El peligro de los chinos y el favoritismo, las alarmas para Portezuelo

Si a esta altura para mucha gente Netflix se ha vuelto imprescindible, luego de que el viernes se ratificara que empresas chinas están detrás del negocio para hacer Portezuelo del Viento hay una serie que, en Mendoza, se ha vuelto más necesaria aún.

American Factory es un documental financiado por el expresidente Barack Obama y fue la película ganadora del Oscar 2020 en su categoría y narra, poniendo el dedo en la llaga, la manera en que el desembarco de capitales chinos en Dayton, Ohio, un pueblo de Estados Unidos, termina generando una brecha enorme entre la cultura empresarial china y la norteamericana con un saldo desolador: lo que parecía ser un rescate de una fábrica quebrada dedicada a la fabricación de autos, se termina convirtiendo en un salvavidas de plomo para los que allí trabajan, reconvertidos, luego del desembarco chino, en fabricantes de cristales para vehículos. El punto central del documental, es la explotación de los empleados de esa fábrica por parte de sus nuevos patrones extranjeros.

Quizás Rodolfo Suarez haya visto el film. Una complicación de salud de urgencia lo terminó forzando el viernes a la mañana  a hacerse unos chequeos médicos que no fueron tan de rutina como se anunció de manera oficial y se perdió el pomposo acto que el Gobierno había organizado en la Nave. Pero no pudo: allí se realizó la apertura de los sobres con las ofertas para “la obra del siglo” que, como se sabía desde hace más dos meses, tenía un único consorcio detrás que se quedará, si la licitación llega a buen puerto, con una obra que tiene un presupuesto de poco más de U$S 1.000 millones. Aunque un costo estimado de alrededor de U$S 700 millones.

Por supuesto que el marco de ese acto fue de incertidumbre total. Las dudas acerca del futuro están generadas por la decisión de Alberto Fernández de reabrir, por presión de La Pampa, la discusión por los estudios de impacto ambiental en el marco del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) que podría provocar, llegado el caso, que independientemente de la decisión política que tenga, Suarez se vea forzado a demorar el proceso e incluso a postergar la adjudicación que está prevista para antes de fines de este año.

Nadie sabe en el Gobierno ni sobre qué temas y cuándo laudará efectivamente Fernández en este conflicto, aunque ya se conoce qué buscan los pampeanos. Básicamente, la realización de nuevos estudios de impacto ambiental que se realicen bajo el amparo de la ley nacional 23.879, que estableció, entre otros aspectos, la obligatoriedad de esos estudios para que la construcción de represas hidroeléctricas en el país sean avalados por tres ministerios al menos. Si Alberto lauda en ese sentido, el retraso para Portezuelo será importante.

El otro punto es esperar para ver qué sucederá el 28 de este mes. Ese día, el Gobierno nacional deberá efectuar el cuarto desembolso del bono emitido en 2019 por U$S 1.023 millones, que no es otra cosa que el recurso disponible para avanzar con la construcción del dique y si, Alberto no cumple, será la señal contundente de que habrá que olvidarse por un largo tiempo de hacer esa represa en Malargüe.

El pago es por US$ 18,5 millones y desde la provincia tienen una convicción: el presidente no tiene alternativa más que pagar y no solo porque se trata de una deuda asumida por el Estado nacional que no está sujeta a una decisión política. Sino que además, como está fijado en el acuerdo firmado el año pasado, Mendoza recibe esos fondos para hacer, no solo Portezuelo, sino también “otras obras hídricas”.

Más allá de todo esto, confiado en que la legalidad está de su lado en la disputa con los pampeanos, el gobernador hizo abrir los sobres y lo que allí se encontró no fue para nada una sorpresa.

Como se esperaba, el único oferente para hacer la presa está integrado por cuatro empresas y con un concepto que está claro: el gobierno garantizó que, una vez en marcha, el 80% del contenido será local. Pero más allá de la “malvinización” que se ha querido imponer alrededor de este tema. la iniciativa estará en manos chinas y, en ellas, quedará depositada la responsabilidad de responder ante la propuesta.

