En medio de la pandemia, qué quiere hacer Suarez con la educación

En medio de la pandemia, qué quiere hacer Suarez con la educación

El gobernador anunció dos proyectos que todavía no superan la etapa de borrador. Uno de ellos para adaptar a Mendoza a la normativa nacional y terminar con un debate que lleva 16 años y el otro para crear un organismo autónomo que evalúe la calidad educativa. Y eso incluye a la evaluación docente.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Solo el paso de las semanas dirá, si las promesas asumidas en materia de política educativa por Rodolfo Suarez el 1 de Mayo se convertirán en proyectos de ley para que las debata la Legislatura o quedarán, tal como se notó en otros temas, en meros anuncios de un gobernador necesitado de proyectar a la provincia más allá de la crisis fenomenal desatada por el coronavirus.

La pandemia le robó casi todo el espacio al mensaje ante la Asamblea Legislativa, aunque Suarez apeló a un par de viejas promesas de campaña como forma de presentar asuntos de agenda que, asimismo, no escapan del todo de lo que está sucediendo: habló de encarar una reforma de la Constitución para achicar el gasto de la política y de que enviará para su tratamiento dos proyectos educativos.

Uno de ellos será para generar un marco normativo en la provincia que se termine de adaptar a lo que marca la Ley de Educación Nacional y otro para crear en Mendoza un Instituto de Evaluación de Calidad Educativa.

A decir verdad, las dos iniciativas hoy están apenas en etapa de borrador dentro del Poder Ejecutivo y el más novedoso, la creación de un ente para evaluar de qué manera los chicos están aprendiendo pero también de qué manera los docentes están enseñando, es aún algo menos que eso.

La discusión educativa se coló estos últimos días por otro lado. La Dirección General de Escuelas demora una resolución que determinará que los alumnos de nivel primario y secundario serán evaluados en el marco de la educación a distancia, pero que esa calificación que obtengan en este primer período escolar no será tomada en cuenta a la hora del promedio de fin de año. José Thomas, el titular de la DGE, tiene prácticamente resuelto desde hace una semana este asunto que generó cierto grado de controversia tanto a nivel nacional como entre algún sector docente.

Para el ministro de Educación, Nicolás Trotta, la educación a distancia, por los problemas estructurales de la Argentina, no está llegando de la misma manera a todos los hogares y evaluar el rendimiento escolar hasta aquí en los sectores más desprotegidos podría profundizar la desigualdad. Algunas provincias importantes como Córdoba ya fueron en ese sentido y allí se decidió que no habrá calificaciones a los chicos hasta que no regresen las clases presenciales. La ciudad de Buenos Aires, podría seguir en los próximos días el mimo camino.

Sin embargo esa mirada no es la que  Thomas decidió aplicar en Mendoza. El gobierno escolar provincial coincide con que la educación virtual no llega de la misma manera a todos los hogares, pero para ellos la evaluación, lejos de estigmatizar, puede servir para reconocer dónde está ese problema. Lo que se hará es no acreditar esa nota, pero sí se les pondrá valores a los alumnos para saber qué están aprendiendo y se les dará una devolución.

Una idea comenzó a rondar en las mesas de debate educativo a nivel nacional y en algunas provincias como la nuestra. La vuelta a clases dentro de algunos meses, podría no abarcar a todos y concentrarse solo en aquellos chicos que tuvieron problemas este año para seguir los dictados a distancia. Pero para ello, habrá que saber quienes integran esa población.

Con respecto a los anuncios de Suarez, la manera en que se debatió una nueva ley de educación en los últimos años marca el grado de prioridad que el tema tiene en la agenda: después de debatirla durante ocho años, esa iniciativa naufragó en 2014 durante el gobierno de Francisco Pérez luego de que una de las cámaras la aprobara y la otra la rechazara. El punto de discordia en aquél momento fue, precisamente, la evaluación de los docentes. Durante la gestión de Alfredo Cornejo el tema nunca se tocó.

Sin embargo este escenario se agrava cuando se analiza que, en realidad, la norma se estaba debatiendo en aquella oportunidad por la necesidad de acoplarla a la Ley de Educación nacional (26.206) aprobada en 2006. Es decir, hace 14 años que se debate una modificación a una ley provincial vigente que data de 2002 y que habla, por ejemplo, todavía de Polimodal y de EGB.

En este aspecto no habría demasiadas novedades en cuanto al proyecto que se anunció el viernes pasado. Se menciona la alternativa de que será una ley “simple y de pocos artículos” que en esencia cumpla con la necesidad de amoldar la normativa provincial a la nacional. El proyecto que naufragó en 2014 y que se discutió por casi una década será dejado de lado, para avanzar en uno nuevo que contenga, entre otros aspectos, contenidos generales que después permitan discutir, a través de otras leyes, acerca de los distintos niveles educativos en particular.

Se descuenta que la ley terminará incluyendo un capítulo que regulará la educación a distancia, modelo que se está aplicando desde el comienzo de la cuarentena con algunas deficiencias que a esta altura del proceso bien podrían ser disimulables: docentes y alumnos tuvieron que adaptarse el método de un día para el otro y, sobre todo los maestros, sin capacitación previa.

La novedad en la propuesta del primer mandatario, estuvo en el anticipo de que se impulsará la creación de un Instituto Provincial de Evaluación de la Calidad Educativa una idea que, más que en la cabeza del gobernador, está en la de Thomas desde tiempo antes de ser designado ministro.

Aquí el concepto es generar un ente autónomo, alejado de la conducción política del gobierno de turno e incluso con un titular cuyo cargo requiera acuerdo del Senado, que sea asimismo el encargado de coordinar los operativos de evaluación internacionales (Pisa), los nacionales (Aprender u otros) y los que se lleven adelante a nivel provincial. Está en carpeta también que se encargue de valorar el estado de la infraestructura escolar y que se encargue de evaluar el desempeño docente.

No se sabe el alcance que tendrá esta último punto de la propuesta y si servirá o no (como se discute en Mendoza desde hace algunos años y ya está aplicado en otros lugares del continente) para determinar las mejoras salariales en el salario docente que hoy están basadas fundamentalmente en la antigüedad.

El gobernador podría haber avanzado por decreto en la conformación de un Instituto de estas características, pero optó por exponerlo políticamente con la oposición para lograr consenso. Lo que está claro es que este paso no sera sencillo: el SUTE se mostró históricamente reticente a dar este debate e incluso, como se dijo, este fue el motivo de que fracasara la discusión legislativa de 2014. Por ello, muy seguramente, se terminarán presentado dos iniciativas. Una que apunte a establecer un nuevo marco normativo y otra que discuta aparte cómo será la evaluación del sistema.

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