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Ratifican condena a un intendente peronista en funciones

Se trata de Gustavo Menéndez, intendente de la localidad bonaerense de Merlo. Se lo acusa de haber sacado de un casino, cuando era funcionario de Lotería de la Provincia, repleto de plata, que luego repuso. Sospechas políticas recorren detrás de la decisión de Cámara en Bahía Blanca.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Bahía Blanca rechazó la presentación realizada por el aún intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, por la causa iniciada en 2007 por el presunto faltante de $600.000 pesos en el Casino de Mar del Plata. 

El expediente fue iniciado en aquel momento por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires durante el mandato de Felipe Solá como gobernador en momentos en el que el ahora intendente de Merlo era el principal rival político de su histórico antecesor, Raúl Othacehe, con fuertes vínculos con el poder político bonaerense de aquel momento.

Hace dos años, Menéndez había sido condenado a dos años y medio de prisión en suspenso más la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de fraude a la administración pública.

A pesar de que la sentencia en primera instancia fue conocida al final de 2018, cuando se iniciaba la campaña electoral por su reelección, la misma no fue tomada en cuenta por los votantes de Merlo, que lo ratificaron con casi el 60 por ciento de los votos.

La decisión de la cámara penal de Bahía Blanca a la que cayó la causa iniciada en Mar del Plata, tomó por sorpresa a toda la administración merlense, donde aún no fijaron una estrategia comunicacional ni política al respecto. Por ahora nadie hablará y sólo se informó que se continuará con las otras dos instancias procesales aún pendientes, una de ellas la última, la Suprema Corte provincial.

La causa, denominada como “mochila verde”, tiene que ver con una investigación interna iniciada cuando Menéndez era funcionario político en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos a cargo de Franco La Porta y cuando el juez Jorge Luis Rodríguez, del juzgado correccional 3 de Mar del Plata lo condenó, todo el Partido Justicialista que él presidía salió en su defensa y castigó a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal por “campaña sucia”.

En aquel entonces el peronismo denunció una “una utilización de la Justicia por parte del gobierno nacional y provincial mediante amenazas a jueces y fiscales para que condenen y procesen a todos los que queremos construir una Argentina distinta".

Menéndez calificó el fallo como "insólito, demencial y extremadamente injusto". La sentencia, a entender del intendente, tuvo "nulo contenido jurídico y excesivo impulso político".

Dos años después la causa sigue su curso. Habrá que ver si el del intendente también. Dentro y fuera del territorio que lo tiene como protagonista de la política desde hace años, hay múltiples interpretaciones y muchas. Inclusive personas que no lo quieren mucho, ven detrás de esta decisión alguna intención política, pero del ahora del Frente de Todos. Seguramente no se hablará de persecución política en esta ocasión.

La discusión por la conducción del Partido Justicialista, finalmente aplazada hasta cuando venza su mandato, está dentro de las múltiples hipótesis que surgen luego de consultar varias fuentes. Todos creen que es extraña la manera que fue conocida la información. “Viernes, a la tarde, desde Bahía Blanca…”. Bajo esta óptica, todos pueden ser los culpables de la difusión.  

El primer capítulo se inició el 14 de diciembre de 2007, cuando el intendente era Director Provincial de Casinos Zona Norte, la decisión conocida hoy ratifica la investigación que sostiene que él y el jefe de Administración del Casino Central de Mar del Plata “retiraron en forma reiterada e ilegítima dinero en efectivo del tesoro de esa casa de juegos, accediendo el monto de las extracciones a $600.000 pesos”.

Sin embargo, la propia investigación fiscal sostuvo que “con finalidad de disimular la situación, restituyeron el dinero al día siguiente”. No obstante, “el apoderamiento de fondos públicos” ya estaba hecho.

Durante la etapa en la que se denuncian estos hechos, la gestión de aquellos años estuvo a cargo de La Porta, concejal y dirigente político de San Miguel, localidad cercana a Merlo. Hasta el momento, a pesar de los insistentes llamados de MDZ, el dirigente no respondió.

Según surge del expediente, “en esa época se había instaurado la modalidad de retirar dinero para gastos y depositar en cambio un papel que decía el monto y una leyenda que decía "habilitación para finanzas", una modalidad carente de respaldo legal que habría sido extendida por un período prolongado”.