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Las exigencias de Juntos para destrabar el Presupuesto bonaerense

La diferencia por los fondos de infraestructura y seguridad con los municipios sigue siendo importante. En el último encuentro el oficialismo subió la oferta inicial y Juntos hizo una rebaja a sus demandas. Como gesto de buena voluntad, el Gobierno de Kicillof empezó a pagar deudas a los municipios

El cuarto encuentro entre oficialismo y oposición para destrabar el Presupuesto bonaerense 2023 fue de tramite rápido. Duró 45 minutos por el apuro que tenían los negociadores del oficialismo para no perderse la lectura de la sentencia a Cristina Kirchner por el juicio de la obra pública de Santa Cruz. Pese a la brevedad del encuentro, quedó en el aire la sensación de que se estaría por llegar a un acuerdo. La próxima semana habría novedades, siempre y cuando exista una oferta “superadora” del Ejecutivo bonaerense, y se votaría en la sesión del 22 de diciembre la Ley de Leyes y la Ley fiscal del próximo año.

La reunión se llevó a cabo en las oficinas de Federico Otermin, presidente de la Cámara de Diputados Bonaerenses y delfín del barón de Lomas de Zamora. Por el Frente de Todos participaron la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario; el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López; los jefes de las bancadas legislativas Teresa García y César Valicenti; y el legislador del Frente Renovador Rubén Eslaiman

Por el lado de Juntos participaron los presidentes de los bloques de diputados y senadores Maximiliano Abad y Christian Gribaudo. En representación de los intendentes, fueron los presidentes de los foros de jefes comunales de la coalición opositora. Por los intendentes radicales fue el alcalde de Trenque Lauquen, Miguel Fernández y el intendente platense, Julio Garro, delegado de los jefes comunales amarillos. Además participaron los legisladores provinciales Alex Campbell, Adrián Urreli y Agustín Maspoli.

El Frente de Todos intentó colar en la cuarta reunión del presupuesto, sin éxito, el tema de las jubilaciones del Banco Provincia de Buenos Aires. La oposición advirtió que, si querían discutir el régimen previsional del BAPRO, las negociaciones volvían a foja cero y se iban a plantar en el pedido de los intendentes por los $ 82 mil millones para los fondos de Infraestructura y seguridad, reclamado por los alcaldes opositores.

Las diferencias con la oposición por el F.I.M (Fondo de Infraestructura Municipal) y el Fondo de Seguridad a los municipios siguen siendo importantes. El gobierno bonaerense en el último encuentro se mostró más flexible, se sentaron a la mesa de negociación con una carta importante para abrir el juego, empezaron a liquidar deudas de organismos provinciales -IOMA e IPS- con los municipios opositores. Sobre la marcha cantaron truco, con fondos de adelantos del Tesoro Nacional para compensar las pérdidas por inflación de este año, sumando a la última oferta $2.900 millones.

Desde la oposición tomaron estos gestos como positivos, bajando $12 mil millones al pedido inicial de $ 82 mil millones de los intendentes para el F.I.M y Seguridad . Si bien achicaron diferencias, Juntos pide al oficialismo un esfuerzo más para acercarse a los $ 60 mil millones, lo que para algunos referentes de la coalición opositora sería el número mágico que destrabaría las negociaciones por el Presupuesto y la Ley Fiscal del próximo año.

En diálogo con MDZ, Julio Garro, el intendente platense que representa a los jefes comunales del PRO, dijo: “Todavía estamos un poco lejos. Iniciamos las conversaciones con $82 mil millones contra los $ 34 mil millones que nos ofrecían, ahora estamos plantados en $ 70 mil millones contra los $ 52.900 millones que nos ofrecieron el martes. Creemos que tienen que hacer un esfuerzo más”.

“Estamos peleando para todos los municipios, sin distinción de colores. La gente necesita obras que mejoren la calidad de vida en sus ciudades", agregó, y completó: "El 2023 va a ser otro año de alta inflación, por eso pedimos que la provincia suba más la oferta que se traduce en más seguridad y obras para los bonaerenses".

En Juntos no todos están convencidos de seguir flexibilizando las demandas; como es el caso del titular del bloque opositor en la Cámara baja provincial y presidente del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad, quien se plantó en la postura de los $70 mil millones y le exigió al gobierno de Kicillof que “deje de perder el tiempo con reuniones”.

Uno de los pedidos de la oposición es que las transferencias para el F.I.M a los municipios sea de un 30% en marzo y pagos contra presentación de certificados de obra.

Los intendentes de Juntos hicieron hincapié en que la entrega de los fondos para infraestructura municipal debe hacerse con mayor celeridad sin tantas vueltas burocráticas, reclamo compartido con sus pares oficialistas. Un jefe comunal radical de la Tercera Sección Electoral, conocida como la tercera chica, sostuvo: “Es  importantísimo establecer cómo van a entregar los fondos para las obras. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque podemos conseguir el mejor arreglo, pero si el dinero llega a cuentagotas o tarde va a pasar lo mismo que en los últimos tres años. No pudimos ejecutar las obras porque cuando llegaba el dinero para empezar las obras los costos por la inflación no eran los mismos”.

Por su parte, desde el Frente de Todos se muestran optimistas en cerrar con la oposición un acuerdo por debajo de los $60 mil millones. Un legislador oficialista confió a MDZ que el número mágico para ellos es de $57 mil millones, compuesto en $54 mil millones para obras y seguridad más $3 mil millones de los ATP del gobierno nacional para compensar por la inflación.

Según pudo averiguar MDZ, la intención del oficialismo es que para mediados de la próxima semana se realice el último encuentro del que participaría el gobernador Axel Kicillof, quien anunciaría el acuerdo con la oposición.

Los negociadores de Juntos esperan, entre lunes y martes, un llamado del Gobierno bonaerense con una oferta superadora más cercana a lo pedido por intendentes y legisladores de la coalición opositora que permitiría destrabar las negociaciones para que antes de que termine el año sean aprobados en la Legislatura la Ley de Leyes y la Ley Fiscal 2023.