Suarez y el camino que transita entre la convicción y el susto

Suarez y el camino que transita entre la convicción y el susto

Convencido de un modelo aperturista, el gobernador apela al botón rojo cada vez que percibe que los contagios pueden salirse de control. Los riesgos de una política de "on-off" que no permite aplicar medidas sustentables, ante una pandemia que durará todavía bastante tiempo más.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Entre la convicción y el susto. Esos son los carriles por los cuales Rodolfo Suarez está transitando esta etapa sumamente crítica de Mendoza en el marco de la pandemia y esta situación que se vio reflejada en la forma ¿inesperada? en la que el gobernador apretó el botón rojo de la cuarentena ante la posibilidad de que miles de jóvenes salieran a festejar el día de la primavera después de seis meses de encierro y terminaran por hacer explotar la cantidad de contagios.

Durante las últimas semanas, cuando el virus comenzó a circular de manera descontrolada, Suarez manifestó en público y se lo dijo incluso a Alberto Fernández, su convicción de que el aislamiento no es el único modelo a aplicar. Pero cuando cada vez que la situación se tornó difícil, el criterio fue elegir la solución que propone el presidente.

Lo hizo cuando los contagios se extendieron entre las personas de entre 15 y 30 años y mandó cerrar los bares, restringir las actividades de los restaurantes y clausurar las actividades en los clubes. Anunció que lo iba a hacer en el momento en que, ante el inminente colapso del sistema sanitario, la Casa Rosada casi que le dijo que si no cerraba iba a ser responsable de un genocidio. Y definitivamente apeló a un virtual toque de queda, ante el movimiento de gente que iba a generar en las calles el día de la Primavera.

La política del “on-off” está dejando sus consecuencias. En lo económico basta ver la realidad del rubro grastronómico. Muchos dueños de restaurantes están advirtiendo por una agonía lenta producto de las aperturas y posteriores restricciones y basta sentarse en cualquier café del centro para escuchar los resongos de los dueños que, con la única posibilidad de atender clientes en la vereda, no les alcanza si quiera para cubrir los costos de su local.

Con críticas y elogios, Suecia es el país que enfrentó la pandemia con una política que se basó en la ausencia de restricciones. El sanitarista sueco  Anders Tegnell, encargado de aplicar ese modelo en el país, graficó de esta manera la forma en que manejaron este asunto en particular. “ No creemos que sea viable tener este tipo de cierre, apertura y cierre drásticos. No se pueden abrir y cerrar escuelas. Y probablemente tampoco puedas abrir y cerrar restaurantes y cosas así muchas veces. Una o dos veces, sí, pero luego la gente se cansará mucho y las empresas sufrirán más que si las cierras por completo ”.

A esta altura está claro que la pandemia es una realidad a largo plazo y que nos resta todavía un recorrido igual de largo al que iniciamos el 20 de marzo. Los principales países de Europa se están reorientando a no aplicar medidas restrictivas, sino medidas que sean sustentables. O dicho de otra forma: muchos Estados abandonaron ya el concepto de “lucha contra el coronavirus”, para pasar a otro en donde la realidad impone que a lo que se apunta es a “vivir con el virus” aún con los rebrotes fuertes que están teniendo desde el fin del verano

¿La provincia está mirando eso? No queda del todo claro. Una medida sustentable sería, por caso, reforzar de manera aún más sostenida las terapias en los hospitales para que el sistema no colapse y, a su vez, tener margen para no tener que aplicar restricciones. Los recursos disponibles atentan contra esto, está claro. Pero en los seis meses que llevó de preparación del sistema, se amplió de 280 a 350 la cantidad de camas críticas y dio la impresión de que todo colapsó muy rápido.¿Cómo se hará para cubrir la promesa de 400 o más camas de estas características en un contexto de crisis financiera? Es la gran duda.

¿Se está preparando la provincia para la temporada de verano que , según ya anticipó el gobierno nacional, quedará habilitada? Los vuelos de cabotaje regresarían en octubre en la Argentina y Mendoza fue la primera provincia que cerró su aeropuerto en marzo. ¿Cuál será la estrategia para que el turismo nacional pueda volver sin que eso signifique un riesgo mayúsculo?

¿Qué pasará con las clases presenciales? Ya es un hecho que durante 2020 los chicos no volverán a las aulas y habrá que ver qué se decide con miles de alumnos que no lograron seguir el ritmo de las clases virtuales y que serían los primeros en sentarse otra vez cara a cara frente a sus maestras. El gobierno escolar asegura que Suarez ya instruyó para que en marzo, sí o sí y pase lo que pase en ese momento, el ciclo lectivo vuelva a la vieja normalidad. Mientras tanto, reconocen un efecto duro: el entusiasmo inicial de alumnos y docentes por la virtualidad fue decayendo con los meses, hasta llegar a un nivel de agotamiento y saturación graves que se viene detectando desde agosto y luego de las vacaciones de invierno.

Los intendentes del Gran Mendoza respaldaron al gobernador en su vuelta de dos días a la Fase 1, bajo el argumento de que una medida tan drástica serviría para que “la gente tome conciencia”. Quedó en evidencia que la estrategia comunicacional del Gobierno se está basando en el miedo y la culpa, como se vio en el ultimo spot de la previa del día del Estudiante.


El psicólogo Mauricio Scibila analiza con preocupación ese mensaje. “Esta estrategia extendida en el tiempo genera conductas de depresión, ansiedad, angustia, fatiga, saturación, hostilidad y violencia. Este cóctel dificulta la reactivación de cualquier actividad personal o social. El problema es, y va a ser, cómo sacamos a la gente de ese refugio. ¿Cómo la activamos y cómo atravesamos ese miedo y esa culpa?” .

