Rodolfo Suarez defendió el acuerdo y la prórroga que le dio a Edemsa

Un grupo de juristas y dirigentes políticos le pidieron a la Suprema Corte que declara inconstitucionales los decretos que le dieron beneficios especiales a la distribuidora eléctrica Edemsa. Se trata de cuestionamientos a dos decretos firmados por el gobernador Rodolfo Suarez: el primero para prolongar el vínculo por 20 años más y que se hagan obras que pagarán los usuarios. El otro, para abrir el contrato y que la compañía pueda realizar tareas que previamente estaban restringidas. El mandatario se hizo eco de lo ocurrido, le bajó el precio a la acusación de "inconstitucionalidad" realizada en su contra debido a los plazos manejados y, a su vez, deslizó en tono confidente que desea que "la Suprema Corte entre sobre el fondo de la cuestión".

"Es una cuestión absolutamente política. En el decreto por el cual nosotros firmamos la concesión -por el que estoy habilitado por ley a hacerlo- teníamos tres escenarios: una deuda reconocida por el Gobierno de (Francisco) Pérez, que el monto era discutible, aunque no había manera de desconocer esa deuda millonaria que tenía la provincia. Segundo, el tiempo. El contrato de concesión decía que se revisaba cada cinco años. La última cayó sobre mi Gobierno y por eso se discute esta cuestión. Tercero, si nosotros llevábamos un proceso de dar de baja a Edemsa y hacer una nueva licitación, íbamos a tener que pagar esto y una eventual demanda ante el CIADI. Aparte, el contrato de la concesión dice que el resultado de la licitación va a la empresa. O sea que la provincia no recibía un peso y la plata iba a la empresa actual de la licitación y teníamos que pagar esta enorme deuda. Pero no solamente lo hicimos en Edemsa. También con la Cooperativa Eléctrica y todas las concesionarias", señaló Suarez en diálogo con MDZ.

El mandatario provincial que dejará su cargo el 9 de diciembre y que continuará su carrera en el Senado de la Nación añadió: "El decreto lo hice en febrero. A estos señores que están buscando un efecto político se les pasó el plazo... La ley dice que son 30 días a partir de sancionado. Esperaron a que sacara un decreto en el cual modifico el estatuto de Edemsa. ¿Y saben para qué? Porque no existía esto cuando salió el contrato. Entonces, hay en Potrerillos la posibilidad de poner paneles solares para darle energía a gente donde es muy difícil llegar con una línea. Esto es la modernidad y hay que ir adaptándose".

Suarez subrayó que "no es ninguna denuncia hacia mí. Está todo en un marco legal, con los dictámenes del fiscal. A mí me gustaría que la Suprema Corte entre sobre el fondo de la cuestión. Hablando como abogado, esto está totalmente fuera de término".

Uno de los planteos de la demanda es que que esto podría resultar en un perjuicio para la provincia, lo cual Suarez descartó al aseverar que "hay beneficios para la provincia porque aparte está el tema de lo que ellos tienen que invertir. Hemos dado tarifas para mejorar el sistema. Cuando colapsan los sistemas, en Mendoza no. Hay denunciadores seriales...".

Los dos decretos

A fines de enero de 2023, el Gobierno hizo oficial una medida trascendente en la gestión. Rodolfo Suarez firmó la prórroga por 20 años más de la concesión del servicio eléctrico a favor de la empresa Edemsa, que es liderada por José Luis Manzano. Esa extensión del contrato se hizo 5 años antes del vencimiento, por lo que esa empresa, bajo el nombre Andina PLC, tendrá a cargo el servicio por 25 años. La decisión es producto de una larga y tensa negociación en la que el Estado estuvo siempre en un lugar incómodo. La empresa tenía a su favor una deuda reconocida por ingresos no percibidos que había crecido exponencialmente. Se trata de ingresos no percibidos por el congelamiento tarifario que hubo en la gestión de Francisco "Paco" Pérez, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó un plan nacional de convergencia tarifaria que redundó en un congelamiento de tarifas, inversión y un descalabro en la prestación de servicios.

