No habrá agua y la clave es la gestión: el sabido consejo que ahora alerta el futuro de Mendoza

Luego de un viaje a Israel realizado por el gobernador Rodolfo Suarez y un enviado de la empresa de aguas de ese país daba su primer veredicto sobre la realidad hídrica local. Palabras más, palabras menos; Diego Berger dijo que “hay que cuidar el agua”. Revolucionaria frase, aún a pesar de que en Mendoza hay toneladas de estudios que indican el mismo camino. El efecto del experto fue similar al de una persona que va al psicólogo y que escucha casi lo mismo que le decían sus amigos y del que surge una humorada entre los profesionales de la salud mental: la diferencia entre el consejo de un amigo y un psicólogo es la tarifa. Pero en los consejos preliminares Berger marcó otros ejes que incomodan: hay que mejorar la gestión, cuidar ese recurso al extremo y saber que hay una consigna política que tiene su correlato real y tangible: el agua vale mucho más cara de lo que se cree. 

Mendoza ya supera la década de sequía extrema y no hay nada que indique que la situación va a mejorar. El experto israelí lo dijo bien: no hay forma de generar más agua; la clave está en saber administrar la disponibilidad. El “ajuste” no es en la oferta, sino en la demanda y el consumo, y algo que en Mendoza parece extraño: evitar el despilfarro y también las desigualdades enormes en el acceso a ese recurso. Es lo que ocurre con el agua para consumo humano, donde hay barrios nuevos que sí han tenido privilegios para tener cupos de agua potable, y asentamientos con menos influencia que no tienen ese recurso ni en cantidad, ni en calidad. También ocurre en el sistema productivo, sobre todo con el acceso privilegiado y extraordinario al agua subterránea; tema que la Suprema Corte de Justicia tiene entre sus manos y teme resolver.

De manera circunstancial el continente se asoma a sufrir las consecuencias climáticas de la “tercera niña” que puede producir sequías extremas. A nivel profundo, el cambio climático hará que en el largo plazo haya menos nieve, menos agua en los ríos (y probablemente lluvias intensas en períodos especiales). Humanamente y a escala regional, lo que puede hacer Mendoza es adaptarse a esa realidad; poner a la gestión de los recursos naturales como eje de todas las políticas, la inversión y los proyectos de infraestructura.

Si los diagnósticos están y el enfoque parece claro, entonces puede que la falla esté en otra de las claves que mencionan en Israel, pero también en los tomeros de Lavalle, los productores del Valle de Uco, los industriales de Rodríguez Peña y los vecinos del Gran Mendoza. La situación genera tensión entre quienes demandan ese bien. La disputa no siempre se resuelve de manera justa y con criterios que respondan a la necesidad del bien común.

Al problema de la escasez y el derroche se le suma la gestión. Justamente un tema donde Mendoza fue pionera, pero ahora parece atrasada. Por eso ya se escuchan sugerencias para modernizar el modelo de gestión del agua, sin perder la esencia democrática que tiene, al menos en la formalidad. Irrigación tiene su propia institucionalidad; una burocracia poco visible públicamente para la relevancia que tiene. El Gobernador de Mendoza no se puede reelegir, pero el del Agua sí lo hizo (Sergio Marinelli Cumplirá una década en el cargo). Pero además, en el Consejo (la "legislatura" y "tribunales" del agua) hay reelecciones, cambios políticos y decisiones que se repiten. 

Gestión

Como ya se dijo, Mendoza se topó con un paradójico problema: tener mucho dinero sin saber cómo invertirlo. Parece claro que el camino no solo legal, sino estratégico para derivar los 1.023 millones de dólares disponibles por el resarcimiento de la Nación a la Provincia debe ser la inversión para mejorar el acceso al agua y garantizar recursos para la producción. Inversión; es la clave.

El panorama es complejo. El Centro de Ingenieros de Mendoza, donde hay técnicos de todo tipo de origen, resumió en pocos párrafos la realidad hídrica de las cuencas de Mendoza; es parte del punto de partida para cualquier idea. Todos los ríos tienen menos agua, pero la infraestructura para adaptarse es distinta. En el río Mendoza hay 150.000 hectáreas empadronadas y 1,3 millones de personas a abastecer. El 60 % del Producto Bruto Geográfico de la provincia está en la zona. El río pasó de tener un volumen medio de 49 metros cúbicos por segundo a 40 m3. Solo tiene al dique Potrerillos como regulador, embalse que está en un estrés enorme: se ha sedimentado por falta de otras obras y tiene una exigencia de regulación mayor a su potencial (es un dique chico que almacena agua de una estación a otra).

El Río Tunuyán también tiene una sola represa y de él dependen 143.000 hectáreas empadronadas y  415.000. El caudal medio anual se redujo de 30 m3 a 24 m3.  El Rio Diamante abastece a  81.000 hectáreas, a 220.000 personas su caudal se redujo de 34 m3 a 27 m3. A diferencia de los ríos del oasis norte, centro y este, en el Sur hay más regulación. El Diamante tiene tres presas: Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre (a cargo de la empresa Pampa Energía). ”  Cabe destacar que en los últimos años no ha sido factible llenar estas presas en forma simultánea dada la baja de caudales”, agregan los especialistas. El Río Atuel abastece a 110.000 hectáreas y 55.000 personas. Su caudal se redujo de 35 m3 a 28 m3. Es, desde lo político, el río más complejo por los litigios con La Pampa. También está regulado con las represas El Nihuil, Aisol, Tierras Blancas y Valle Grande (también a cargo de Pampa Energía a través de HINISA). Los ríos Malargüe y especialmente el Grande están subaprovechados. El Grande no tiene cultivos bajo riego, solo hay usos industriales y se otorgó derechos a la mina Potasio Río Colorado.

El Gobierno anunció que avanzará con la represa El Baqueano, sobre uno de los ríos más regulados de la provincia (el Diamante). La polémica apunta a que de los usos múltiples que tienen los diques, ese apuntaría solo a la generación de energía, pues no agregará un volumen significativo de agua al “ahorro”. Quedarían afuera del plan ríos estresados como el Mendoza y el Tunuyán, y subexplotados como el Grande. Para Suarez no es sencillo porque por más necesidad que tenga el oasis norte, la provincia es mucho más amplia y la decisión estratégica: no solo deberá responder a la urgencia, sino a la planificación a futuro; responder la compleja pregunta sobre cómo y hacia dónde puede crecer Mendoza de manera sustentable y equilibrada. La duda es si en el Gobierno plantearon ese tópico y si lo respondieron a conciencia.

El Baqueano, como adelantó MDZ, no tiene aún las respuestas sobre su conveniencia estratégica. La regulación del río Mendoza está planificada desde la década de 1920, cuando se planteó un sistema de represas que quedó inconcluso. Los estudios previos, que están también realizados de manera parcial, no pudieron resolver el problema logístico de mudar la ruta 7. En el Río Tunuyán, el dique Los Blancos también está “verde”, aún a pesar del lobby de los nuevos dueños de la empresa brasileña que había postulado para hacerlo.

Regular los ríos para almacenar y administrar como grandes cajas de ahorro el agua es uno de los planes de adaptación. Pero “aguas abajo” es más complejo y urgente. Si se calcula el agua perdida por tener sistemas viejos de transporte (canales), malos sistemas de distribución intrafinca (riego a manto), pésimas instalaciones de distribución para consumo humano (cañerías de hace un siglo) y una cultura cómplice con el derroche; pues Mendoza tiene “varios diques” para llenar con la eficiencia en la gestión del agua.