La historia del funcionario acusado de corrupto que nadie puede echar

Una situación política tan inédita como inverosímil ronda a la Dirección Provincial de Vialidad por estos días, en el medio de un escándalo de corrupción millonaria que ya desembocó en una dura sanción por parte del Tribunal de Cuentas para su titular, Oscar Sandes.

Al veterano dirigente de 70 años y administrador desde 2016 del organismo encargado de reparar y mantener la extensa red de caminos provinciales, nadie en el gobierno de Rodolfo Suarez se anima a echarlo y, luego de las denuncias en su contra, se atornilló en su sillón a pesar de haber acordado con el gobernador una salida negociada.

“Cacho” Sandes y varios funcionarios del organismo fueron multados hace diez días por el Tribunal, luego de una investigación iniciada en octubre del año pasado tras una denuncia que afirmaba que, en la repartición, se falsificaron facturas para el manejo de una caja chica que servía para financiar viajes y gastos en la Costa Atlántica, entre otras defraudaciones.

El desfalco, según trascendió en un primer momento, podría haber sido de entre $3 millones y $5 millones. Sin embargo cualquier estimación quedará corta contra lo que pudo haber sucedido realmente: el órgano encargado de auditar las cuentas en Mendoza analizó solo las boletas truchas firmadas durante el 2019, pero la maniobra se venía produciendo desde un año antes a esa fecha. Se estima que el robo hormiga, en definitiva, rondó los $9 millones como mínimo.

Cuando se conoció que Sandes fue signado a nivel institucional como uno de los responsables de esta estafa, comenzó un sainete político pocas veces visto en Mendoza. Cuando se notificó de la multa del Tribunal de Cuentas, el propio administrador se dio por despedido. Ese mismo día llegó a Vialidad, le habló a su personal en modo adiós y esperó el llamado del gobernador que marcara su final en el cargo luego de poco más de cuatro años.

Su celular sonó, lo convocaron a una reunión en Casa de Gobierno pero cuando se había preparado para recibir el golpe escuchó las palabras del funcionario de Suarez que en tono de reprimenda le decía: “¡Pero nooo, Cacho! ¿Cómo vas a decir una cosa así? ¿Por qué dijiste que te echaron si nadie te echó?”
 

Incrédulo, aunque no tanto, quien llegó de la mano de Alfredo Cornejo al sillón de Vialidad escuchó con atención lo que siguió a continuación: Suarez le reflotó un acuerdo realizado en diciembre pasado cuando, al producirse el traspaso de mando, le habían propuesto seguir por seis meses más hasta que se encontrara y se formara a un nuevo equipo que se hiciera cargo de la repartición.

Sandes pidió un plazo de dos años de continuidad, le dijeron que no y finalmente se pactó que durante los primeros seis meses de este año iba a retomar los trámites de su jubilación.

Pero cuando parecía que la situación se había aplacado, el director de Vialidad dobló la apuesta: convencido de que logrará salvar su imagen, le anunció esta última semana al gobernador que no volverá a los trámites jubilatorios y que su decisión es permanecer en el cargo. Ante el desplante increíblemente están tratando, otra vez, de convencerlo para que se vaya hecho que, posiblemente, ocurra este lunes si es que “Cacho” retoma su compromiso de firmar los papeles de su jubilación.

Está claro que a esta altura no hay nadie que se atreva a despedirlo. ¿Por qué nadie se anima a dar el paso? Cuando la comprobación de un robo lo golpeó, Suarez apostó a una salida elegante para no agrandar un escándalo que significa además una enorme mancha en esa camisa inmaculada que siempre buscó mostrar Cornejo en materia de combate contra la corrupción.

Y más cuando el principal funcionario involucrado es del riñón: Sandes trabaja con Cornejo desde hace más de una década y fue el responsable del área de servicios públicos durante toda la gestión del actual diputado como intendente de Godoy Cruz.

El Tribunal de Cuentas de la provincia le aplicó una multa de $2,9 millones al administrador de Vialidad, tras un juicio parcial de cuentas que correspondió al ejercicio 2019, en el periodo que fue del 1 de enero al 30 de septiembre de ese año. Según se desprendía de las facturas sospechadas, entre el 14 de enero y el 2 de febrero del 2019, unas ocho personas viajaron a la Costa Atlántica y Vialidad les pagó las vacaciones con boletas cuyas firmas estaban falsificadas. Combustibles, peajes, hoteles cenas y almuerzos corrieron por cuenta de la repartición que, como se supo además, también le terminó pagando a alguien una mesa de ping pong.

Además del director, el fallo encontró también responsables a quien se desempeñaba como jefa de Recursos Humanos, Corina Gallardo y a otros funcionarios como el gerente de Economía y Finanzas, Elías David Jurado; la jefa de la División Tesorería, Juana Miriam Herrera; y José Mariano Yanzón, jefe División Equipos.

Gallardo y Yanzón son las claves de este escándalo. La primera, es una de las principales responsables de haber elaborado las facturas apócrifas y quien, entre otros gastos, sacó plata de Vialidad para pagarse sus vacaciones en la costa. Yanzón, es todavía la persona de máxima confianza de Sandes, su mano de derecha y, más allá de que ostenta un cargo vinculado a las máquinas viales, opera como el brazo político del director.

