Un daño político que Suarez se autoprovocó muy, pero muy rápido

Un daño político que Suarez se autoprovocó muy, pero muy rápido

El Gobierno dio marcha atrás con su intención de habilitar la minería, después de haber cometido varios errores políticos en un tema de profundo impacto en Mendoza. Por qué se apuraron los tiempos, cómo se evaluaron mal la protestas y cómo se intentó, tarde, revivir una ley que ya estaba muerta.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Solo el tiempo dirá cuál será la magnitud de la herida política que se le abrió a Rodolfo Suarez tras la derogación a la ley que buscó para impulsar la minería. A simple vista, aparece como grave.

Hay que bucear mucho en la historia institucional reciente de Mendoza para encontrar un fenómeno de las características que vimos en los últimos veinte días: un gobernador que prometió algo en la campaña, que lo primero que hizo al hacerse cargo fue asumir ese compromiso, que logró tejer un acuerdo político con la oposición peronista para llevarlo adelante en la Legislatura y que luego, solo una semana después, ante las protestas que arreciaron desde un sector de la sociedad y la crítica en varios niveles nacionales, debió primero suspender su plan, se quedó sin el respaldo político que había conseguido y terminó sepultando una estrategia en la que había puesto todas las expectativas para diversificar la economía y combatir tanto el desempleo como la pobreza.

Un solo aspecto puede resultar positivo de lo que sucedió. Se salió de un conflicto muy agudo en paz, ante un panorama que se avecinaba como sombrío en cuanto a las protestas y manifestaciones sociales.

El gobernador podrá buscar responsables afuera de la Casa de Gobierno por lo ocurrido. Aunque a esta altura no debería sorprenderse, por caso, por la voltereta en el aire del Frente de Todos que, ante el clima adverso generado por la derogación de la 7722, pidió voltear la misma ley que solo seis días antes habían votado sus propios legisladores.

Con el PJ mendocino no hay caso. Sigue atomizado y sin liderazgo, más allá de que, en esta etapa del debate por la minería, la excandidata y senadora Anabel Fernandez Sagasti trató de mostrarse como la referente de un partido que después de mucho tiempo había conseguido unificar criterios detrás de un tema importante para la provincia.

Lo sucedido entre Gobierno y oposición iba a tener un efecto colateral y se había trasladado a un aspecto más importante aún para esta administración: la discusión por el Presupuesto 2020 .

Si el Poder Ejecutivo no logra reunir los dos tercios de los votos necesarios para que le aprueben el endeudamiento de U$S300 millones que solicitó, más temprano que tarde el año que viene tendrá problemas fiscales y no podrá aplicar el mecanismo para refinanciación de la deuda. En medio de todo este debate, diputados y senadores peronistas no estaban dispuestos a levantar la mano.

Por lo menos tres factores habrían incidido en la drástica decisión de parar la pelota con la minería, cuando el partido estaba decidido que se jugara al ataque.

Uno de ellos, claro está, fue el retroceso del peronismo del que Suarez se alertó horas antes de haber salido en esa conferencia de prensa del jueves en la que se lo vio con gesto adusto y enojado.

El otro fue que nadie en el Gobierno midió la magnitud de las protestas que fueron creciendo día a día. En la primera semana de discusión de la ley, las manifestaciones fueron muy acotadas. Pero el último sábado y domingo y sobre todo los incidentes del lunes terminaron estructurando el escenario de preocupación.

Un punto parece haber sido decisivo: algunos informes de inteligencia de la policía le marcaron al gobernador la probabilidad de que se produjeran cortes en la entrada del Aeropuerto y en las rutas 7 y 40. La situación se tornó compleja cuando, desde la Nación, recibieron la confirmación de que Gendarmería de ninguna manera iba a participar del despeje de esas vías que son de jurisdicción nacional.

Alberto Fernandez jugó con su silencio. Primero respaldó lo que estaba sucediendo en Mendoza y la decisión de avanzar con la minería, pero cuando las manifestaciones fueron creciendo no habló más del tema públicamente.

No se habrían producido contactos directos entre Suarez y el Presidente, pero desde aquí se siguieron con mucha atención las declaraciones a los medios del Secretario de Ambiente, Juan Cabandié, quien en todo momento expresó la “preocupación” de la Casa Rosada por los acontecimientos.

Suarez no entendió quizás, y ahí puede estar el origen de la crisis, la magnitud y la profundidad que tiene el debate por la minería en Mendoza. Que no es de ahora, lleva más de una década.

Basta ver cómo año a año centenares de personas desfilan por el Carrusel de la Vendimia en rechazo a la actividad, cuando desde hace años es prácticamente inexistente. O cómo la simple mención de la palabra cianuro, levanta y saca a las rutas a dos departamentos enteros como General Alvear y San Carlos, lugares en los que, el sentimiento antiminero es parte vital de su funcionamiento como comunidad.

Las intenciones pudieron haber sido buenas. En una provincia que necesita generar riqueza, la alternativa de la minería no es una mala opción. Pero los fantasmas que se agitan sobre la actividad (válidos algunos de ellos) son muchos en la Argentina y eso arrastra la provincia. Y el mecanismo elegido para dar la discusión no fue el mejor a la luz de los resultados.

