Toda la Corte resolverá si la secretaria administrativa sigue ganando $400 mil

La situación de revista de una veintena de equiparados a magistrados está en manos de la Suprema Corte de Justicia. Si bien la ley que envió Rodolfo Suarez a la Legislatura para terminar con las asimetrías salariales en el Poder Judicial ya fue aprobada, aún no se aplica. El motivo es que varios funcionarios alcanzados presentaron una batería de acciones judiciales para conservar los beneficios que consideran derechos adquiridos. Este jueves se convocó a que la situación la resuelva la corte en pleno.

Entre otras cosas, deberán decidir si la secretaria Administrativa, Ceremonial, Protocolo y Audiencias de la Corte, Elizabeth Carbajal, sigue cobrando 406 mil pesos por mes. Pero también la situación de revista de otros secretarios, directores y subdirectores que cobran sueldos de jueces y que pretenden seguirlo haciendo. Es el caso de Carlos Quiroga Nanclares, Elizabeth Carbajal, Eleonora Lamm, María Milagros Noli, Cristóbal López Maida y Romina Cucchi.

Todos ellos habían presentado en la Sala Segunda una acción declarativa de certeza para saber si estaban alcanzados por la ley sancionada en la Legislatura hace más de un mes. Pero a eso sumaban un recurso de inconstitucionalidad de la norma y una medida cautelar para frenar la implementación de la misma.

A raíz de esta situación uno de los jueces de esa sala, José Valerio, pidió que se convoque a una Audiencia Informativa de Carácter Público y que la corte en pleno resuelva la legalidad de la ley que pone límite a la figura de "equiparados a magistrados".

El argumento que esgrime Valerio es que los actores han manifestado que se trata de un planteo de "trascendencia institucional" ya que aseguran que "excedería el interés individual de los accionantes, ya que estarían comprometidos los alcances de las facultades que la Constitución asigna a la Suprema Corte de Justicia".

Específicamente, los equiparados y sus abogados Ernesto Bustelo y Guadalupe Simone Cajal aducen que el Poder Legislativo no puede intervenir en el funcionamiento interno del Poder Judicial y que si existiesen irregularidades en la figura de equiparados debería resolverlos la propia Justicia.

Para Valerio, la relevancia del planteo justifica la realización de una audiencia pública y una resolución de la causa por el Tribunal en Pleno.

Ante ese planteo, el presidente de la Suprema Corte Dalmiro Garay decidió convocar a todos los integrantes a expedirse sobre el tema y evaluará la posibilidad de llamar a una audiencia pública.

Ley polémica

Uno de los puntos que se cuestiona a la norma que se aprobó en la Legislatura es que discrimina entre la situación de algunos equiparados a magistrados respecto a la de otros. Según los abogados Bustelo y Simone, es una ley teledirigida contra sus defendidos.

La figura de equiparados a magistrados ha sido implementada desde hace 20 años en el Poder Judicial de forma discutible. Tal es así que dentro del organigrama existen directores que cobran como jueces y otros que no. En marzo el gobernador Rodolfo Suarez mostró su indignación al enterarse que la secretaria administrativa de la Corte cobraba 406 mil pesos por mes y envió un proyecto de ley para terminar con las "asimetrías salariales".

En el tratamiento legislativo se hicieron modificaciones al proyecto original y finalmente la norma no alcanzó a todos los equiparados (que son más de 60) sino a poco más de veinte. Ante esa situación, legisladores de la oposición votaron en contra aduciendo que el oficialismo había salvado a los "propios" de perder el beneficio de cobrar sueldos de jueces.