Fuerte queja de abogados y procuradores de Mendoza por dos proyectos de Javier Milei

Desde la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza expresaron su "enfático rechazo" a los proyectos de de divorcio administrativo y sucesiones notariales, los cuales forman parte de la "ley ómnibus" enviada por el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación. En ese orden, le pidieron a los legisladores mendocinos que "no acompañen".

Lo que ocurre es que, en caso de aprobarse el proyecto de divorcio, este pasaría a ser un trámite exprés. Hasta el momento, según la norma que rige en todo el país, los causales de divorcio establecidos en el artículo 435 eran: muerte de uno de los cónyuges; sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y divorcio declarado judicialmente. Sin embargo, en caso de aprobarse el maga proyecto, bastará con la "comunicación de voluntad de disolver el vínculo presentada por los cónyuges, en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal, la cual tendrá los mismos efectos que el divorcio". En el caso de las sucesiones notariales, estas podrían realizarse ante un juez -como sucede en la actualidad- o bien ante un escribano público. Esta última opción se aplicaría al no haber existencia de testamento o en cuando el causante hubiera otorgado testamento a través de acto público.

El comunicado en repudio a las iniciativas indica: "La Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza, haciéndose eco de lo manifestado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), expresa su enfático rechazo a los proyectos de Divorcio Administrativo y Sucesiones Notariales contenidos en la ley ómnibus ingresada a la Cámara de Diputados en fecha 27/12/2023 (Art. 352 y Anexo IV respectivamente), que implican el traspaso de los procesos sucesorios y divorcios de la órbita judicial a sede administrativa".

"La pretendida desregulación atenta contra la seguridad jurídica y el interés de la ciudadanía, que no es otro que actuar en base a la certeza y legitimación de sus derechos reconocidos por los jueces y juezas, únicos investidos de facultades jurisdiccionales, so pretexto de abaratar costos lo que constituye una verdadera falacia. Advertimos que la sustracción de la materia proyectada que es propia de la abogacía, significa una franca violación de normas constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos. La función judicial no puede ser delegada ni privatizada", añade el escrito.

Y cierra: "Los profesionales del derecho fuimos y seguiremos siendo los únicos capacitados científicamente para dar respuesta a la sociedad tanto de manera preventiva como resolutiva a los conflictos en materia de derecho de familia y derecho sucesorio, no debiendo soslayar el inigualable aporte en dicha tarea como verdaderos garantes de la paz social Argentina. Por ese motivo desde los Colegios de Abogados de la provincia de Mendoza pedimos a los señores legisladores no acompañar el proyecto de ley".