delito de administración fraudulenta, lejos de los 12 años que solicitó la fiscalía al considerarla jefa de una asociación ilícita. Es decir, si la vicepresidenta hoy decidiera postularse para cualquier cargo de cara a las próximas elecciones, nada se lo impide, si decide no hacerlo la que se proscribe es ella misma, porque legalmente no tiene ningún impedimento.
Aquel día de la condena, Cristina dejó muy en claro que para ella peor que una pena a prisión es la de inhabilitación y así lo manifestó cuando habló por redes tras escuchar el veredicto que se leyó en los tribunales de retiro y que se transmitió en vivo.
Allí sostuvo que la condena no son los 6 de cárcel. “La condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos ganamos con el apellido Kirchner. Por esto me inhabilitan y esta es la verdad de la milanesa", aseguró.
Lo que dijo en aquel entonces fue similar a lo que quedó plasmado tras la reunión convocada por el presidente Alberto Fernández el jueves pasado y que firmaron los presentes. “Quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado. No hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular”, indicaron.
El análisis que hacen nada tiene que ver con lo jurídico. Porque el Poder Judicial no compite con la voluntad popular -el voto-. La justicia lo que hace es instruir causas, investigar si se cometió o no un delito y luego juzgarlo en base a pruebas que pueden determinar una condena en caso de encontrar culpable a la persona o absolución si la solución a la que arriban es que no cometió tal delito o existe la duda por lo cual rige el indubio pro reo.
Si vamos al caso fue absuelta de un delito que prevé más pena como el de asociación ilícita que ya dijimos había solicitado la fiscalía y, tras conocer los fundamentos, adelantó que apelará la decisión del Tribunal para que la Cámara Federal de Casación lo revierta. Asimismo cada uno de los condenados recurrirá el fallo y buscará que el máximo tribunal penal lo revoque y dicte absoluciones. Pero ya es harto sabido que hasta que la Corte no imprima su firma nada tendrá firmeza.
Por esa razón es que también desde el Congreso apuran un juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda , a quienes el oficialismo hoy tiene como los enemigos, porque en definitiva serán ellos los que deban analizar la condena contra la vicepresidenta y otras causas como dólar futuro, o las que próximamente seguro se sumarán causas como Hotesur/Los Sauces y Memorándum, que en los próximos días deberán tener respuesta de Casación sobre si reabren o no las causas y las mandan a juicio. Todo terminará en la Corte.
Hablar de proscripción, desprestigiar a la justicia, amenazar con destituir a la Corte por sus sentencias, o pedir ampliarla, a esta altura parece más un intento por convencer a cierta porción de la ciudadanía de que existe el lawfare contra su líder política para que surja el clamor popular para una posible “vuelta”, que podría cuestionarlo porque en realidad ella forma parte de este gobierno actual. No como presidenta cuyo ejercicio ocurrió entre 2007 y 2015 sino como vicepresidenta del hombre que ella misma eligió para que gobierne el país. Y también como método de presión a esa Corte que deberá analizar las causas.
Ya el año pasado y previo a la sentencia escribí una nota donde daba cuenta que luego de un mensaje de Cristina Fernández de Kirchner, desde distintos sectores del kirchnerismo resaltaron que “lo que se busca es la proscripción de Cristina para las elecciones de 2023”
Desde la abogada del Senado, Graciana Peñafort, el senador Oscar Parrilli, el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni y hasta el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, se refirieron de forma coincidente sobre el tema.
El año judicial recién empieza pero el electoral ya comenzó hace rato y la justicia será uno de los pilares en esta voraz pelea de cara a las elecciones.