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De los hechos y los dichos en una crisis política terminal

La locura en torno a la depreciación del peso argentino marca la agenda diaria. Si bien las pantallas de televisión ya no se encienden en llamas con estas tribulaciones, el clima real sí es incendiario.
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Estamos ante un gobierno que hecha nafta al fuego mientras que sus espadas mediáticas militantes se sorprenden con lo obvio. Así sucedió con el video que publicado en redes que dio pábulo a los dichos de la senadora Juliana Di Tulio pidiendo la confiscación de los granos almacenados en silo bolsas, que tanto el kirchnerismo como otras fuerzas afines ven como «propiedad de la Patria». El impactante video que descrubrió el colega militante no era acumulación anti patria de soja sino girasol, propiedad de una firma que trabaja asociada con productores para fabricar aceite de girasol alto oleico.

Obvio, ni una disculpa. Es cierto que el colega sí hizo su trabajo: habló con la firma y aclaró el punto. Miles quedarán en la historia anti patria que fogoneó Di Tullio quien, para completar el set del patriotismo kirchnerista, pidió que haya un policía federal en la puerta de cada “cueva”.

Otra burrada sin precio. Ya nada es como era en la década de 1980, o 1990. Hoy las transacciones se cierran por WhatsApp y el dinero va por delivery la más de las veces, rutinas de seguridad que el sector de las finanzas informales emplea hace tiempo.

En todo este escenario, hay algo que es preocupante: la permanente incitación a la violencia. Violencia del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Incitaciones de parte de idiotas con algún, algunos o miles de seguidores, da igual. Agustín Laje, muy conocido en el universo de la derecha verbalmente extrema en Argentina se preguntaba en Twitter por qué la gente no sale a la calle a cambiar las cosas. No es el único: el reconocido Baby Echecopar se preguntaba qué haría la sociedad si Alberto Fernández indultara a Cristina en caso de que fuera condenada por la causa “Vialidad”. Y Oberdan Rocamora —Jorge Asís en el mundo real— pedía, con su tono docto, una ley que impida que los ex presidentes sean puestos a derecho.

Todas estas apreciaciones y otras generan oleadas de ira, desconcierto y temor innecesario y absurdo siendo que nadie por en duda que quien unió las partes para el “gran golpe político” de Cristina fue, desde el papado, Jorge Bergoglio: el aporte del Vaticano fue la peregrina idea de que Alberto Fernández iba a manejar la Justicia y obtendría la absolución de la ex presidenta por sus trapicheos en el ámbito judicial.

Como queda claro, nada de eso ha ocurrido. De las palabras de Laje —quien no vive en el país— diré: afortunadamente, los argentinos no vamos a salir a la calle como los chilenos, colombianos o ecuatorianos, de nuestra propia experiencia aprendimos que ese no es el camino. De lo dicho por Echecopar, digo: para que Alberto Fernández pueda dictar un perdón presidencial, es necesario primero que haya una condena firme. Cuando eso ocurra, ni Alberto ni Cristina estarán en el poder. Y en cuanto a los dichos de Asis: no puede haber una ley especial porque nuestra maravillosa constitución liberal no lo admite en su texto, en donde prima el orden legal del país.

Hace falta sentido común, aunque mi sabio padre solía decir que éste es el menos común de los sentidos.