Impuesto al viento: el rechazo de las empresas de energía eólica

Impuesto al viento: el rechazo de las empresas de energía eólica

"Solicitamos a las autoridades nacionales que tomen cartas en el asunto para evitar que las tarifas se vean incrementadas por un impuesto ilegítimo que penaliza la generación limpia, competitiva y eficiente”, reza el comunicado oficial de la Cámara Argentina de Energías Renovables.

MDZ Política

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En el medio de la polémica por el cuestionado "impuesto al viento", la Cámara Argentina de Energías Renovables alertó que la tasa municipal que pretende imponer el Gobierno de Chubut -y particularmente el municipio de Puerto Madryn-, generará grandes perjuicios económicos sobre los proyectos en la zona.

La Ordenanza N° 11.546, emitida por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn fue emitida cuando comenzaba el aislamiento preventivo y consistía en que las centrales de energías limpias en operación comercial estaban obligadas a pagar impuestos municipales millonarios que, según fue expresado en un comunicado, "representan serios riesgos financieros en un contexto económico ya de por sí adverso" y que estos "no fueron previstos en las propuestas de inversión".

El Consejo Deliberante de la ciudad Chubutense resolvió aplicar una "tasa por habilitación, inspección seguridad e higiene y control ambiental", por los metros cuadrados de uso. Esto causó grandes problemas, ya que -debido a la ampliación del ejido urbano- los proyectos eólicos quedaron bajo el alcance municipal.

Desde la CAER afirman que esto impactará negativamente en la proyección del negocio de la energía eólica, debido a que -por ejemplo- un parque de potencia promedio (100 MW) "se vería obligado a pagar 20 millones de dólares".

“Como Cámara de representación empresarial del sector de las energías renovables con más de doce años de antigüedad y más de 100 firmas asociadas, representando toda su cadena de valor, rechaza categóricamente la implementación del ‘impuesto al viento’”, expresa el duro comunicado.

“Hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos", afirmó Juan Manuel Alfonsín, quien se desempeña como director ejecutivo de la entidad.

Por la Ley 27.191 los generadores de energía renovables tienen la posibilidad de trasladar al precio del producto cualquier impuesto, tasa o gravamen –nacional, provincial o municipal– que aparezca luego de la firma de los contratos. Esta especie de blindaje que en su momento estuvo amparado en la idea de la estabilidad para las inversiones hoy significaría que la tasa municipal se trasladará al valor con el que las empresas le venderán la energía a la red y, de ahí, a los consumidores, entre ellos los usuarios Mendocinos.

“En caso de trasladarse el nuevo impuesto a tarifa los usuarios de todo el país estarían pagando una tasa local de Puerto Madryn”, dijo Alfonsín

Asimismo, CADER afirma que si la norma finalmente es implementada, sería "una directa violación de la seguridad jurídica contra el sector de las energías renovables, considerando que la Legislatura Provincial adhirió a la Ley 27.191 mediante la ley provincial XVII N°95, invitando incluso a los municipios a que respeten sus postulados”.

"El impuesto al viento carece de sustento legal, dado que no guarda relación con una prestación brindada por el municipio de Puerto Madryn”, agregó Alfonsín.

Ante la alarmante situación, la cámara pidió la inmediata intervención del Gobierno Nacional. "Solicitamos a las autoridades nacionales que tomen cartas en el asunto para evitar que las tarifas se vean incrementadas por un impuesto ilegítimo que penaliza la generación limpia, competitiva y eficiente”. Es por ello que, durante el día de ayer, Alberto Fernández mantuvo una reunión con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

“En ningún país del mundo se castiga a la generación de energía limpia. Por el contrario, necesitamos nuevos programas nacionales y locales para respetar el cumplimiento a los compromisos ambientales que anunciamos como país ante otros Estados soberanos en foros climáticos internacionales”.

“Estamos estudiando todas las acciones legales que ofrece la legislación vigente para impedir el cobro del impuesto al viento”, agregaron desde la entidad al referirse a la posibilidad de un camino judicial, para así evitar el polémico "impuesto al viento".

Fuente: Infobae.

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