Quién gana con el aumento de tarifas, la decisión más incómoda de Suarez

El gobernador Rodolfo Suarez tenía un paquete de decisiones incómodas en sus manos. Y las tomó todas juntas; en enero y con aplicación inmediata. Los aumentos en las tarifas de servicios públicos tienen distintos matices desde lo político, pero todos con repercusiones para los usuarios y en un momento de crisis en cuanto a la prestación.

En el caso del transporte la suba es más dolorosa para el Estado, pues lo que se recaude por llevar el boleto a 25 pesos es casi testimonial al lado de lo que subirá el subsidio que deberá destinarse a pagarle a las empresas. El "tarifazo" del agua y saneamiento tiene una impronta más culposa: es el peor servicio, está a cargo del Estado y está mal gestionada, aun cuando en 2020 fue la única tarifa que no se congeló.

El aumento en la tarifa eléctrica es la más ilegible por la complejidad de los números, pero la que más incomoda a nivel político, tanto al oficialismo como a la oposición, porque beneficia indirectamente a un sector que ha mantenido una fuerte tensión entre los reclamos cruzados, la calidad del servicio y el uso de las influencias políticas para expandirse a pesar de las deudas y los incumplimientos. 

Como sea, Suarez avanzó más allá de lo que se preveía a fines del año pasado. La crisis económica agudizada por la pandemia y el mal humor social hacían dudar al Gobierno sobre cómo avanzar con los aumentos de tarifas. El año pasado estuvieron casi todas congeladas y el Estado volvió a tener en su haber deudas contractuales. En realidad no con todos, pues hubo reconocimientos de aumentos (como en el transporte) que no fueron trasladados a los usuarios. 

Fuera de las connotaciones y las presiones que hay en el medio, los cambios de reglas temporales que generó la pandemia también distorsionaron las relaciones y las prestaciones. El Estado volvió al camino de incumplir algunas pautas y como un deja vu de lo ocurrido en períodos anteriores (como en 2002 y en la época de congelamiento forzado de algunas tarifas) la prestación de servicios podría correr riesgo. 

Ganadores

La tarifa eléctrica ya aumentó y cada usuario deberá esperar a que le llegue la boleta para saber con precisión el aumento. Es que la forma de estructurarlo y explicarlo fue tan compleja que desinforma. La clave no está en el porcentaje anunciado, sino en la base que se toma. Durante 2020 no hubo subas, pero sí costos calculados. Y la base sobre la que se aumenta es a octubre del 2020, es decir con la "tarifa ideal" que hubiera habido en ese momento (pero que no estaba). Por eso el aumento será más importante respecto a lo que pagaban los usuarios hasta ahora. Además, se agrega la suba para financiar los subsidios (pasó del 5 al 7,5%) y una cuenta pendiente: las empresas no resignan los ingresos no percibidos, pero lo que los usuarios pagarán quedará sujeto a las compensaciones que puedan tener las distribuidoras con la Nación por el artículo del Presupuesto que se incluyó para beneficiarlas. Es la llamada "cláusula Massa". 

La suba en la tarifa eléctrica generó algunos chisporroteos políticos, pero hay dirigentes que lo hacen con alguna incomodidad. Los beneficiarios de la suba ya habían recibido favores y gestos del Gobierno nacional.

En el escenario hay una empresa excluyente: Edemsa. No solo por la magnitud, sino por los actores en juego. Es la más endeudada, la que más reclama y la que se expandió a pesar de la crisis. Esa firma le debe a CAMMESA más de 9 mil millones de pesos. Tanto que en sus balances se anuncia que ni siquiera alcanzan todos los activos de la empresa para pagarle. En concreto el Estado (dueño de Cammesa) podría "quedarse" con Edemsa si ejecutara toda la deuda.

En efecto, a principios de 2020, cuando asumió Alberto Fernández, la relación se tensó y desde el Gobierno nacional pidieron la ejecución de la deuda. Hubo cartas documento, intimación y una causa judicial para ejecutar la deuda. Pero todo cambió y hubo tregua tras el cambio en la Secretaría de Energía (asumió el ex diputado Darío Martínez). En octubre pidieron suspender los plazos procesales y la ejecución. Allí apareció en el Presupuesto la "cláusula Massa" y la deuda quedó en veremos, a la espera de acceder a los planes. Paso siguiente: los accionistas de Edemsa, Vila y Manzano, compraron Edenor, la principal distribuidora de electricidad, a pesar de que en el balance de Edemsa se advertía que la empresa corría riesgo operativo por los problemas financieros. 

En Mendoza, ese grupo recibió la primera buena noticia al descongelarse el Valor Agregado de Distribución, la parte local de la tarifa eléctrica, con un valor calculado sobre la base de octubre de 2020. Los usuarios deberán estar atentos, pero prepararse. Además de esa suba, falta que la Nación descongele los valores por la generación y transporte de le electricidad, otra porción de la boleta. El otro tercio aumenta automáticamente y son los impuestos. 

En el mismo plano, el Estado cedió en el cobro de las multas por mala calidad de servicio y las "canjeó" por dos obras. Es la visión culposa por la falta de otorgamiento de tarifa durante el año. Una de esas obras ya había sido reclamada por quienes administran el transporte de la energía hacia Mendoza y, creen, podría haber estado a cargo de la distribuidora para darle garantía al servicio. 

Más aumentos

En el caso del servicio de agua y saneamiento es el aumento más difícil de explicar a los usuarios. Los mendocinos pagan por un servicio de mala calidad y el modelo de gestión no funciona. Es el único servicio que nunca tuvo la tarifa congelada. Es más, en plena pandemia aumentó un 100% y, como explicó MDZ, la tarifa subió más de un 800% desde que se estatizó. Todos esas subas solo fueron para gastos corrientes y no para mejorar la calidad del servicio. Tan es así, que además del 25% de aumento que rige desde este mes (como lo ordenó Suarez a través del Decreto 14) se suma un 5% extra para que los usuarios financien obras.

El Gobierno ejecuta una cláusula que se había frenado el año pasado y que puede llevar en hasta un 20% ese monto. Fracasado el modelo de gestión, cargan por otro lado para intentar conseguir recursos extraordinarios. Pero no es la única vía, pues el Estado asistirá con subsidios a la empresa y también hay vigentes autorizaciones para endeudamiento. 

El servicio de Transporte tiene una incertidumbre: cuántas personas circularán durante 2021. El sistema no tiene casi riesgo para las empresas, salvo lo ocurrido el año pasado que se redujeron los kilómetros recorridos por la pandemia. Este año se presupone que habrá mayor circulación. El Gobierno planificó tener más circulación, pero menos de lo "teórico" planificado al inicio del Mendotrán. Como sea, el aumento de la tarifa tendrá repercusiones testimoniales para las cuentas públicas. El boleto a $18 pesos creen que era insostenible por tercer año. Llevarlo a $25 significa un salto importante, pero será poco significativo para las cuentas. El problema mayor es conseguir los recursos para el Fondo de Contingencias, es decir el subsidio provincial.