Portezuelo del Viento y la insólita pelea por los 1.000 millones que aún no tienen destino

Portezuelo del Viento es una metáfora de la Mendoza moderna: una esperanza eterna, promesas sin cumplir, demoras, incertidumbres, dudas y debates circulares teñidos también de internas políticas. Ahora que, como anticipó MDZ, aumenta la presión para que se desista de la ejecución de la obra por las inseguridad jurídica y política; reviven las peleas con un sebo aún más tentador: 1.000 millones de dólares a “capitalizar”. También revive otra actividad moderna para la provincia: el tironeo particular por encima del bien general.

El gobernador Rodolfo Suarez siempre dijo que la obra se haría, pero no se animó hasta ahora a adjudicarla porque las flaquezas legales y políticas del proyecto le generan dudas, las mismas que están plasmadas en el dictamen de Fiscalía de Estado que advierte sobre los riesgos que hay por la posible judicialización por las objeciones de las provincias del Coirco. Las declaraciones de Suarez buscaban ganar tiempo, mientras esperaba alguna resolución política de la Nación; que no llegó hasta ahora y que, como último intento, hoy tratará de lograr el vicegobernador Mario Abed.

Pero ni siquiera un laudo favorable de Alberto Fernández da garantías de un tránsito fluido en la realización de la obra en el corto plazo. La Pampa ya tiene acciones legales iniciadas y podría haber más. La falta de acuerdo en el Coirco, donde se oponen todas las provincias, puede estirar más los tiempos. Y la falta de una estrategia provincial sólida en ese organismo, en el Congreso e incluso en el seno del poder nacional dificulta aún más todo. 

La licitación es un proceso netamente provincial, pero que inevitablemente está condicionado por lo que ocurra a nivel nacional. Aunque son proceso separados, si el Gobierno local obvia el contexto puede tener consecuencias económicas y a eso le teme: que se adjudique, generando obligaciones, y que luego no se haga o se demore, con los costos extra que puede tener para una obra que, para muchos, ya nació sobrevaluada por la falta de competencia en la licitación. La situación de confort que tuvo la UTE en el proceso de licitación le terminó jugando en contra al proceso. Es que incluso los 1.023 millones de dólares disponibles no serían suficientes para todas las obras necesarias y la inspección. Tanto fue así que en la licitación original las empresas Sinohydro, IMPSA, CEOSA y Obras Andinas presupuestaron los trabajos por encima de los 1.200 millones de dólares y luego rebajaron el presupuesto en más de 200 millones de dólares. 

Portezuelo del Viento es una obra pensada para regular el Río Grande, en Malargüe, a través de una mega represa multipropósito. El lago tendría un volumen 3 veces más grande que Potrerillos, por ejemplo. El financiamiento está asegurado y, de hecho, ya hay acumulados parte de los 1.023 millones de dólares totales que tendrá disponibles Mendoza. Ese dinero viene desde la Nación como compensación por los perjuicios de la promoción industrial tras un largo proceso judicial y uno político iniciado en 2007 entre Julio Cobos y Néstor Kirchner, que culminaron Alfredo Cornejo y Mauricio Macri. 

La tentación de los 1000 millones

El convenio firmado por Alfredo Cornejo y Mauricio Macri deja abierta la posibilidad de que se hagan otras obras hídricas. Allí no hay referencias geográficas o de diseño. Podrían ser en cualquier lugar de la provincia u obras de distinta magnitud. Desistir de Portezuelo generará necesariamente un proceso de negociación que puede incomodar a Suarez: qué hacer con 1.000 millones de dólares. En ese proceso puede entrar la Nación (para no poner objeciones a la no realización de Portezuelo a cambio de ser parte del proceso) y también los intendentes; todos los intendentes. Curiosamente también podrían empoderarse Irrigación y AYSAM, entre otros.

Detrás de escena hay una pelea que denota el núcleo de la pelea política. “La obra es caja y hay algunos que quieren financiarse con esa plata”, dicen desde el PJ. No lo mencionan desde el purismo político, sino con la idea de ser parte de las decisiones y de la “caja” de Portezuelo.

Todas las empresas que participan del consorcio que va o iba a hacer la “obra del siglo” tienen vinculaciones políticas; comenzando con IMPSA, la empresa rescatada por el Estado que hizo socios a Alberto Fernández y Rodolfo Suarez.

En los últimos meses hubo un reclamo que al principio era lateral y ahora comenzó a tener un protagonismo central. Hace alusión a la falta de defensa de la Provincia y hacia el propio gobernador Suarez. Y viene desde el radicalismo. Figuras como Ernesto Sanz cuestionan la falta de “apoyo” que creen que tiene Suarez. Apuntan directamente a Alfredo Cornejo, líder del radicalismo. Portezuelo entra en esa puja interna porque el ex gobernador no está de acuerdo con la realización de la obra: aunque fue quien firmó y garantizó la llegada de los 1.023 millones de dólares, el ahora senador nacional considera que ese dique no responde a una demanda actual. Suarez opina lo contrario, pero a medida que transcurre el tiempo mira con otros ojos el plan B: desistir y buscar alternativas.

Aparece otro problema: Mendoza no tiene en etapa de proyecto ejecutivo ninguna otra mega obra. El atraso en la gestión también se nota en ese plano, el de “las obras soñadas”. Los diques El Baqueano (en el Río Diamante) y Uspallata (en el Río Mendoza) serán anunciados nuevamente, pero están en etapa de estudio. Todo muy verde, pero no porque sean ecológicos, sino por falta de madurez.