La crisis en el oficialismo: comenzó el tiempo de descuento
El Senado comenzará a debatir mañana todos los proyectos de reforma de la Corte Suprema que fueron presentados hasta ahora y que mantienen estado legislativo. Ayer, por si hacía falta más, un aliado de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Weretilnek, presentó uno nuevo que innova en la idea de elevar a 16 el número de miembros del Máximo Tribunal. Poco importa que los jueces de la Corte Suprema sean 16, 5, 7 u 11, según del proyecto que se trate. Ninguno de ellos está hoy destinado a aprobarse, sino a ser parte de una guerra cuya batalla final se peleará dentro de un año cuando comience el tramo fuerte de la campaña 2023.
Todos los proyectos que impulsa Cristina por estos días tienen el mismo propósito y final anunciado: fijar posición en la interna que mantiene con Alberto Fernández, a quién considera que no cumplió con ninguna de las condiciones que pactaron el día que lo nominó como candidato a presidente. El resto es humo ya que ninguna de esas iniciativas logrará convertirse en ley.
Esto no es una novedad, ni para la vicepresidente ni para la suma de la clase política. Cristina supo desde el día que la Corte Suprema emitió el fallo declarando la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura, que su proyecto de ley para reformar ese organismo nunca sería aprobado en Diputados. También supo que no tendría futuro la idea de habilitar un mega blanqueo casi sin controles con el anunciado fin de lograr fondos para pagarle al FMI. Ni los votos para eso, ni la hipotética recaudación serán nunca una realidad.
Luego vino la idea de la "renta inesperada". El kirchnerismo sumó a Martín Guzmán a esa idea, que como su jefe intenta agradar a la vicepresidenta con la ilusión de mantener estabilidad, pero sabe desde el primer día que tampoco esta iniciativa verá el sol en Diputados. En este caso el peligro es doble porque además de no tener éxito legislativo puede terminar acelerando un mal humor social que es el principal problema que hoy teme el Gobierno. El tractorazo del sábado pasado no fue lo suficientemente eficiente como para precipitar a Alberto Fernández a avanzar con nuevas medidas, pero el mal clima esta instalado.
En la Cámara de Diputados quien tiene más claro que el paquete de leyes kirchneristas no tiene futuro es Sergio Massa, que hace tiempo esta dando señales de que no piensa chamuscarse jugándose por una agenda que tampoco lo convence, ni le conviene en su futuro. Germán Martínez siente algo parecido pero sigue con Massa el juego de policía bueno - policía malo para intentar conservar alguna unidad en su bancada. De ahí que fuera corriendo a la Justicia para cuestionar al presidente de Diputados por haber designado a la radical santacruceña Roxana Reyes en el Consejo.
El kirchnerismo duro actúa, entonces, plantando banderas con miras al rol que jugará en el 2023 más que a intentar realmente avanzar con ese paquete de reformas judiciales y tributarias que están absolutamente alejadas de la realidad de la calle. Cristina tiene sobre esto un diagnóstico quizás más afinado que el que maneja el presidente. La vicepresidenta sabe que no hay mucho para hacer hoy, al menos siguiendo el camino que su estrategia ideológica le permite. Ni ajuste, ni reconocer orígenes monetarios a la inflación, ni hablar de controles del FMI o metas a cumplir.
Nada de eso esta en el vadecum económico del kirchnerismo y menos ahora cuando desde el Senado se lanzan amenazas de guerra mas que medidas de Gobierno. Sobre todo, cuando el tiempo de esta presidencia ya comenzó a acabarse; en rigor ese reloj comenzó a correr en octubre del año pasado con el resultado electoral que signó la pérdida de la. mayoría. El presidente, es evidente, tampoco da señales de aportar soluciones al Frente de Todos. Y el dólar, que hasta hace una semana parecía calmado, retomó la suba. Ya sea el blue o los dólares financieros mostraron el nerviosismo típico que tan bien conocemos los argentinos, cuando la incertidumbre política y económica esta instalada.
En materia económica esa realidad esta mas que a la vista. El Gobierno no tiene plan alternativo para una inflación descontrolada que en marzo dio la mala noticia de un 6,75 % en el IPC y que en abril dará un disgusto similar; aunque puede ser peor en alimentos. Las armas para paliar esa situación tampoco parecen funcionar: pocos recuerdan que hace solo una semana se anuncio un bono de $18.000 para monotributistas y trabajadores sin ingresos y de $12.000 para jubilados. Cuando se pague en mayo otro 5% o 6% de inflación habrá minado su poder compra, si es que alguno de los beneficiarios lo puede usar para otra cosa que no sea calmar deudas. Ese es otro problema que no se percibe desde el debate político de oficialistas y opositores: el endeudamiento de los hogares es tan alto que mantendrá oculto cualquier alivió que se dé por bastante tiempo. Hasta Roberto Feletti rechaza la responsabilidad por la maraña de listas y precios congelados que no surtieron ningún efecto. De ahí que el humor social no registre ni las buenas noticias.
Mientras tanto el público de a pie sigue peligrosamente sin comprender las guerras que se juegan frente a sus narices. Para entender completamente el enojo creciente de la vicepresidenta con la Corte Suprema basta recordar que a todas las cuitas que vino acumulando con el tribunal se sumó ahora el fallo de inconstitucionalidad sobre el Consejo de la Magistratura. No fue una decisión más del tribunal; fue declarar inválida la ley que estableció en el 2006 la reforma a ese organismo dejando afuera de la conducción y del manejo de los fondos a la Corte Suprema. Y esa ley del 2006 lleva nombre y apellido: nació en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que en ese momento estaba presidida por Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la norma que volteó la Corte.
El 2006, siguiendo terminología fílmica, puede decirse que fue, institucionalmente hablando, "el año que vivimos en peligro". Cristina había "heredado" la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de Jorge Yoma. Con la llegada de Néstor Kirchner al Gobierno en el 2003, el riojano intentó quedarse en la jefatura de ese cuerpo. Fue imposible: la esposa del presidente, entonces senadora, tenía otros planes. En el 2006 terminaron de cerrarse tres leyes que arrancaron en su comisión de Asuntos Constitucionales y que fueron esenciales para el armado del aparato institucional del kirchnerismo, ya fuera para Néstor o Cristina. Ese año la actual vicepresidenta hizo votar la reforma al Consejo de la Magistratura que ahora la Corte invalidó; la reforma a la Ley de Administración Financiera y de los Organos de Control que le permitió al Gobierno tener "superpoderes" para modificar el destino del gasto presupuestario (sea de capital o corriente); y la reglamentación del uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia, garantizando un blindaje casi perfecto para cada DNU que firme el presidente. A ese edificio jurídico construido en el 2006 es al que impactó el fallo de la Corte Suprema.
Los días por delante, entonces, serán clave. El debate que se inicia mañana en el Senado, aunque no tenga chances de éxito, servirá para tantear el humor de esa tercera pata del kirchnerismo que son los gobernadores. Cristina Fernández de Kirchner dividió el bloque oficial allí para quedarse con un miembro mas en el Consejo de la Magistratura, aunque ahora deberá defender esa designación ante la Justicia. Es un misterio si esa división se mantendrá como una jugada estratégica o se traducirá en realidad. Los gobernadores también saben que su tiempo de descuento comenzó a correr.