Suarez y una reforma clave que no puede naufragar

Suarez y una reforma clave que no puede naufragar

El Gobierno apuesta a que el sistema educativo debata en el Congreso Pedagógico el borrador de reforma, más allá del rechazo del sindicato docente y de las críticas de la oposición. Los puntos que generan escozor en el SUTE y la respuesta de una administración que carece de acción política.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Como un déjà vu de lo que le sucedió cuando quiso impulsar la minería, con su intento de avanzar ahora con una reforma educativa en Mendoza, Rodolfo Suarez se enfrenta otra vez y en el lapso de pocos meses al riesgo de que un nuevo proyecto clave de su gestión derive en naufragio.

Existen un par de diferencias sustanciales, sin embargo, entre aquel traspié y la posibilidad latente de este. El avance de la minería se frenó, luego de que una ley fuera sancionada por la Legislatura mientras en este caso lo que se está discutiendo es un borrador de proyecto y en un Congreso Pedagógico. Pero por sobre todo, la reforma a la 7722 sacó a las calle a miles de personas que se manifestaron porque no querían el desarrollo de la actividad. Nadie puede estar en desacuerdo con la necesidad de que hay que rediseñar la educación para proyectarla al futuro. Y más aún, en el escenario actual.

Hace unos meses, alertado por el cierre prolongado de las escuelas alrededor del mundo como consecuencia de la pandemia, el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, habló de un “catástrofe generacional” y se mostró preocupado para que no se desperdicie “un potencial humano incalculable, se minen décadas de progreso y se exacerben las desigualdades arraigadas".


La realidad de la educación mendocina es la brecha socioeducativa. Un informe publicado en 2019 por el Consejo Empresario Mendocino (CEM) recopiló datos sobre los resultados de las pruebas Aprender 2017 y 2018 en la provincia y allí quedó reflejado, por caso, cómo los malos rendimientos escolares de los estudiantes secundarios de nivel socioeconómico bajo se duplican y hasta se triplican, en comparación con los rendimientos de los estudiantes de nivel socioeconómico más alto.

Ninguno de los protagonistas del sistema desconoce el dato más duro: uno de los factores decisivos que contribuye en el proceso educativo es la condición social y económica del hogar de donde proviene el estudiante. En este sentido - detectaron las Aprender- en Lengua los bajos desempeños alcanzan al 52,3% de los estudiantes de nivel socioeconómico bajo, en tanto que afectan al 18,8% de estudiantes del nivel más alto. En Matemáticas es peor: el 82,2% de los estudiantes secundarios de bajos recursos tienen desempeños no satisfactorios, mientras ese porcentaje (preocupante igual) se reduce al 46% cuando se trata de estudiantes provenientes de hogares más acomodados.

La pandemia sin duda profundizará estas desigualdades y es una amenaza para que, al final del problema, seguramente terminemos con chicos que no solo serán más pobres, sino también peor educados. Datos de la Dirección General de Escuelas ya advierten que entre abril y septiembre de 2020, hay por lo menos 15.000 alumnos con trayectorias débiles que han quedado atrás por no tener acceso a educarse y por diversos factores.

Un punto es vital para entender lo que está pasando con la reforma de Suarez: está claro que el gobernador se enfrenta a la decisión del gremio docente que rechazó sin más la posibilidad de sentarse, en el actual contexto de pandemia, a debatir cuál será el sistema educativo en la provincia a futuro y eso arrastró al peronismo y a otros partidos opositores que seguramente vaciarán de contenido al Congreso propuesto como marco del debate. Pero, como sucedió en diciembre, el gobierno está volviendo a pagar el precio de su nula capacidad para la acción política.

Existía un hecho evidente que el Ejecutivo no vio venir. En un escenario de ninguneo al SUTE que ya lleva varios meses y que incluso generó una presentación judicial por parte del sindicato para que se reabran las paritarias de este año, una semana antes de presentar su proyecto, Suarez decidió que se adelantaba el pago de los aguinaldos a los policías y al personal de la Salud y dejó fuera del anuncio a los maestros. Nada hacía presagiar que el ánimo docente para sentarse a discutir una iniciativa como ésta, más el desgaste que a esta altura ya genera el sistema de educación a distancia, iba a ser el mejor.

El debate se presenta justo en el arranque del proceso electoral interno del gremio docente, que ya desató la puja entre la Izquierda y el kirchnerismo y que tuvo su correlato en las redes sociales. Fue muy intensa allí la presencia de este sector bombardeando el borrador de proyecto, incluso con mucha información falsa que generó alarma y rechazo.

Para Sebastián Henríquez, el titular del SUTE, la objeción a esta reforma no solo está centrada en el momento en que se pretende debatirla sino que hay dos puntos que son los que generan escozor. Uno de ellos es la posibilidad que deja abierta el debate para terminar modificando el Estatuto Docente y el otro es la ratificación por parte de Suarez de que está decidido a avanzar con una de las ideas fuerza de José Thomas, el Director General de Escuelas: la creación de un Instituto de Evaluación Educativa. Aquí la idea siempre fue la creación de un ente autónomo, alejado de la conducción política de turno e incluso con un titular cuyo cargo requiera acuerdo del Senado y que sea asimismo el encargado de coordinar los operativos de evaluación. Pero también tendrá la misión de evaluar el desempeño docente y eso terminará afectando sin dudas los salarios. El sindicato resiste desde hace años la modificación del viejo estatuto (que viene de arrastre de la década del 50) y, aunque lo considera un tanto sobrevalorado a esa altura, pretende seguir discutiendo los cambios a la situación del sector en el marco de las paritarias. El Instituto para evaluar, es directamente un revulsivo. 

