Segmentación: el kirchnerismo se desentiende y delega toda la responsabilidad en Batakis

El kirchnerismo habitante en la secretaría de Energía que comandan Darío Martínez y Federico Basualdo le dio, ahora aparentemente sí, vía libre al albertismo para que avance de una vez en la segmentación de tarifas de luz y gas, con los criterios ya determinados.

Esto es, con el esquema que ideó Martín Guzmán hace algo más de un mes, y que hasta el viernes anterior la eyección del ex ministro de Economía, era combatido abiertamente por esa repartición. La orden llegada del Senado es explícitamente ponerse a las ordenes de Silvina Batakis y su equipo. Y colaborar en todo lo que desde el Palacio de Hacienda requiera desde esa repartición.

Sólo hay una aclaración: la gente de Energía, toda, nada tendrá que ver con el éxito o fracaso de la segmentación. Más teniendo en cuenta que el esquema general que se tomará como válido para definir el 10% de los clientes de luz y gas que quedarán sin subsidios, será el de ingresos y bienes que posea el consumidor; y no como recomendaba el kirchnerismo, un criterio basado en la zona geográfica donde habite la persona, sin tener en cuenta su nivel socioeconómico real.

La posición de la secretaría es ahora clara y simple. Y no deja grises. Se basa en los siguientes criterios puntualizados en las últimas horas:

• El Presidente pidió avanzar con la segmentación planteada por el ministro saliente.
• Por tal motivo, la subsecretaria de energía eléctrica está a disposición de las necesidades de las nuevas autoridades del ministerio.

Con esto se pone en práctica una realidad política concreta. Aparentemente la alianza (o tregua) entre el Presidente y la Vicepresidenta estaría funcionando, y la liberación de la segmentación con los criterios de ingresos y no geográficos, sería la primera demostración de la nueva relación entre los dos máximos referentes de la coalición gobernante.

Se reconoce además desde la Secretaría que por un dictamen judicial que respaldaba la posición de Guzmán, que ahora defiende Batakis. La Subsecretaría que maneja Basualdo quedó afuera de la segmentación antes de las últimas audiencias públicas de mayo pasado, donde a instancias del ex ministro quedó en claro que la operatividad de la segmentación sería responsabilidad de la Secretaría de planeamiento dependiente de Economía.

En la nueva estructura, la tarea recaería en la viceministra Karina Angeletti. Como la resolución presidencial que reglamentó definitivamente la segmentación está vigente, y sólo puede ser modificada por una decisión similar que lleve la firma de Alberto Fernández, y como la propia Batakis reclamó que se acelere la segmentación para dar una señal ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida continúa vigente.

Y, en consecuencia, a la Secretaría de Energía eléctrica le queda "entender las necesidades de economía y del presidente" con lo que "por eso estará a disposición", según la frase de un integrante del equipo de Darío Martínez. Una de las características de la resolución judicial que defendió Guzmán, es que precisamente la subsecretaría de Basualdo fue corrida de la reglamentación, lo que legalmente deja fuera al subsecretario de la cuestión.

En definitiva, sólo le queda al funcionario kirchnerista aceptar lo que disponga el presidente y, por orden del Senado, colaborar en lo que se requiera y ayudar en lo que se le pida. Una gran diferencia de posición con respecto a lo que pasaba con Guzmán y su intención de segmentar. Pero le queda la llave de no hacerse responsable de los resultados. En este punto, la misma posición ante Batakis que con el anterior titular del palacio de Hacienda.

Ahora, hay un único temor dentro del albertismo, que no tiene que ver con el kirchnerismo y la secretaría de Energía. Un miedo de corte legalista, pero que no impedirá que el jefe de Estado avance en el pedido de Batakis. Según muchos funcionarios (y funcionarias), el problema sería que la segmentación tal como está pensada podría dar lugar a cuestionamientos legales por "discriminación", dado que los criterios subjetivos para los que ingresen en los aumentos provocarían levantamientos de la Justicia. Se piensa que estos criterios (fundamentalmente percibir ingresos por más de 333.500 pesos mensuales netos) sólo podrían haberse aplicado por ley.

Y no por una resolución del ministerio de Economía. El segundo cuestionamiento legal es no haber diseñado el formulario como una declaración jurada que refiera a próximas legislaciones que eventualmente se aprueben en el Congreso. Y que, en cambio, se ponga en práctica simplemente un mecanismo para anotarse como consumidor excluido de la lista a los cuales se les quitará el subsidio. Finalmente, pero no lo menos importante, se cuestiona que la suba tarifaria se aplique de manera retroactiva; cuando el ABC de la jurisprudencia indica que una norma (sobre todo si es negativa) puede ejecutarse hacia atrás.