Quien encabeza la presentación es la asiática Sinohydro, cabeza de la UTE Malalhue, que además integra otro gigante oriental, China Gezhouba Group Corporation, y completan la mendocina IMPSA, que tendrá a cargo el sistema hidroeléctrico de la represa y dos conocidas del medio local: Ceosa y Obras Andinas que se ocuparán del resto de las obras complementarias que también implican una inversión millonaria. Si resulta adjudicado, el líder de la obra se quedará con el 40% de la participación en el consorcio.

La apertura de sobres de este viernes dejó finalmente al desnudo las dudas surgidas en mayo acerca de la falta de transparencia en el proceso y las sospechas de que la licitación, como fue estructurada, estaba direccionada para que Impsa consiguiera un socio chino y terminara ganando.

Es verdad que las empresas argentinas interesadas nunca confiaron en que la obra se realizaría y recién reaccionaron en abril, cuando desde la Nación llegó la confirmación de que los recursos estaban. Pero, cuando la sospecha por favoritismo se agitó, el gobierno reaccionó prorrogando un mes el acto de presentación de ofertas y habilitó una interpretación de los pliegos para permitir que otras constructoras, nacionales fundamentalmente, pudieran interesarse y estructurar una oferta.

Pero esa supuesta apertura nunca se concretó en los papeles. Techint intentó presentarse; Panedile, que construye un dique en San Juan, también, pero rápidamente abandonaron la idea cuando se convencieron de que el gobierno no flexibilizaba las condiciones para licitar y, entre otros puntos, no permitía que sumaran como antecedentes grandes obras de infraestructura, y no necesariamente haber construido tres diques en los últimos quince años, situación que solo terminaba favoreciendo a los chinos.

La decisión presidencial de poner un freno a principios de junio, terminó por empujar a las empresas nacionales a abandonar del todo. 

¿Por qué el gobierno exigía estos tres diques como antecedentes? El argumento fue, entre otros, que pedían empresas con experiencia en este tipo de obras para que la represa estuviera “bien hecha”- como expresó el propio gobernador- y evitar así problemas a futuro.

Los antecedentes de una de las obras recientes de Sinohydro atentan contra esto. La empresa china financió y también construyó en Ecuador, con un costo de U$S 2.300 millones, la presa conocida como Coca Codo Sinclair, una obra ambiciosa encarada por el gobierno del entonces presidente Rafael Correa.

La megaestructura se proyectó para producir más de 1.500 megavatios de energía "limpia y renovable" y cubrir el 30% de la demanda eléctrica del país con un tiempo de vida útil de 50 años. El impacto de lo que se construyó fue tal, que a la inauguración, en noviembre de 2016, fue incluso el mandatario chino Xi Jinping, quien visitó Quito para presenciar la puesta en marcha del emprendimiento.

Durante el proceso de construcción, fueron decenas las quejas por parte de los trabajadores por malos tratos por parte de la empresa al personal y además se registraron denuncias por violaciones a los derechos humanos. En la mitad de la obra, en 2014, un derrumbe en un túnel mal hecho provocó una tragedia y ocasionó la muerte de 13 operarios (tres de ellos de nacionalidad china) y más de una docena de heridos.

Pero eso no fue todo. Desde 2018 a esta parte, Sinohydro y el gobierno ecuatoriano están envueltos en una profunda y millonaria controversia por las deficiencias que muestra la construcción de la represa. El Estado de ese país determinó acudir a una consultora alemana, TUV SUD, para que realice un diagnóstico y diseñe una estrategia para solucionar los problemas que se han detectado en Coca Codo Sinclair, fundamentalmente en lo referido a las microfisuras.