Mirando hacia el otro lado, no hay mucho más que tres puntos clave en la propuesta oficial. Lo que se pretende someter a debate es una ley marco para acoplar definitivamente a Mendoza a la Ley de Educación nacional (26.206) aprobada en 2006 y redactar una norma que regule al sistema para los próximos años. Se fijan criterios para sumarse a la realidad de la educación virtual y pautas para que el modelo de gestión educativa esté basado en evidencias científicas que surjan de la evaluación permanente. Ahora bien: el gobierno apunta a aprobar primero la ley marco y durante un proceso que podría durar entre un año y medio o dos, discutir más leyes que vayan ocupándose de otros asuntos y, entre ellos, los más controversiales.

Algo sí se le puede achacar a Thomas en cuanto a las críticas sobre la oportunidad. Avanzó sobre una reforma del sistema pero sin decir de dónde saldrán, ni cuántos fondos pondrá el Estado para tal revolución. Es decir, no existe una propuesta acerca del financiamiento educativo. Esa pata fue la clave, por ejemplo, que permitió avanzar con la Ley Nacional de Educación en 2006 cuando se definió en el Congreso establecer una meta de inversión para este ítem vital del 6% del Producto Bruto Interno.

El Gobierno responsabiliza a la pandemia, al aumento de gastos y a la imposibilidad de hacer proyecciones concretas por esa omisión. Y, en el borrador, directamente buscó sacarse el problema de encima. Redactó un artículo que establece que para financiar al sistema se destinará el 35% del Presupuesto, el mismo porcentaje que está establecido por ley desde 2002 y que, como se sabe, nadie cumple. Históricamente las autoridades escolares de los distintos gobiernos han eludido esa obligación y el financiamiento para Educación, en los últimos cuatro años por caso, rondó entre el 31% y el 33% (para el SUTE nunca llegó al 30%) como consecuencia de una interpretación acerca de qué gastos debían computarse y cuáles no de la pauta total. En 2020 la Dirección General de Escuelas cuenta con una presupuesto de $45.000 millones aproximadamente y, como también se repite a lo largo de los años, deberá destinar más del 90% de esos recursos al pago de salarios. En 2019, uno de los registros históricos más bajos, los sueldos de maestros y maestras abarcó al 93% de los recursos disponibles para la DGE.

También como forma de quitarse el problema, lo que se propuso a nivel oficial fue que el sindicato presentara su ley de financiamiento en el marco del debate en el Congreso. Podría ser una alternativa, aunque no el camino. Este punto dejó al desnudo nuevamente a la falencia política: Suarez habitualmente presenta proyectos que después no lidera, el gabinete reaccionó recién esta semana cuando la convocatoria al diálogo empezó a naufragar y los legisladores del oficialismo muchas veces se terminan enterando de las iniciativas que salen de la Casa de Gobierno siguiendo las conferencias de prensa.

El peronismo (el kirchnerismo en particular) puso en duda su participación en el Congreso Pedagógico sin muchos más argumentos que la preocupación que había generado en el sector docente el borrador de Thomas. Como ocurrió con el episodio de la minería, podría terminar dando, como aquella vez, otra voltereta en el aire: ahora se muestra reticente a dar el debate aunque a principios de setiembre impulsó en la Legislatura la creación de una Comisión Bicameral, que se terminó aprobando, para que en ese ámbito se discutan las reformas educativas. La Izquierda dijo que no y el flamante partido Ciudadanos por Mendoza (exProtectora) también criticó al proyecto por inoportuno, aunque terminó organizando en dos días un debate virtual  para terminar concluyendo que no es el momento de debatir.

Este corrimiento de las fuerzas políticas son un problema serio y no solo porque vaciarán de contenido al Congreso del gobernador. Sino porque, como se descarta, la reforma llegará antes de fin de año a la Legislatura y allí deberá discutirse en un escenario que será de pandemia todavía y que además además funcionará en la antesala de un año electoral y de elecciones en el SUTE. Si ahora no es el momento, el año que viene lo será mucho  menos con seguridad. ¿Cómo piensa el Gobierno sortear este problema? No hay muchas estrategias a la vista aunque, una sí se vislumbra y es apostar a que durante octubre y noviembre el sistema educativo debata el borrador, más allá de que el gremio y los partidos políticos lo rechacen. Si los docentes, los padres y los alumnos se terminan involucrando, se tomará esa actitud como herramienta de presión a los legisladores que reniegan en una provincia que precisa, como el país,  mejor su calidad educativa. Pero que también necesita como el aire apostar a construir sobre las coincidencias y no siempre sobre las diferencias.

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