El enigma detrás de la millonaria defensa de un juez sin sueldo y embargado

Pasajes aéreos, alojamiento, honorarios y una consultora especializada en comunicación. Es imposible determinar el importe, pero no hay dudas de que la defensa de Walter Bento cuesta millones de pesos. El abogado Mariano Fragueiro Frías, exdefensor de Carlos Zannini en la causa del Memorándum con Irán, ha montado una usina mediática con el objetivo de torcer la opinión pública en favor del juez, que está acusado de cobrar coimas en el Juzgado Federal N°1 y que podría ser destituido antes del 27 de noviembre. Pero Bento y su familia hoy no tienen ingresos laborales porque fueron desvinculados o suspendidos a raíz del juicio.

Fragueiro Frías se hizo cargo de la defensa de Bento luego de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona. Ambos letrados son considerados de los mejores pagos del país, con honorarios cotizados en dólares. Desde que asumió como abogado defensor -junto a Federico Casal, Gustavo Gazali y Felipe Salvarezza-  Fragueiro Frías inició un operativo mediático para lavar la imagen de Bento. Para ello contrataron los servicios de Fernando Rodeles, especialista en consultoría estratégica y comunicación.

Rodeles, que supo ser parte de la Fundación Pensar del PRO, ha estado a cargo de la coordinación de la estrategia comunicativa que incluyó la contratación de periodistas. A algunos se los contrató para escribir gacetillas que envían periódicamente a los medios de comunicación de todo el país. A otros se les ofreció dinero a cambio de hacer un seguimiento del juicio y contar "objetivamente" las novedades que surgían.

En ese sentido, las redes que tendió en los medios la defensa de Bento no distingue colores políticos y salta la grieta. El abogado que defendió a la mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner en la causa del memorándum fue entrevistado esta semana por el periodista de C5N, Pablo Duggan, y reforzó su posición respecto a que Bento es víctima de una persecución para apartarlo del juzgado electoral.

Días antes, el periodista de La Nación+, Eduardo Feinmann, también dio a entender que el juicio político estaba dando un giro "brutal" a favor del juez Walter Bento. Feinmann, que en mayo había celebrado la decisión del Consejo de la Magistratura de enviar a juicio político al juez sospechado de corrupción, afirmó ahora que la acusación era floja y fundada en imputados que supuestamente fueron torturados por orden del fiscal Vega. Esa hipótesis fue descartada de lleno por el Tribunal Oral Federal esta semana afirmando que no hay ninguna constancia de su existencia. 

El paquete mediático incluye también intensa actividad en las redes sociales a través de perfiles que se encargan de replicar todas las noticias que están alineadas con la estrategia defensiva de Bento. Pero también se utilizan para compartir contenidos que atacan directamente a periodistas y medios que difunden detalles del juicio que reflejan contradicciones y omisiones en lo que declaran los imputados.

Lo llamativo es que Bento no cobra su salario de magistrado desde el mes de mayo y sus bienes están embargados. La pregunta es cómo hace el magistrado para solventar la "pyme" que ha montado para sostener su defensa. Sobre todo si se tiene en cuenta que los abogados, según declaran los propios imputados en la causa en la que lo investigan, cobran honorarios en dólares.  Por ejemplo Francisco Álvarez, imputado como integrante de la banda delictiva, confirmó que en uno de los cohechos que se investigan cobraron honorarios por 150 mil dólares. Por trayectoria, los honorarios de Cúneo Libarona y Fragueiro Frías superarían ampliamente esa cifra. 

La suerte de Bento se definirá antes del 27 de noviembre, fecha límite que tiene el Jury de Enjuiciamiento para resolver si hay o no elementos suficientes para avanzar con la destitución del magistrado. Si eso ocurre, Bento perdería los fueros y quedaría detenido.

El tribunal del juicio político lo integran siete miembros. Se trata de Javier Leal de Ibarra (juez), Daniel Bensusán (senador Frente de Todos), Javier De la Fuente (juez), José Torello (senador del PRO), Anahí Costa (diputada del Frente de Todos), Ana Romero (diputada del PRO) y Alfredo Barrau (abogado). Para que Bento sea destituido al menos cinco de los siete integrantes deben votar en ese sentido.

Para pedir la remoción de Bento, los acusadores del Consejo de la Magistratura no solo se concentran en los procesamientos penales que pesan sobre la espalda del juez sino también en conductas impropias para un funcionario judicial. Bento ha pasado 96 días en Las Vegas en los últimos años, se negó a cumplir órdenes judiciales como entregar su teléfono y pasaporte cuando le fueron requeridos, omitió declarar euros en su declaración jurada, pidió un crédito Procrear para vivienda única pese a tener inmuebles a su nombre, obstruyó la investigación federal que lo tenía como imputado dejando un cartel contra el juez instructor dentro de su caja de seguridad vacía.

También se desprendió de un inmueble luego de conocer que se habían requerido informes de su patrimonio y no declaró ante la escribana de esa operación ser persona políticamente expuesta. También piden la destitución por no haberse inhibido de resolver en una causa de evasión que involucraba a un amigo al que le dictó la falta de merito.Por último, le endilgan haberse anotado a un concurso para vocal de la Cámara de Casación Penal pese a que estaba imposibilitado a hacerlo porque existía un procesamiento en su contra.

Por todo ello, los consejeros Miguel Piedecasas, Roxana Reyes y Eduardo Vischi solicitan que se destituya al juez entendiendo que ha mantenido una conducta impropia para un magistrado. Paralelamente, el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza lo juzga por asociación ilícita, cohecho, prevaricato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros delitos.