El peligro de una Corte que está al borde de la implosión

El peligro de una Corte que está al borde de la implosión

El máximo tribunal se encamina a votar si María Teresa Day alcanza o no los requisitos para ser jueza, aunque aún no se logra un acuerdo acerca de cómo se hará esa votación de gravedad institucional. Este conflicto y el de los equiparados, mantiene irrespirable el aire dentro del Poder Judicial.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

No es una exageración decir que, a esta altura de la crisis, el clima dentro de la Suprema Corte se ha vuelto irrespirable. Acusaciones políticas, choques verbales cara a cara entre los propios ministros, desconfianza y, sobre todo, la tensión desatada por un juego de poder que está entrando en la etapa de las definiciones y cuya falta de acuerdos está llevando a la posibilidad de la implosión del máximo órgano de Justicia de la provincia.

El próximo jueves se realizará la audiencia pública convocada por el presidente de la Sala II, Omar Palermo, para contestar la pregunta del millón desde la designación de María Teresa Day: “Cómo y con qué alcances debe interpretarse el inciso 3 del artículo 152 de la Constitución de Mendoza, en cuanto exige para ser miembro de la Suprema Corte ser abogado con 10 años de ejercicio de la profesión”.

Una negociación de máximo nivel entre los propios jueces llegó a la instancia de analizar si Dalmiro Garay, como presidente de la Corte, debía dejar sin efecto esa convocatoria. Pero eso no sucederá: Garay ratificará la audiencia confiado en que, en definitiva, quedará vacía de contenido. En primer lugar por lo abstracto del debate que allí se realizará, que no será otra cosa que discutir acerca de una cuestión de resorte constitucional. El Gobierno ya anticipó que no asistirá, el ministerio Público Fiscal tampoco y el mismo camino seguirá la Asociación de Magistrados, que se movió al compás de Rodolfo Suarez en esta pelea. Quedará, muy probablemente, un escenario para que los senadores opositores y las organizaciones de Derechos Humanos que objetaron la designación de Day terminen debatiendo en soledad acerca de la gran pregunta.

Pasada la audiencia, Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez pretenden una votación plenaria de la Corte y que esta se realice a más tardar un mes y medio después. Algo han conseguido imponer hasta aquí estos tres magistrados y es que sea la Justicia, en definitiva, quien resuelva el tema de Day y su aparente incumplimiento de requisitos. El gobierno nunca quiso llegar a esta instancia porque siempre entendió que con la votación del pliego en el Senado la cosa estaba juzgada. Ahora bien: ¿Qué hará la propia Day en caso de que el fallo sea del plenario en donde las recusaciones para los jueces no existen?


Ella, entienden, debería excusarse de votar con lo cual el resultado terminaría siendo tres a tres, en caso de que Adaro, Palermo y Gómez sostengan que no cumple los requisitos y que Garay, José Valerio y Pedro Llorente voten que sí. La definición es la llave de este conflicto: los jueces filo peronistas descuentan que Day se excusará y por eso jugaron su carta: le solicitaron al presidente de la Corte, Dalmiro Garay, que termine integrando el tribunal con la figura de la exjueza Aída Kemelmajer.

Garay resistirá para que ninguna de estas dos cosas ocurra. Primero, porque el Gobierno entiende que Day no debería excusarse al momento de la votación. ¿Por qué? Porque al ser un fallo plenario, analizan de manera muy difusa que lo que se está resolviendo es una pregunta en abstracto que marca un criterio a aplicar de aquí en más para interpretar el artículo 152 de la Carta Magna. Y no una cuestión que la abarca particularmente a ella. La flamante jueza no estará en la audiencia del jueves porque se excusó, pero podría no seguir el mismo camino cuando llegue el momento de la votación sobre la cuestión que, independientemente de lo que sostenga el Gobierno, definitivamente la involucra.

Lo que sí, en donde no hay margen de dudas es en la respuesta que Garay dará cuando conteste el pedido para volver a sumar a Kemelmajer a la Corte provincial después de más de quince años. Según apunta, hará cumplir la ley de subrogancias (1.657) que data de 1947 y que establece que, en caso de empate en votación del pleno, el “primer reemplazo de oficio corresponde para “el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil”. Cuando se hizo pública la convocatoria para que la prestigiosa jurista defina esta historia, todas las miradas apuntaron hacia ella. Se descarta que si los jueces que quieren discutir si Day cumple o no los requisitos constitucionales la propusieron, era porque algún guiño obtuvieron. Pero el gobierno rápidamente se movió: juran que Kemelmajer les ratificó que se autoimpuso no opinar sobre este tema.

¿Cómo se definiría entonces ese posible empate en tres? Se terminaría sumando como conjueza de la Corte a una camarista que, en este caso, es Alejandra Orbelli. Esa jueza es la misma que integró velozmente el tribunal en la causa de Micaela Tatti, sentencia que se conoció a los pocos días de que Day se sentara en el sillón en el que la pusieron. Garay podría optar por otro camino que es convocar a un fallo del pleno de la Corte, en dónde sí se permiten las recusaciones de los jueces. Pero aquí se consumaría el despropósito de que conjueces terminen definiendo un asunto tan delicado y que, así como está, ya nos tiene al borde del desbarranco institucional.