Lo dijo el propio Suarez el jueves, día del retroceso. “Mi pedido a mis funcionarios es que aceleren, aceleren y aceleren con los temas”.

La minería en Mendoza no es una cuestión para ir a fondo, requería de la prudencia necesaria para evitar estrellarse.

Lo que sucedió, puede servirle de aprendizaje a quien pasó de manejar con cierta comodidad un municipio y se encontró de pronto con que las condiciones para conducir una provincia realmente son muy distintas.

Claramente un área de su gobierno le planteó a Saurez el camino de la búsqueda de consensos como camino previo a la presentación de un proyecto de ley que modificara la 7722. Pero el mandatario prefirió acelerar. Y tanto que hasta intentó incluso, sin éxito, sancionar esos cambios antes de asumir.

El tiempo que no quiso perder al tomar el control de la provincia, lo deberá perder ahora para tratar de recomponerse de una derrota política que se produjo muy, pero muy rápido, además.

Uno de los aspectos clave que quizás no se generó fue la confianza. Y ya no con los ambientalistas duros o en los habitantes del Sur o del Valle de Uco a los que ningún argumento los haría cambiar de opinión.

Sino en el resto que, en una mezcla de desinformación, incertidumbre y angustia, observó el debate intentando definir si estaba bien o mal que se instalaran las mineras en nuestra montaña.

La confianza en este asunto pasa por un aspecto escencial: que quedara demostrado que los controles del Estado serían implacables con las empresas, que no sucumbirían a su poderío económico, que se efectuarían de manera constante y preventiva y que, asimismo, los inspectores contarían con toda la tecnología necesaria para poder hacer bien su trabajo.

Lo que prometía Suarez es que así se iba a hacer a futuro. Un cheque en blanco que no todo el mundo estuvo dispuesto a otorgarle.

La confianza se construye a través de un proceso en el que los gobiernos van demostrando que, por caso, los controles van en serio o que están disponibles los presupuestos para crear cuerpos de policías ambientales y dotarlos de tecnología.

Nada de eso hoy existe. La Dirección de Minería tiene una veintena de empleados y un solo inspector en la actualidad. Podrá argumentarse que hay tiempo, que las mineras tardarán años en instalarse. Pero tampoco esa respuesta es válida: el proyecto de cobre de San Jorge, en caso de que hubiera resultado autorizado con la fallida normativa, habría estado en condiciones de comenzar a operar en menos de ocho meses.

Algo más nunca estuvo: la empatía con quien se opone a la minería, que era fundamental para este proceso de diálogo. El propio gobernador, en el momento de verse obligado a llamar al consenso, se mostró siempre a la defensiva y molesto. Lo mismo los funcionarios que estaban a cargo del debate.

La convocatoria al dialogo planteada como ultimo recurso duró poco más de un día. Los primeros encuentros para hallar una salida comenzaron y a decir verdad, fueron muy poco fructíferos para la posición gubernamental. La Iglesia Católica abrió el juego, pero reflexionó que ya era un poco tarde para sentarse a discutir.

Las Reinas Vendimiales, inéditas protagonistas del conflicto, se sentaron alrededor del gobernador y concluyeron tras la reunión que había disposición oficial a derogar la Ley 9209 de la discordia. Lo que fue increíble fue la exposición del propio Suarez al dialogar con los asambleístas de San Carlos, quienes directamente le dijeron que no tenían nada que discutir, leyeron un panfleto y se retiraron de la mesa de debate.

Los procesos de este tipo no podían agotarse en una sola reunión. Ya hay experiencias que así lo demuestran. Se necesitan a veces hasta dos y tres encuentros para que las partes se escuchen y encuentren una salida. Si esa era la estrategia aplicada, podría haberse encontrarse el éxito. Si los contactos quedaban aquí, como aparentemente estaba sucediendo, el fracaso estaba garantizado.

Lo fundamental era encontrar sinergia. Es decir, ir convenciendo poco a poco a los que se oponían y generar un efecto contagio en el resto. Pero en estas condiciones ¿Quién se iba a sentar primero a acordar con el gobernador para que el resto lo siguiera? La misión resultaba imposible.

Las presiones de siete intendentes que suspendieron sus respectivas Vendimias departamentales, las redes sociales y los artistas de renombre que criticaron muy duro, hicieron el resto del trabajo.

En realidad, cuando Suarez anunció el jueves al mediodía que se suspendía la reglamentación de la ley la sensación era que esa misma letra ya estaba muerta.

Para otra oportunidad, quedará la alternativa de la consulta popular que fue convocada en medio de una confusión jurídica notable por parte del gobernador. Claramente un llamado de este tipo no puede ser vinculante porque la Constitución Provincial no lo preve.

Ahora bien, no era lo mismo cualquier resultado. Estaba claro que había sectores sociales e incluso políticos que saldrían a hacer campaña por el NO a la minería. El Gobierno, los empresarios del sector y no muchos más impulsarían el SI.

Si el gobernador ganaba, hubiera superado el trance. Pero si perdía, el daño iba a ser irreparable para quien le todavía le queda toda una gestión completa por delante. Aunque con lo que sucedió, ese daño ya parece estar hecho.

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