La vocera, el ministro y el decálogo de Goebbels

La vocera, el ministro y el decálogo de Goebbels

Con el habitual desparpajo que caracteriza a los dirigidos por la vicepresidenta de la nación, Gabriela Cerruti y Jaime Perczyk, culpan a Macri por los pésimos resultados que obtuvo el país en una prueba sobre educación impulsada por Unesco.

José Luis Jacobo

José Luis Jacobo

La ley 26.206, promulgada en el año 2006 y que estableció el marco jurídico a la actividad educativa en todo el territorio nacional, surgió a partir de los cuestionamientos al área surgidos, principalmente, por los pésimos resultados, año tras año, de las pruebas PISA en la Argentina. La norma buscaba cambiar el rumbo de una situación que se profundiza conforme surgen diferentes tipos de conflictos entre el poder político y los docentes.

Afirmó la vocera presidencial Gabriela Cerruti: "El desprecio por la educación pública del gobierno de Mauricio Macri nos llevó a un piso histórico. Las evaluaciones del 2019 muestran el daño infringido por la desinversión en el área. Desde ese desastre, más las consecuencias de la pandemia, estamos reconstruyendo". A esto, se sumó el ministro de Educación Jaime Perczyk: "Una razón fundamental (del deterioro educativo) aunque no la única, es la profunda desinversión del periodo 2016-2019". Se trata de una acción goebbeliana en su más cínica expresión.

En su decálogo de la propaganda, el ministro del régimen nazi Jhosep Goebbels indicaba: "Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque: si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan".

De estas actitudes por parte del Gobierno hay ejemplos a diario pero, en este caso, es notable la sincronía entre el ministro y la funcionaria para cargar, ante la noticia, en un mismo sentido, como una perfecta máquina de eludir las responsabilidades propias.

En sí, la carga de la responsabilidad sobre la educación pública, es de las provincias, por imperio de la ley de educación. En ese sentido, es importante destacar tres casos: Santa Cruz, Chubut, y Buenos Aires.

En 2016, Esteban Bullrich, en ese momento ministro de Educación de la Nación, decía: "En todo 2016, los colegios públicos de Santa Cruz solo tuvieron 90 días de clases y en algunos casos no se llegó ni siquiera al 50% de los 180 días del calendario escolar […] Si hay chicos que no aprendieron lo que tenían que aprender, tienen que aprenderlo. El problema es que si le das el título secundario a quien tuvo 90 días de clase y va a la universidad no va a entender nada. Los profesores les dirán que estos temas los vieron en quinto año y ellos no los vieron porque tuvieron huelgas".

Por otro lado, en la provincia de Chubut desde el año 2016 que no se dictan clases de manera regular. Ya pasaron tres ciclos lectivos completos en los que en dicha provincia no se cumple con la cantidad de días de clase previstos, y éste sería el cuarto. En los primeros meses de 2017 se decretó la emergencia hídrica, lo que provocó que, durante algunas semanas, se debieran suspender las clases. El año siguiente, ya siendo Mariano Arcioni gobernador, se inició el pago escalonado de haberes que provocó que los trabajadores de la Administración Pública inicien medidas de fuerza, lo que repercutió en la actividad educativa. Entre 2018 y 2019 se vivieron muchos meses durante los cuales los trabajadores de la educación, encabezados por los docentes, estuvieron de huelga, por lo que hubo largos períodos sin clases.

Finalmente en Buenos Aires, en particular durante la gestión de Daniel Scioli, hubo un promedio de un mes anual sin clases en el sistema de gestión pública, motivados por las huelgas reiteradas y los problemas de infraestructura, las dos razones centrales que motivan el continuo trasvase de alumnos de las escuelas públicas a las privadas en la provincia. Scioli gobernó Buenos Aires durante 8 años. Un reciente análisis de información estadística oficial del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano indicó que, entre 2003 y 2017, el nivel primario estatal perdió 236.099 alumnos, mientras que ganó 46.624 cargos docentes.

No es la propaganda lo que va a cambiar a nuestro país, son los hechos. Las palabras pueden confundir, pero no alterar la realidad de un profundo fracaso que tiene el sello ideológico del partido político que actualmente se encuentra en el Gobierno.

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