Si bien Edemsa renunció a reclamar los más de 140 mil millones de pesos que, según los cálculos, Mendoza le debe, el acuerdo tiene cláusulas beneficiosas para la empresa. En primer lugar, se estira la concesión por dos décadas. Además se redujo el canon de concesión en 4 puntos, bajándolo al mínimo. Allí  hay más de 700 millones de pesos menos que recibirá el Estado. La prórroga tiene un valor de más de 60 mil millones de pesos. Además se habilita a que la firma pueda retirar dividendos siempre.

Otro de los aspectos a tener en consideración en aquel entonces fue que la empresa no debía poner dinero de su bolsillo: se acordó que las obras las pagarán los usuarios con un aumento extra de la tarifa.La intención de dichos trabajos es poder mejorar y expandir el servicio eléctrico. Incluye, por ejemplo, líneas eléctricas para la zona de alta montaña y nuevas estaciones transformadoras para parques industriales y zonas productivas. 

En octubre, hubo otro suceso. Con autorización del Gobierno, Edemsa amplió su razón social para dedicarse a temas que antes tenía restringidos y fuera de la concesión, como ser consultores para otras empresas, realizar obras, desarrollar productos y hasta cruzar la barrera de la distribución para ser generador de energía. Además, eliminaron el Comité Ejecutivo, un nuevo organismo de control que se había creado luego de una auditoría y que entre otras cosas controlaba el vínculo comercial y las deudas que tenía la empresa con Cammesa. 

La demanda

Un grupo de juristas y dirigentes políticos reclamó judicialmente para que se declaren inconstitucionales los dos decretos que favorecen a Edemsa en la concesión del servicio de distribución eléctrica.

Ambas decisiones trascendieron la órbita del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Mendoza deberá definir si fueron legales o no. Dirigentes sociales, políticos y también abogados relevantes de Mendoza presentaron una demanda para que sean declarados inconstitucionales los Decretos de Suarez por los que extendió la concesión de Edemsa y también el que le permite hacer otros negocios. Según ellos, ese acuerdo es perjudicial para los intereses provinciales y, en contrapartida, muy beneficioso para los accionistas de Edemsa y, en el mismo sentido, no se cumplieron las pautas legales para legitimarlas. Entre otras cosas, aseguran que no se realizaron audiencias públicas específicas.

En la demanda presentada por la Fundación Nueva Mendoza y varios juristas, como Arturo Lafalla y Alejandro Pérez Hualde, buscan desmentir las razones esgrimidas por el Gobierno. "El primer vicio de la transacción es que no se ha seguido el procedimiento establecido por la leyes...que exige participación del EPRE, del Poder Ejecutivo, aprobación de la Legislatura Provincial y no se ha llevado a cabo la Audiencia pública, tal como lo exige la doctrina y la jurisprudencia", aseguran.

"Este modo de razonar configura la arbitrariedad por 'falsa causa', pues el agente administrativo expresa o implícitamente disfraza la inexistencia de la causa en el sentido de inexistencia de sustento fáctico del acto; se prescinde de los hechos reales, para fundar la decisión en hechos falsos, o que carecen de relevancia para el caso. En estos supuestos es posible que exista asimismo desviación de poder, lo cual suma otra causal más de invalidez a la conducta de que se trata. Se produce así el fenómeno de repotenciación de los vicios".

"Desgraciadamente, la mentira en los actos públicos ha tenido gran desarrollo entre nosotros, a veces bajo la apariencia de engañosas estadísticas, de modo que tan acostumbrados estamos a ellas que pueden llegar a no sorprendernos en un caso concreto y no advertir que no es sólo una mentira política más, sino una concreta ilegitimidad del acto administrativo o judicial", suma el escrito.

La demanda está firmada por Nuestra Mendoza, el exgobernador Arturo Lafalla, el exministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde, el dirigente de la Coalición Cívica Gustavo Gutiérrez y tiene como respaldo político a varios referentes de la sociedad civil.