Por qué pasamos de "Portezuelo Sí" a "Portezuelo no sé"

Todo el gobierno respiró aliviado el martes pasado cuando, exactamente a las 13.08 horas, en las pantallas de la computadora del Ministerio de Hacienda aparecieron depositados en la cuenta de la provincia los U$S 18.579.735 correspondientes a la cuarta remesa de la deuda que la Nación contrajo con Mendoza para financiar Portezuelo del Viento.

Fueron varios los funcionarios que festejaron el gol, incluso, con un entusiasmo que sonó desmedido. El alivio tenía un fundamento que no estaba sustentado tanto en la posibilidad concreta de que, ahora sí, con la confirmación de la plata, la obra efectivamente se vaya a realizar. Si Alberto Fernández no pagaba lo que le correspondía, la posición de Rodolfo Suarez hubiera sido tan incómoda como políticamente difícil: el default de esa deuda habría obligado al gobernador a reclamar ante la Corte Suprema de Justicia el pago de la totalidad del bono emitido en 2019 por el gobierno de Mauricio Macri por un total de 1.023 millones de dólares.

Si la plata no entraba no había Plan B, aseguran en el gobierno. “Esto es una Letra y no tenía ninguna lógica que no pagaran. Había muy pocas probabilidades de un no pago. En un proceso de renegociación de deuda argentina… ¿Iban a tomar el riesgo de defaultear una letra que hace dos meses se excluyó de un reperfilamiento? Hubiese sido una locura”, reconocieron a nivel oficial.

Fue muy particular la reacción del gobernador cuando se confirmó que seguían entrando los fondos para la obra: Alberto pagó, pero Suarez puso en duda la continuidad de Portezuelo y reveló que se está trabajando en alternativas para financiar otros proyectos hidroeléctricos que no sea este en el Sur, que tanta controversia y dilaciones viene arrastrando desde hace años.

La confirmación de la búsqueda de alternativas puede parecer una contradicción con la “malvinización” que el propio Suarez hizo del tema, cuando el presidente actuó en sintonía con La Pampa y le puso, hace dos meses, un freno a la construcción de la represa en Malargüe utilizando como excusa la falta de acuerdo de las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

Este paso de un “Portezuelo Si” a un “Portezuelo veremos” tiene su lógica: el Gobierno atisba que será muy difícil destrabar el problema con los pampeanos y la urgencia de la crisis económica no puede esperar por la resolución de esa rosca que no tiene una línea de tiempo definida. Por caso: se espera que el presidente termine laudando en el marco del COIRCO, pero nadie puede aventurar cuándo lo hará. Macri tuvo que enfrentar una situación similar en 2017 y se tomó más de un año para definir, en su momento, la continuidad de Portezuelo en ese mismo comité de cuenca del Colorado.

Un viejo maestro de abogados en la provincia dijo casi a los gritos, en público, lo que en el propio gobierno (e incluso el propio Alfredo Cornejo) venían analizando en privado desde que los problemas empezaron.

En términos un tanto dramáticos, Miguel Mathus Escorihuela planteó que “Mendoza no debe gastar ni un solo peso en Portezuelo del Viento. Tiene que dedicarlo a obras públicas de interés para la provincia, y hay que hacerlo rápido porque la situación es crítica. En no más de 90 días habrá una explosión de la crisis social y económica que debemos contener ahora”, alarmó.

"Lo que le pido al gobernador es que apure el paso porque la crisis se nos viene encima. Mendoza tiene que destinar ese dinero para un plan de desarrollo productivo destinadas al bienestar de la población y lo debe hacer en los próximos 90 días”, sentenció.

No está muy claro si la voz de Mathus rebotó en los despachos oficiales, pero lo que sí es un hecho es que la continuidad de Portezuelo está siendo sometida a una serie de variables a esta altura.

El objetivo continúa siendo lograr licitar la obra al único oferente que es la UTE conformada por la empresa china Sinohydro, IMPSA, Obras Andinas y Ceosa. Pero ya nadie asegura que el proceso cumplirá los plazos previstos para que la adjudicación se realice a fin de año, como estaba previsto. Los chinos, que vienen de una experiencia nefasta en Ecuador tras haber construido un dique que se resquebrajó, acaban de lograr otro mega contrato: ganaron una licitación en Pakistán para construir la represa más grande del mundo. Es el proyecto Diamer-Bhasha, que estará terminado en 2028 y tendrá una capacidad de generación de energía de 4.500 megavatios. La potencia instalada de Portezuelo será, si se hace, de 210 megavatios.

Desde hace unas semanas Mendoza viene analizando una propuesta de la provincia de Río Negro, como integrante del COIRCO, que fue respaldada por Neuquén y que se presentó como un posible camino de acuerdo. Técnicamente, lo que aportaron los rionegrinos es saltar por encima de la Ley de Obras Hídricas de la Nación, cuya aplicación en el expediente reclama La Pampa, lo que le evitaría a nuestra provincia sujetarse a leyes nacionales cuando el proyecto es meramente provincial.