Lo hizo a través de la Contraloría del Ecuador, organismo que aprobó un informe en el que figuran todo tipo de falencias: entre las más graves, 171 mircrofisuras que podrían llevar al colapso total o parcial de la represa, según mencionaron. También se habla de posibles problemas con los materiales usados en la construcción, pese a que Sinohydro señala que todo lo utilizado estaba estipulado en el contrato.

A diferencia de lo que ocurrirá con Portezuelo, si sirve de alivio, los chinos no solo financiaron y construyeron la presa sino que además diseñaron el proyecto instalado en plena selva ecuatoriana. Aquí, solo se encargarán de la construcción ya que el financiamiento será nacional y el proyecto ejecutivo fue realizado por la provincia. En Ecuador todavía se preguntan quién autorizó a Sinohydro a hacer un gigantesco dique en un lugar de montañas que rodean al Reventador, un volcán activo que tuvo una última erupción importante en 2002.

Los perjuicios económicos por las fisuras existentes pueden superar las decenas de millones de dólares y la discusión en el país afectado pasa ahora por quién deberá pagar esos daños. Una nota publicada por el diario New York Times a finales de 2018 hiela la sangre: “El gobierno ecuatoriano apostó por China para una represa que ahora se resquebraja”, fue el título, y estaba referido a lo que construyó Synohydro, que, además, está sospechada de haber pagado millones de dólares en sobornos para los funcionarios ecuatorianos.

Una novedad conocida hace poco más de dos semanas, da crédito a las sospechas de favoritismo por parte de las administraciones radicales por las empresas locales que vienen detrás de Synohydro y de Impsa.

En un hecho grave, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) retiró en junio el financiamiento que había comprometido para la construcción de un acueducto ganadero en el Sur provincial, luego de que comprobaran irregularidades serias en el proceso de licitación encarado por el Departamento General de Irrigación.

Se trata del acueducto Monte Comán - La Horqueta, en San Rafael, que el Gobierno licitó en agosto de 2019 con un presupuesto de $ 645.810.000 financiados en partes tanto por el BID como por el Estado Provincial.

Sorpresivamente, a través de una resolución publicada el 18 del  mes pasado, Irrigación suspendió el acto de adjudicación de la obra luego de que el Banco comunicara “que no se encuentra en condiciones de financiar la licitación de referencia, por cuanto el proceso no se enmarcó en las políticas de adquisiciones que rigen las contrataciones del contrato de préstamo específicamente por no atender a las previsiones sobre confidencialidad, solicitando cancelar el proceso licitatorio”.

Fuera del lenguaje técnico: el BID formó una comisión investigadora luego de que la mayoría de las empresas, de un total de doce que se presentaron a competir, denunciara que quien resultó adjudicado había calificado en quinto lugar y que además había presentado un presupuesto que era $50 millones más caro que quien había realizado la oferta más baja. En este caso, la empresa Laugero.

La poca claridad en el proceso generó incluso un conflicto interno entre el Gobierno y el DGI, asimismo, cuando un ministerio se negó a firmar la adjudicación a las empresas que habían sido elegidas por el organismo del agua. En definitiva: el BID le quitó el financiamiento a ese acueducto y a quien Irrigación pretendía adjudicarle era a una UTE conformada por Fernando Porreta (Ceosa) y por Omar Älvarez (Obras Andinas).

Desde hace muchos años, ya se menciona como China viene desarrollando un lento pero firme proceso de “neocolonización” que tiene a Amércia Latina como uno de sus principales objetivos. La alternativa de promesas de millones y millones de dólares de inversión son atractivo más que suficiente para países ávidos de inversiones y pobres en desarrollo e infraestructura como los de la región.

En nuestro caso, el desembarco de Sinohydro tiene la particularidad de que no aporta los fondos para Portezuelo, como se dijo. Sin embargo queda claro, si la obra finalmente avanza, que Mendoza ya no será solo la tierra del vino. Se convertirá también, con el costo que posiblemente eso tendrá, en una nueva parada de lo que ya se conoce como “la nueva ruta de la seda”.