Aquí, a la hora de la toma de decisiones, vuelve la vieja discusión entre los conceptos de poder y de autoridad. El poder es una imposición basada en el miedo y el control. La autoridad, por el contrario, está centrada en la construcción del respeto y de la confianza. Tremendo desafío para el gobernador, que en medio de un crisis sin precedentes, debe debatirse acerca de cuál de los caminos transita.

Mientras tanto, tratando de pasar por encima de la situación de pandemia, nadie podrá decir que Suarez no cumple sus promesas de campaña. Como forma de salir de la agenda de la crisis ya presentó hace un tiempo su propuesta de reforma de la Constitución y esta semana se conoció el borrador del proyecto que apunta a generar una ley marco para mejorar el sistema educativo. Dos iniciativas, junto al desarrollo de la minería, con las que había machacado en sus épocas de candidato.

Es destacable que los compromisos asumidos se concreten, aunque en estos casos haya un pero. La reforma fue presentada en la Legislatura hace ya cuarenta días y la Comisión de Asuntos Constitucionales todavía no interviene. Es cierto que el peronismo ya anunció que no se meterá en el debate hasta que termine la pandemia, fecha difusa si las hay. Pero la iniciativa reformista del gobernador estuvo marcada por la desidia política desde el primer momento: fue girada para su tratamiento legislativo sin haber hablado ni un solo punto con la oposición en los meses previos y hasta el propio oficialismo se sorprendió el día en que el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, dejó el proyecto en la mesa de Entradas de la Casa de las Leyes en los primeros días de agosto pasado.

Como gancho, se buscó vender la propuesta como una reforma que apunta a bajar el gasto del funcionamiento de la política con dos ideas fuerza: la eliminación de una Cámara legislativa y de las elecciones de medio término. Nunca hasta ahora, el gobierno pudo justifica con números al primer punto. A decir verdad la Legislatura representa el 0,9% de los gastos totales del Presupuesto, lo que se traduce en una cifra aproximada de $1.700 millones en total. Con respecto a la cuestión electoral el supuesto ahorro podría resultar nulo si sale completa la propuesta oficial. Por un lado se quitan las elecciones de medio término, pero por el otro se introduce la doble vuelta para la elección a gobernador con lo cual, por período, el Estado podría terminar afrontando el costo de dos elecciones como sucede en la actualidad.

La propuesta de reforma educativa también es una promesa que, no por cumplida, también corre el riesgo de quedarse a mitad de camino. Antes de avanzar una cuestión: la manera en que se debatió una nueva ley de educación en los últimos años marca el triste grado de prioridad que el tema siempre tuvo. Hace 14 años que se viene debatiendo una modificación a una ley provincial vigente que data de 2002 y que además es necesaria para acoplar la legislación mendocina a la Ley de Educación nacional (26.206) aprobada en 2006. En 2014, durante el gobierno de Francisco Pérez, se hizo un intento que naufragó aunque el proyecto pasó el filtro de una de las Cámaras.

El 1 de Mayo, en su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa, el gobernador anunció dos proyectos en materia educativa: uno de ellos  para generar un marco normativo en la provincia que se termine de adaptar a lo que marca la Ley de Educación Nacional y otro para crear en Mendoza un Instituto de Evaluación de Calidad Educativa. Lo que se discutirá por ahora es solo el primero de esos dos anuncios, el otro quedará para más adelante. Más que en la cabeza del gobernador, la idea del Instituto siempre estuvo en la cabeza del Director General de Escuelas, José Thomas, desde tiempo antes de ser designado ministro.

El concepto era generar un ente autónomo, alejado de la conducción política del gobierno de turno e incluso con un titular cuyo cargo requiera acuerdo del Senado, que sea asimismo el encargado de coordinar los operativos de evaluación internacionales (Pisa), los nacionales (Aprender u otros) y los que se lleven adelante a nivel provincial. La misión era también que se encargue de valorar el estado de la infraestructura escolar y, fundamentalmente, evaluar el desempeño docente.

No se animaron. Quizás por los antecedentes que este tema acarrea desde 2014 cuando la ley se cayó, precisamente, por la discordia que se generó en aquél momento con el SUTE. Aunque la explicación que dan es más general. Ante un escenario político muy crispado con la oposición y no menos tenso con el gremio docente, el gobierno apunta a aprobar primero la ley marco para fijar los cambios necesarios en materia educativa y durante un proceso que podría durar entre un año y medio o dos, discutir más leyes que vayan ocupándose de otros asuntos y, entre ellos, los más controversiales.

En ese proceso se espera lograr acuerdos en el Congreso Pedagógico que comenzará a mediados de octubre (que será anunciado por Suarez esta semana) para después pasar a la otra instancia. Si en estos tiempos (según la mirada del Gobierno) los consensos son difíciles de lograr, lo que viene no es más prometedor. El debate sobre el futuro de la educación se dará en coincidencia con la discusión paritaria docente por aumentos salariales (que este año no existió), coincidirá además con los comicios generales en el SUTE y, por si fuera poco, el tema se agitará durante un año electoral. Lo mejor que puede ocurrir es que la mirada voluntarista del gobierno se imponga, aunque la realidad podría terminar marcando que, otra vez, terminaríamos esperando para tener un modelo educativo que saque a la provincia de este estado actual de cosas.

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