Crece la presión por los juicios contra Walter Bento, mientras aparecen más pruebas de su vínculo con imputados por delitos federales
¿A quién le comprarías un auto usado? La pregunta se usa como metáfora llana para evaluar la confianza que puede haber en una y otra persona. El suspendido juez federal Walter Bento y el asesinado agente aduanero relacionado con el contrabando Diego Aliaga tenían ese tipo de vínculo: Aliaga usaba la camioneta de Bento como si fuera propia y el juez le confiaba el rodado para venderlo, así como se prestaban bienes hogareños, pues eran buenos vecinos del barrio Palmares. Así quedó demostrado en el juicio penal y en el juicio político que puede llevarlo a la destitución y la cárcel. El juez explicó de manera coloquial y con contradicciones el por qué del préstamo de su rodado a una persona que había sido juzgada por él mismo y que se transformó en una pieza clave de las acusaciones en su contra. Bento había dicho primero que Aliaga le quiso comprar su camioneta y se la prestó para "probarla". Luego dijo que Aliaga se ofreció como "gestor" de la venta. Más allá del cambio de versiones, el juez le prestó su rodado y hasta el hijo de Aliaga la usó como propia.
Como juez federal Walter Bento era un hombre duro: su despacho era un búnker de difícil acceso, solía rodear de solemnidad y distancia las relaciones públicas. En privado, en su inaccesible intimidad era distinto: le prestaba su camioneta y utensilios de cocina a Diego Aliaga, volaba en aviones privados y aceptaba favores de empresarios que luego serían objeto de causas en los juzgados.
Es lo que ocurrió, por ejemplo, con Rafael Garfunkel. El empresario del juego fue quien pagó el vuelo privado del que Bento y Marta Boiza eran pasajeros VIP y quien los recibió en el hotel Conrad de Punta del Este (Uruguay) para que escuchen el recital privado de Luis Miguel. Garfunkel era dueño del Hotel Intercontinental y el Casino Cóndor en Mendoza a través de la empresa KLP y el juzgado federal 1 de Bento el que recibía las denuncias en su contra. Esa empresa tuvo diversos conflictos, sobre todo por no pagar impuestos.
Garfunkel dejó de pagar los aportes de la seguridad social en los períodos fiscales de agosto de 2011; junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012; y mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del año 2013. Para esa fecha la deuda con la AFIP era de $6.225.532,71. La AFIP lo denunció penalmente y le pidió al juzgado Federal 1 que impute por retención indebida de fondos a todos los responsables y, en particular, a la sociedad KLP.
Bento no se apartó y denegó el pedido de la AFIP. Primero, imputó a Garfunkel, pero sin prisión preventiva, accediendo a la interpretación más laxa de los códigos (la pena por retener ese dinero descontado a los empleados es de hasta 6 años de cárcel). Pero también obvió acusar a la empresa KLP.
La Cámara Federal de Mendoza anuló el fallo de primera instancia y esa decisión quedó como paradigma en casos de retención indebida de recursos. Los actores de esa causa eran viejos conocidos, pues como contó MDZ, ya habían sido parte del encuentro VIP en el Hotel Casino de Punta del Este que era regenteado por los mismos empresarios que tenían el negocio en Mendoza. A pesar de lo que dice el reglamento interno de Tribunales y la ley de Ética Pública, Bento aceptó ese favor del empresario que luego sería sujeto de causa judiciales.
Bento está suspendido como juez federal y tendrá un fin de año complejo. Se cruzaron los dos procesos que tiene en su contra y uno está relacionado con el otro. En la justicia penal está acusado de ser el líder de una asociación ilícita dedicada a otorgar favores procesales en la justicia federal a cambio de coimas, además de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pero también es sujeto de un juicio político por mal desempeño, proceso que podría terminar con su destitución antes de finales de noviembre. Si eso ocurre, Bento quedaría detenido porque perdería el privilegio de los fueros.
Operaciones y presiones
La situación se vuelve aguda, pues son tiempos de definiciones. Y trascienden los límites de Mendoza. En las últimas semanas, por ejemplo, el debate comenzó a jugarse también en la escena pública con campañas que apuntan a exagerar los argumentos en contra de los acusadores, con actores relevantes del mundo de la comunicación que hasta ahora eran ajenos al tema. En esas campañas no se debaten pruebas y hechos, como si en los dos juicios, sino que apuntan a tomar temas laterales e irrelevantes para la causa. “Se ensucia la cancha. Jugados por jugados, no hay límites”, explican. Por eso el tema gana minutos en programas políticos gestados en la Ciudad de Buenos Aires, aún fuera de contexto, y también en redes sociales y otros medios. El acusado tiene nuevo defensor y también una estrategia comunicacional aceitada.
El principal objetivo es el fiscal Dante Vega, quien instruyó la causa en primera instancia y también es parte de la acusación en el juicio oral. Más allá de los pedidos que pudo hacer el fiscal como acusador en la instrucción, hay una larga cadena de decisores que determinaron que Bento debía ser procesado, encarcelado y llevado a juicio. Es lo que decidió un juez federal de primera instancia, también la Cámara Federal, Casación y, antes, otros representantes del Ministerio Público Fiscal.
Para destituir al juez 5 de los 7 integrantes del tribunal político deben votar a favor. A pesar de las suspicacias y los rumores, creen que hay pruebas sobradas del mal desempeño de Bento. En el Pro, por ejemplo, se animan a ratificar ese camino, con la anuencia del propio Mauricio Macri, quien ratifica en privado que “un juez como Bento no puede ser parte” del sistema institucional argentino. Hay allí un actor clave: José Torello. El senador nacional juega un papel clave. Bento tiene el madrinazgo de María Servini, una de las juezas más influyentes de Argentina, que sabe hacer pesar sus relaciones y también apalancarse en las causas que ella tiene. Por eso habían surgido especulaciones sobre las presiones que había desde el juzgado federal 1 de Buenos Aires para influir sobre el juicio político. Nuevamente la respuesta desde la política fue la misma: “no hay vuelta atrás”.
La acusación en el juicio político está liderada por Miguel Piedecasas, Eduardo Vischi y Roxana Reyes. El tribunal lo integran los jueces Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra ; los senadores Daniel Bensusán y José Torello , las diputadas Anahí Costa y Ana Romero (del PRO), y el abogado Alfredo Barrau.
Bento comenzó su defensa ante el tribunal de enjuiciamiento asegurando que la razón de lo que considera una campaña en su contra es que “quieren apoderarse” del juzgado que lo tenía como jefe por la competencia electoral. El Juzgado Federal 1 de Mendoza tiene superpoderes y entre ellos es el que tiene a cargo el control de los partidos políticos y las elecciones. Pero no es lo más importante.
Ese juzgado tiene a cargo todas las causas por contrabando, divisas, narcotráfico y delitos federales. Mendoza tiene la frontera terrestre más importante del continente, comparado en el volumen de dinero y mercaderías transadas con el Canal de Panamá. El vínculo comercial entre el Atlántico y el Pacífico pasa por el Cristo Redentor; el vínculo legal y también el ilegal. Bento tuvo el control de las causas por contrabando desde el año 2005. La mayoría de las sospechas por cohecho tienen que ver con ese delito. Por ser zona limítrofe Mendoza también es permeable a otro tipo de hechos vinculados al crimen organizado, como la trata de personas y el narcotráfico.