Quién es el funcionario que responsabilizó a los padres de Florencia Romano por el crimen
La familia de Florencia Romano, la adolescente asesinada en diciembre de 2020, demandó al Estado provincial por negligencia y pidió un monto total de $300 millones en carácter de indemnización. Se basó en la falta de respuesta del servicio CEO de la Policía de Mendoza, minutos antes del femicidio.
En un largo escrito, el asesor de Gobierno provincial Ricardo Alberto Canet explicó que los padres de la adolescente asesinada en manos de Pablo Arancibia también son responsables por haber "incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente".
Aunque ahora el Gobierno le baja el tono a este argumento, fue similar al utilizado por el ex director de la Policía Roberto Munives, minutos después del femicidio de Florencia. "Quisiera resaltar a toda la comunidad que hechos como estos son evitables a través de la educación, a través del cuidado, del seguimiento que debemos tener los padres sobre nuestros hijos y que este tipo de hechos no se deben repetir, no se deben producir precisamente porque debemos tener, ante todo, dentro del seno familiar un diálogo y apertura”, sostuvo en diciembre de 2020 generando un pedido de explicaciones por parte de la Legislatura provincial.
Las declaraciones de Canet generaron el repudio por parte del arco político y de las organizaciones de mujeres que reclamaron incluso, la renuncia del asesor por considerar un acto de “violencia machista” por parte del Estado, contemplado en la ley 26.485 que en sus primeros artículos tipifica las violencias hacia las mujeres en los distintos ámbitos.
Pero, ¿quién es Canet? Menos mediático que su antecesor César Mosso Giannini -quien fue durante 30 años asesor de Gobierno de la provincia hasta que renunció en 2018 para jubilarse-, tiene una amplia trayectoria en los cargos públicos.
Como su actual puesto de asesor de Gobierno tiene carácter constitucional, tuvo que pasar por el cedazo legislativo. Es decir, de acuerdo consta en la carta magna provincial, la persona que aspira a ser asesor de Gobierno debe ser propuesta por el Gobernador y su pliego puesto a consideración del Senado provincial quien a través de bolillas blancas y negras define. Canet fue propuesto el 4 de setiembre de 2018 por el entonces gobernador Alfredo Cornejo y avalado por la Legislatura 20 días después.
Cornejo lo eligió para el cargo no sólo por su trayectoria sino también por su cercanía, como hacen todos los mandatarios para estos puestos. Es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional del Litoral y se especializó en Derecho laboral y Riesgos del Trabajo.
Sin embargo, a lo largo de sus más de cuatro décadas de trabajo, previo a llegar a su actual cargo, ha sido asesor letrado de distintas reparticiones públicas. Cuando Cornejo llegó a la Gobernación en 2015, su por entonces ministro político, Dalmiro Garay- hoy presidente de la Corte local- presentó a Canet como parte de su equipo. Es decir que tres años antes de convertirse en el asesor de Gobierno, fue nombrado como subsecretario Legal y Técnico, un cargo de peso porque por sus manos pasan los decretos del Gobernador entre otros documentos oficiales.
Tuvo otras funciones en las que Cornejo fue su jefe. Antes de ser el subsecretario Legal y Técnico de Cornejo gobernador, fue el apoderado jurídico de la municipalidad de Godoy Cruz, del ex mandatario cuando fue intendente.
Pero no sólo eso. Fue director de Inteligencia Criminal del ministerio de Seguridad en la gestión de Julio Cobos, cuando el actual senador nacional era el ministro de Seguridad.
También fue presidente de la Junta de Disciplina y director de Asesoría Letrada del ministerio de Seguridad. Además de haber contado con su propio estudio jurídico, Canet fue asesor letrado del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y abogado litigante externo del Banco de la Nación Argentina.
Entre las primeras defensas legales con mucha repercusión pública que tuvo que hacer como asesor de Gobierno fue en la demanda judicial que hicieron los intendentes del PJ ante la Corte porque pretendían acceder a otra reelección más, frente a la ley impulsada por Cornejo que se los impedía.