Eso permitiría acelerar el proceso para la realización de nuevos estudios de impacto ambiental que los pampeanos reclaman, aunque desde acá los dan por cumplidos. Además los patagónicos proponen que el COIRCO tenga facultades para sancionar a Mendoza en caso de incumplimientos.

Víctor Ibáñez, el ministro de Gobierno y representante de la provincia ante este comité, no le cerró la puerta a la idea. Pero existen dos trabas: una de ellas es que Río Negro pretende que no se adjudique Portezuelo hasta que se haya alcanzado un acuerdo total y el otro punto, el clave en esta negociación, es que lo que se presentaron hasta ahora son solo “alternativas” que no están escritas en un papel y que no se saben jurídicamente de qué manera se van a terminar implementando.

Por eso ya se abrió la puerta a que se esté pensando en tomar ese bono de U$S 1.023 y desarrollar otros proyectos. Mathus estimó que la “obra del Siglo” puede tardar entre cincuenta y setenta años en verse completamente finalizada y ante esto resaltó que "la provincia no verá los beneficios económicos y productivos en el mediano o corto plazo". El gobierno no es tan pesimista en este aspecto. Pero sí coincide con el prestigioso abogado en que los recursos comprometidos por la Nación, a esta altura, no deberían destinarse solo a Portezuelo.

Una argumentación política y otra jurídica sostienen esto. Portezuelo del Viento comenzó a proyectarse a mediados de la década del 40 y pasó de escritorio en escritorio hasta que más de 60 años después, en 2006, Julio Cobos la subió a un acuerdo extrajudicial por $1.000 millones con Néstor Kirchner que nunca se cumplió. Alfredo Cornejo reflotó en 2018 ese acuerdo, trató de reestructurarlo con Mauricio Macri y lo consiguió en 2019 a través de una cancelación de esa deuda en bonos emitidos en dólares. Cobos se empecinó con la obra y Cornejo, años después, buscó reflotarla para no perder la vigencia de ese arreglo.

En el convenio que se firmó durante la gestión anterior se estableció, en la cláusula Tercera, que “las letras intransferibles serán depositadas en una cuenta comitente de la provincia en el Banco de la Nación Argentina y sus servicios serán transferidos a un fideicomiso que será constituido por la Provincia a los fines de la ejecución de la Obra (Portezuelo) y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.

Existe una discusión finita desde el punto de vista jurídico. Si toma ese dinero y lo destina a otros proyectos ¿Mendoza puede hacer solo obras hidroeléctricas o podrá hacerlas de todo tipo? El gobierno opta por el criterio más amplio.

Suarez habló de la alternativa de financiar parques de generación de energía eólica y solar e incluso mencionó a la represa El Baqueano, en San Rafael, como posible destino de la plata de la discordia. Pero existen varios proyectos históricamente diseñados.

Desde el regreso de la Democracia en 1983, Mendoza viene desarrollando el complejo hidroeléctrico Cordón del Plata, un proyecto que consiste en una serie de represas pequeñas con seis centrales eléctricas para regular el río Mendoza. En los años 90 se le terminó de dar forma a esa idea que jamás encontró recursos hasta el año 2006 cuando, el entonces gobierno de Néstor Kirchner, incluyó a este conjunto de diques dentro de un paquete de 12 obras prioritarias para la Nación. Más allá de esa declaración política, nunca estuvieron los recursos para desarrollar este plan que, en conjunto con Potrerillos, cambiaría la realidad del Gran Mendoza y es lo que los especialistas coinciden en que hay que hacer.

Otra obra que tuvo muchas idas y vueltas fue el dique Los Blancos, un complejo hidroeléctrico sobre el río Tunuyán y al oeste de La Consulta. Durante los dos gobiernos de Cristina Kirchner se anunció varias veces que el financiamiento necesario para hacer esta represa por U$S $1.500 millones estaba disponible, pero en 2015 la falta de ese dinero más la ausencia de un proyecto ejecutivo, hicieron naufragar todo.

En el camino se encaró un proceso de licitación que derivó en un conflicto entre IMPSA y la empresa Cartellone, que llevó a la particular intervención de Cristina para que la obra se la quede esta segunda constructora, pero exigiendo que Enrique Pescarmona, a modo de compensación, se quedara con el negocio de la generación eléctrica. Las dos empresas terminaron lanzándose impugnaciones cruzadas que terminaron en la Corte.

En provincias vecinas se avanzó de otra manera. San Juan, por caso, ya va por la construcción del cuarto dique en el marco del Sistema de Aprovechamiento de su río más importante (el San Juan, precisamente). Mientras aquí los tiempos se dilatan. Y demasiado: Mendoza construyó Potrerillos, pero demoró una eternidad en completar las obras complementarias de ese mismo proyecto y tardó casi 18 años en terminar el túnel de Cacheuta y unos 20 en habilitar el túnel 1 de la ruta 7 (también en la zona de Cacheuta) que fue inaugurado hace un par de meses nada más.