La oferta salarial que apura el Gobierno para descomprimir los paros

El Gobierno de Rodolfo Suarez está muy preocupado por las protestas de los estatales, fundamentalmente por el histórico paro docente que se lleva adelante hoy y mañana, en casi todas las escuelas de la provincia, tanto públicas como de gestión privada. Por eso esta semana presentará una nueva oferta salarial que intentará sirva para “paliar la inflación”- con una posible suba del bono mensual que reciben algunos sectores- y apunta a que tenga el visto bueno de los gremios antes de bajarlo a las bases, especialmente del SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) porque busca garantizar que haya clases.

La foto de la marcha de hoy de los estatales por las calles céntricas inquieta al Gobierno la posibilidad de que sea masivo y aunque lo intentó, no pudo frenar ni descomprimir el paro docente y del personal de la salud. A contrarreloj trabajan en una propuesta superadora a la presentada la semana pasada cuando se abrió la discusión paritaria, es decir, mayor a la suba salarial extra del 12% que se sumaría al 40% acordado en marzo y el compromiso de reabrir la discusión salarial en noviembre. Esa oferta fue rechazada por los sindicatos estatales.

La nueva propuesta salarial sería igual en porcentaje para todos los sectores estatales, pero atendiendo a sus particularidades. Pero, sin duda, la gestión de Suarez apuesta intentar quitar ese mote de que “los docentes mendocinos son los peores pagos del país”, por lo tanto, hay mucho interés por cerrar un buen acuerdo con el SUTE, cuya paritaria repercute directamente a SADOP, que representa a los docentes de las escuelas privadas, que luego de muchos años, se han sumado al paro y a la marcha. El paro docente de 48 horas que se está llevando a cabo a pesar de perder el ítem aula (que está atado a la asistencia y representa un porcentaje significativo del salario) y de la amenaza oficial del descuento salarial de los días no trabajados es muy significativo de la conflictividad existente.

Una posibilidad que se habló en los últimos días en la Casa de Gobierno es llevar un aumento al bono que hoy es de 7.200 pesos y que es remunerativo. En el caso de la docencia, es proporcional por horas y cargo. El Gobierno apuntaría a elevarlo mensualmente a 12.000 pesos, para recuperar lo perdido hasta acá por la galopante inflación.

A esa oferta, se le agregaría la suba extra del 12% que los paritarios oficiales propusieron la semana anterior y también podría negociar una nueva reapertura en octubre, y no en noviembre como lo ofrecido hace unos días.

En el caso de la docencia, si la propuesta que se lleva a la mesa paritaria es finalmente similar a ésta, impactaría más en quienes menos ganan porque no iría al básico. De esta manera, achataría la pirámide que existe entre las docentes según su antigüedad o jerarquía.

Uno de los grandes objetivos del Gobierno es que los representantes sindicales estén de acuerdo con esta oferta antes de discutirla con las bases. En el caso del SUTE, luego de los paros, debe sentarse en paritaria para recibir la propuesta.

Despúes de esta negociación, deberá convocar a los plenarios departamentales y al provincial con el nuevo ofrecimiento. Si al sindicato lo convence, es más factible que la propuesta sea aprobada que si va directamente con un mandato de rechazo para bajarlo a las escuelas.

ATE, quien representa a los no profesionales de la salud, la Administración Central y muchas otras reparticiones estatales, viene pidiendo un aumento de emergencia de 40.000 pesos y como medida de protesta, además del paro y la concentración de hoy, lleva semanas de huelga, es decir de medidas de acción directa como cortes de rutas, asambleas diarias (que han resentido drásticamente la atención de las oficinas de los registros civiles) y concentraciones.

En los últimos años, tanto el gobierno de Rodolfo Suarez como el de Alfredo Cornejo (2015-2019) tuvo un buen diálogo con ese gremio de masiva representatividad, incluso cerrando acuerdos por paritarias cuando otros gremios no lo hicieron, pero en esta oportunidad hay mucha tensión entre las partes.

El pedido de los 40.000 pesos de emergencia al Gobierno le parece “inalcanzable” y a eso se suma las asambleas que ha impulsado el sindicato y que han resentido la atención en muchas reparticiones del Estado, complicando turnos.