En esta disputa no hay que perder de vista aspectos clave. Si no hay acuerdo de los propios magistrados supremos para salir de la encerrona, la Corte está camino a reventar. Existe un trasfondo político y es la lectura de Adaro y Palermo, pero sobre todo este último, de que lo que se puso en marcha desde hace varios meses fue un golpe institucional por parte del Gobierno, encabezado por Alfredo Cornejo para desplazar en su momento a Jorge Nanclares de la Corte y sentar en ese sillón a alguien propio.

Para ellos, el comienzo de esta historia fue la votación por la presidencia de la Corte realizada en noviembre pasado y en la que Cornejo, luego de haber ganado las elecciones, no logró que un juez de extracción radical ocupara ese cargo, precisamente, porque Nanclares no respaldó esa decisión. Nanclares terminó renunciando en junio luego de quedar muy golpeado por el conflicto con los Juzgados Civiles. Aquí el Gobierno poco y nada tuvo que ver, pero se aprovechó de la situación: el propio Suarez se encargó de fogonear la crisis ventilando el despropósito de los sueldos de los equiparados y terminó enviando una ley para terminar con estos sueldos altos dentro del Poder Judicial.

Garay inició un camino de diálogo interno, pero no se privó de mover una ficha fuerte. En la misma semana en que Palermo pisó el acelerador al ratificar la audiencia pública para el 30 y pedir el desembarco de Kemelmajer, como presidente del tribunal devolvió el golpe y se ocupó de redactar una resolución para que todos los jueces de la Corte definan qué hacer con el otro conflicto político que también sacude las entrañas del Poder Judicial. Definió que el pleno de los máximos miembros de la Justicia resuelva si son procedentes o no los planteos que hicieron los equiparados, luego de que la Legislatura sancionara una ley que dejó a este grupo sin los beneficios salariales que vienen gozando desde hace años como consecuencia de diversos arreglos políticos perpetrados, históricamente, por los mismos miembros de la Corte.

Una parte de estos empleados realizó una batería de presentaciones que abarcaron, desde una declaración de certeza y un pedido de inconstitucionalidad, hasta una medida de amparo para frenar la aplicación de la nueva norma. El argumento de ellos fue que entienden que deben mantener “el cargo, sus atributos y el nivel alcanzado" antes de que se dictara la ley.

Los equiparados forman parte de un lote que no llega a los 80 empleados en total que cobra lo mismo o más que un juez de primera instancia, pero con funciones que están muy lejos de compararse con las de un magistrado en cuanto al grado de responsabilidad. El punto es que prácticamente todas esas designaciones fueron a dedo y en particular el Gobierno siempre tuvo en la mira a Palermo por este tema. El fue quien creó la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia que está integrada en su gran mayoría por empleados con estos beneficios y que, en definitiva, terminaron formando parte del grupo que inició acciones judiciales para que les sigan pagando los salarios de la misma manera. Sin embargo, no todos forman parte de este organismo: una decena de los que están metidos dentro del conflicto son del Ministerio Público Fiscal y de hecho la propia Day, quien antes de ser elevada a jueza trabajaba allí, también era una equiparada.  

Los sueldos que cobran son un revulsivo dentro de la Justicia. El caso que más trascendió fue el de Elizabeth Carbajal - la secretaria privada del ya renunciado Jorge Nanclares- quien percibe por mes más de $400.000 cuando un juez de primera instancia o un juez de Cámara están muy por debajo de esos ingresos. Carbajal es una de las que accionó judicialmente y sigue cobrando a pesar de que el juez para el que trabajaba ya se jubiló.

La comparación de los bonos de sueldos a la que accedió MDZ es reflejo de la situación. Carbajal  percibió en febrero de este año algo más de $406.000 y así lo demuestra este recibo que se difundió en su momento.

Un juez de primera instancia con la misma clase (25) y con 19 años de antigüedad no llegó en junio pasado a cobrar $288.000. O sea, alrededor de $118.000 menos.

Y otro ejemplo que mantiene a los magistrados prendidos fuego cuando se les nombra a los equiparados: un juez de Cámara, de mayor clase inclusive (26), cobró algo más de $345.000. Es decir, $61.000 menos.

Una explicación se puede hallar para justificar esa diferencia es que, además de otros beneficios, los equiparados aportan solo el 11% del salario para su jubilación, mientras que los jueces pagan el 18%. Sin embargo los dos, se jubilan con el 82% móvil.

En medio de tironeos políticos entre el Gobierno y la Corte y entre oficialismo y oposición, se terminó discutiendo en la Legislatura una norma para definir el salario de no más de 20 empleados públicos. Un absurdo. Pero a esta altura, con todo lo que se vio alrededor de este conflicto nada sorprende. Y ya todo puede ser posible.

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