La última esperanza que le queda a Rodolfo Suarez tras el fracaso de Portezuelo
Alberto Fernández le bajó definitivamente el pulgar a Portezuelo del Viento al asegurar que le hará caso a La Pampa y las otras provincias del COIRCO para que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental de toda la cuenca. Eso y decir que no se haga la obra es lo mismo, ya que los estudios demandan no menos de dos años de trabajo y ni siquiera así se garantiza el terreno allanado para Mendoza. En realidad, Portezuelo ya era un proyecto muerto hace más de un año. Solo hubo espera para que la carga caiga contra la Nación, pues los obstáculos políticos, jurídicos y ambientales que se veían a mediano plazo hacían inviable el proyecto. Tanto, que en el propio oficialismo lo sabían y solo hubo una mutación en el discurso. Por ahora desde el Gobierno dicen que esperarán el laudo para analizar los pasos a seguir.
-
Te puede interesar
Cornejo envió un paquete de nombramientos en puestos clave de la Justicia
Pero hay otra noticia que esperan en el Gobierno: si el presidente Alberto Fernández accederá al pedido que hizo Rodolfo Suarez para permitir que los 1023 millones de dólares que tendrá disponible la provincia puedan usarse para otras obras que no sean estrictamente diques para generar energía. Es que el acuerdo firmado entre Mauricio Macri y Alfredo Cornejo especifica que el dinero debe usarse para Portezuelo u otra obra hídrica de generación de energía.
Pues la intención es que haya una Addenda para liberar los fondos. Para el hipotético caso de que el laudo resulte contrario a lo peticionado por esta parte o que el Sr. Presidente entienda que hay que realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental Regional (…) solicitamos en ambas hipótesis autorice a la Provincia de Mendoza la construcción de obras de generación de energía así como las que permitan ampliar la capacidad productiva, optimizando el uso del agua u otras obras que persigan la misma finalidad, ello sin perjuicio de hacer reserva de avanzar en la concreción de otras obras hídricas según contempla el Acuerdo vigente según el Decreto Nacional N° 519/19 y la Ley Provincial 9170”, reza el texto de Suarez.
Aún no se sabe qué hará Fernández con ese pedido. Desde el PJ local buscan bloquear que Suarez y quien lo suceda en el cargo puedan usar libremente esos recursos. Pero también desde el PJ local habían pedido que "Portezuelo se haga" y no les hicieron caso. En realidad también hay un manto de hipocresía escondido en la bandera "Portezuelo Sí": dirigentes que ahora se quejan por el "no" del Presidente, pero desde hace tiempo hacían lobby en contra. El oficialismo sabía que la obra era inviable, que podría traer más problemas que soluciones y que, incluso, era obsoleta. En el PJ también. Pero se embanderaron aún con la noticia casi sellada de que el proyecto fracasaría.
Las alternativas
El Gobierno tiene dos vías para usar los recursos. En todos los casos, se perdieron más de dos años de tiempo. Si Alberto Fernández no autoriza el uso libre de los recursos, las represas El Baqueano y Uspallata son las alternativas más "rápidas". Cada una tiene un presupuesto estimado de cerca de 500 millones de dólares. Es estimado porque en los dos casos recién se están armando los proyectos en detalle.
Si Alberto permite el uso o Suarez lo hace de manera unilateral, la intención es ejecutar, en primera instancia, el paquete de obras que Irrigación tiene en carpeta, por unos 380 millones de dólares. Pero además, hay rutas, corredores productivos, proyectos energéticos y otros que podrían hacerse. De hecho se esperaba que el 1 de mayo Suarez presentara ese plan, pero no ocurrió. Desde enero, cuando el fracaso de Portezuelo era casi un hecho, comenzó a gestarse una especie de "plan hídrico". En realidad, ante la falta de planes ejecutivos se juntaron proyectos sueltos para lanzarlos como eje de la inversión a realizar con ese dinero.
Ahora, según había adelantado antes el Gobernador, podría haber una convocatoria a referentes productivos, políticos y de otros sectores para evaluar qué camino conviene seguir. Es el extraño caso de una provincia que tiene recursos, pero no un plan para invertirlos.