Sandes habló primero de una conspiración sindical y luego fue por la victimización: “Nadie está exento de que lo traicionen”, dijo. Gallardo ya no está en Vialidad, pero Yanzón continúa en su cargo.

Y en circunstancias más que particulares. Vialidad inició sumarios internos luego de que se conocieran las primeras denuncias por este caso hacia finales de 2019 y Yanzón quedó fuera de esas pesquisas. El actual jefe de la División Equipos ya acumulaba una denuncia en 2013 por robo de combustible que derivó en una suspensión por 30 días, la máxima sanción que se aplica según la normativa.

Yanzón tiene, a su vez, un hombre de confianza en cada una de las delegaciones en le interior de la provincia y maneja al detalle otro de los agujeros negros: los gastos en gas oil, ripio, asfalto y, fundamentalmente, los repuestos para las maquinarias.

En los últimos tiempos, a este funcionario parece no haberlo afectado todo lo que se ventiló por las facturas adulteradas. En abril pasado se hizo firmar un gasto por $25.000 para la compra de asado que presuntamente iba destinado al personal. La irregularidad es manifiesta: los trabajadores de Vialidad cobra viáticos, por lo que no necesitan recursos extras para comer.

¿Para qué pagar un asado tan grande? Quizás pueda haber una explicación. Como brazo político del administrador, Yanzón fue el encargado de dar la batalla interna contra el Sindicato de Trabajadores Viales (el Sitravi) que mantiene una disputa desde el inicio de la gestión de Sandes.

La actual conducción y el titular del sindicato, Claudio Díaz, vienen sosteniendo un conflicto de larga data, entre otros motivos, por la aplicación de un convenio que fijó las retenciones sindicales para los trabajadores. Díaz fue diputado provincial del PJ durante el gobierno de Francisco Pérez y consiguió, en 2014, que por decreto a los trabajadores viales se les aplicara una modificación en el convenio (pasaron del nacional a uno provincial) que llevó sus aportes sindicales del 0,5% al 3% .

Ese convenio local, denominado "80 aniversario de la Dirección Provincial de Vialidad", tenía artículos diferentes a los del nacional (el 572) que regía las relaciones de los empleados con el sindicato desde el año 2009 y generó, tras un fallo judicial adverso para el gremio, un reconocimiento de que a los trabajadores se les habían descontado al menos $62 millones de manera incorrecta.

Tras varas idas y vueltas en la Justicia, el Sitravi apeló ante una Cámara Laboral que se declaró incompetente a mediados del año pasado y la discusión quedó a resolución de la Suprema Corte. Mientras tanto Sandes les pagó a los trabajadores lo que marca el convenio nacional.

Vialidad maneja un presupuesto de $2.222 millones de los cuales poco más del 50 % se destina al pago de personal. En la actualidad tiene una planta de 914 empleados y a su cargo está la reparación y el mantenimiento de unos 16.000 kilómetros de caminos provinciales. Entre 2015 y 2019, se alcanzó a cubrir las necesidades de mejoras en unos 8.000 kilómetros lo que representa que, por cada año, se ocuparon de reparar y mantener unos 2.000 kilómetros.

Este escándalo de ahora, no es único que debió atravesar quien por estos días se resiste a abandonar el cargo. En 2017 el sindicato vial lo denunció ante la Fiscalía de Estado por el trabajo que realizaron máquinas de Vialidad en el Aeroclub de La Puntilla, bajo el argumento de que esos arreglos formaban parte del plan de la provincia para encontrar un aeropuerto alternativo al Francisco Gabrielli, que se cerró en aquél entonces durante varios meses como consecuencia de una remodelación importante.

“El Aeroclub de la Puntilla es un lugar privado, una entidad civil sin fines de lucro. El director de la DPV es piloto civil, entonces el premezclado, el trabajo, los equipos, los alambrados y todo lo necesario para reparar la pista fue hecho porque son conocidos”, eran los términos de la denuncia que formulaba Díaz en aquel tiempo.

Las sospechas también apuntaron a las licitaciones que se realizaron en los últimos años y, sobre todo, la mira está puesta en una empresa, Louredo SA, a quien Sandes siempre prestó particular atención. Nunca fue un secreto dentro del organismo que el administrador en persona era quien negociaba este tipo de contratos millonarios y que, en el caso de esta compañía, se quedó con buena parte de las concesiones para la instalación de luminarias.

Louredo, que además maneja el mismo negocio en casi todos los departamentos del Gran Mendoza, logró el año pasado que le otorgaran el servicio de mantenimiento para las luminarias de las rutas 7 y 40 con un contrato de $15 millones.

En los hechos serían al menos tres las empresas con que los dueños de Louredo participan de las licitaciones de Vialidad y una de ellas, Surba SA, fe denunciada también ante la Fiscalía de Estado. Surba (que en algunas licitaciones municipales incluso participó en UTE con Louredo) se quedó con el negocio de los GPS que permiten el seguimiento tanto de las máquinas viales como del consumo de combustible. Lo que se denunció en 2017, fue que esta empresa carecía de antecedentes básicamente porque su constitución se había realizado para brindar servicios de limpieza.

En los últimos días se viralizó un WhatsApp que llegó a los despachos oficiales, en dónde se lo acusaba al actual gobierno de querer quedarse ahora con el control de Vialidad para manejar “la caja”. Esa acusación del intento de apropiación de fondos de manera espúrea, no es otra cosa que la confirmación de que muy posiblemente esa “caja” exista.