Agua y negocios: la causa de más de USD500 millones sobre la que debe decidir la Corte

Campos incultos, pero con vista a la cordillera y con un potencial enorme, salvo por un problema: no tenían agua. Sin ese recurso, esas tierras, ubicadas en el sur de Luján de Cuyo, tenían un precio testimonial. Pues hubo un cambio radical: a través de un hábil proceso para asociarse, un grupo de inversores consiguió que el Departamento General de Irrigación les otorgara derecho para hacer 19 pozos de agua pasando por alto la prohibición que regía en la zona y, además, obviando que antes había 84 pedidos similares de otros productores que habían sido denegados. El tema terminó en un escándalo que derivó en la renuncia de Eduardo Frigerio, quien era titular de Irrigación, pero tuvo otra repercusión inmediata. Con agua, los terrenos que se vendían a un precio casi vil, pasaron a tener un valor de 100 mil dólares la hectárea (sin mejoras). Las empresas que consiguieron los pozos son Bulnes, Santa María de los Andes, Santacroce, Vignes des Andes, Aymuray, Viñas Alto Agrelo, Altos de Agrelo yCerezas Argentinas.

Luego del escándalo, Irrigación revocó los permisos precarios y ordenó el cegado de los pozos; pero ya era tarde porque se había montado una infraestructura enorme. Eso desencadenó uno de los conflictos más densos de la provincia, donde entraron en tensión el control sobre el agua, los inversionistas y hasta la autoridad de Irrigación sobre esos recursos. Ahora la Suprema Corte de Mendoza entró en la recta final para tomar una de las decisiones más incómodas que tiene entre sus manos: si desautoriza o no al Departamento General de Irrigación por haber ordenado cegar pozos y caducar concesiones de agua que se habían considerado irregulares en una zona de alto valor inmobiliario y productivo. En el trasfondo de esa decisión está la "guerra" por el agua, intereses cruzados y hasta disputas políticas.

Las empresas involucradas son las que reclamaron ante la Corte cuando se ordenó el cegado de los pozos y, como ya ha ocurrido con estos temas, la decisión se demoró. La causa va camino a cumplir la década. El problema es que ya hay un uso de hecho del agua, inversiones plantadas, hoteles y vinos que se promocionan. Es más; Irrigación le dio más pozos de agua a las empresas con las que tiene conflicto en la misma zona.  Gran parte de eso ocurrió "de hecho". Por eso la Corte "administra" la tensión entre la normativa, el valor ambiental y económico del agua (mucho más en tiempos de sequía) y las inversiones ya realizadas. 

La causa será definida por todos los ministros e incomoda por los actores en juego. Incluso, como ocurrió con la ley 7722, en el Gobierno hay funcionarios que técnicamente deben defender la decisión de Irrigación (de cegar los pozos) pero personalmente opinan lo contrario. Los empresarios que reclaman aseguran que hay millones de pesos y decenas de puestos de trabajo en juego. En esos emprendimientos hay viñas, bodegas de lujo  El problema de fondo es el uso del agua y quién tiene la potestad para administrarla. 

Esa tensión se nota, incluso, en los dictámenes previos a la sentencia. El Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, no "determina" ninguna posición. Solo describe los hechos y le pide a los jueces de la corte que tengan en cuenta todos los factores; aún luego de reconocer que hubo irregularidades de origen en el tema. 

El agua vale más que el oro

La margen derecha del Río Mendoza era una zona de restricción por los problemas que había en el equilibrio hídrico. En la década de los 90 los productores lo habían pedido y hubo informes del INA que advertían sobre los problemas que podría generar si se seguían habilitando pozos. Finalmente se determinó la restricción para otorgar permisos de agua. 

Las transacciones inmobiliarias no se frenaron, pero las ecuaciones económicas cambiaron con decisiones políticas. En esa zona, que incluye Agrelo, Perdriel y Ugarteche, había al menos 84 perdidos para acceder a agua subterránea. Todos denegados. Un grupo de empresas que tenían proyectos de desarrollo productivo y turístico hallaron una veta "a sugerencia" de conocedores del tema: armar una entidad intermedia para pedir el agua. Pues lo hicieron y formaron la Cámara de Comercio, Vitivinicultura, Turismo y Producción Alto Agrelo. Esa vía fue la que legalmente le permitió justificar por qué se adelantaban en la fila de pedidos: la ley le da prioridad a las entidades, por sobre los particulares. Claro, la entidad nucleaba empresas que luego se desarrollaron independientemente. Antes, Eduardo Frigerio hizo una curiosa y rápida interpretación del estatus ambiental: los informes técnicos hablaban de una situación muy delicada y que solo se podría aumentar en no más del 5% el bombeo de agua subterránea. Pues ese 5% más pasó a tener un valor enorme; un valor político y de mercado. La decisión de "a quién darle" esos permisos es lo que hizo florecer la polémica: Frigerio y el Gobierno se lo dieron a la nueva "asociación" que nucleaba empresas desarrolladoras. 

El propio DGI había advertido la implicancia económica que tendría: en los informes técnicos se menciona que con solo otorgar derecho de agua las tierras pasaban a tener un valor enorme. En ese informe interno al que accedió MDZ se menciona el aumento de la presión inmobiliaria sobra la zona. Hubo compras y ventas de terrenos incultos, y aumentó la presión para acceder a agua. Cono se dice en la jerga ambiental: el agua vale más que el oro. En este caso, no es una frase retorica. Según mencionan los especialistas, con solo el derecho a tener agua las tierras se revalorizaron a un piso de 100 mil dólares la hectárea. "El crecimiento de la demanda por tierras ubicadas en la zona de Alto Agrelo y Agrelo, ha llevado a que propiedades abandonadas (estaban en situación improductiva) o propiedades que nunca tuvieron cultivos, se vendieran a valores que rondaban los U$D 100.000 la hectárea con la disponibilidad del recurso hídrico, aun sin contar con distribución de agua superficial ni pozo para la extracción de agua", menciona el informa. Incluso ese valor era con la "promesa" de tener pozos a través del traslado de derechos. Con una concesión precaria como consiguieron, el valor es aún mayor. 

Según los proyectos presentados en ese momento, se buscaba irrigar un total de "" Es decir, el agua le dió un valor de piso de más de 100 millones de dólares a esas tierras. En uno de los protocolos de compra venta previos a la concesión de agua se habían vendido más de 400 hectáreas a menos de 2 millones de dólares. 

Los proyectos originales presentados por los integrantes de las cámaras eran para desarrollar 6393 hectáreas en base al agua pedida. Esas tierras no tenían derecho a riego cuando se adquirieron. Con agua valen no menos de 639.300.000 dólares. Habían pedido un total de 27 pozos de agua; pero se otorgaron 19 porque es el tope que permitía el agua disponible. 

El escándalo explotó, pero no hubo investigación penal profunda para ver si hubo algunas motivaciones extra legales para darle preferencia a esas empresas de parte de Irrigación y saltar las normativas vigentes. Frigerio renunció como superintendente de Irrigación para evitar ser destituido. Hubo cambio de Gobierno y en el DGI. Allí se ordenó revocar los permisos, cegar los pozos y extender las restricciones. Las empresas demandaron a Irrigación para revertir esas resoluciones, pero no se frenó el uso del agua. Ahora toda la Corte debe decidir. 

En los alegatos las empresas, principalmente Santa María de los Andes, hacen hincapié en las inversiones, el trabajo y la producción. Antes, los ministros de la Corte visitaron la zona y ahora deberán decidir, pues la causa solo espera la sentencia.