La tensa calma de la Corte y la sorpresiva designación de Day

Rápido, Rodolfo Suarez resolvió la sucesión de Jorge Nanclares designando a María Teresa Day como aspirante a reemplazar al juez de la Suprema Corte, quien pasará ahora a la jubilación.

La designación sorprendió no solo por lo veloz, sino también por los antecedentes de la postulante: en 24 horas el gobernador eligió a quien se encarga en la actualidad de manejar administrativamente el Ministerio Público Fiscal y opera como la mano derecha del jefe de todos los fiscales, Alejandro Gullé.

Un repaso apurado de sus antecedentes lleva a la dificultad de encontrar en Day algún trajinar por lo edificios de Tribunales: tiene poco ejercicio de la profesión de abogada y escasa experiencia jurídica, independientemente de su paso como secretaria por la Cámara Penal de Menores.    

Está claro que las reformas en la Justicia no forman parte de la agenda más importante del gobernador. Y no solo ahora, en donde la administración de la crisis del coronavirus se está llevando todo el tiempo, la energía y los recursos. Suarez  solo vino a hacer un trabajo de sostenimiento de las reformas encaradas por Alfredo Cornejo entre 2016 y 2019.

Más allá de la postulación de Day, es e muy probable que hasta noviembre la presidencia de la Corte la ocupe Julio Gómez (es el reemplazo institucional previsto) salvo que el mismo tribunal puede hallar en el camino un nuevo presidente. 

Una gran incógnita pudo haber quedado resuelta en lo expeditivo del trámite de Suarez: hasta qué punto pretendía influir Cornejo en la designación del nuevo nombre. El exgobernador tiene hoy una injerencia bastante más amplia de lo que se conoce dentro del gobierno provincial, aunque viene manteniéndose dentro de los márgenes en los que se movió hasta ahora: opina de la marcha del Gobierno, sugiere cuando lo consultan, pero no tensa la cuerda.

Curiosidades de la política. La designación de un miembro de la Corte marcó, en 2004, el comienzo de la ruptura entre Roberto Iglesias y Julio Cobos que llevó al quiebre posterior del entonces partido de gobierno. Iglesias buscaba imponer el nombre de Leopoldo Orquín como ministro y Cobos, como finalmente ocurrió, el de Alejandro Pérez Hualde. Ante la negativa de quien fuera su sucesor, Iglesias abandonó la reunión en donde se discutía el tema y de allí se comenzó a generar un proceso de ruptura que derivó, entre otras consecuencias graves para los radicales mendocinos, en que terminaran perdiendo el poder en las elecciones de 2007 a manos del peronismo.

Cornejo estaba en el despacho de Cobos esa noche y vio como Iglesias tomaba su sobretodo y daba un portazo que luego tuvo ribetes históricos. En diciembre, cuando dejó la gobernación, se juró no repetir errores del pasado. Ahora, para evitar presiones y salir con celeridad de la danza de nombres, Suarez resolvió como resolvió.    

En tanto una tensa calma política se vive por estas horas entre los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza luego de la noticia, esperada hay que decirlo, de la renuncia de Nanclares.

El futuro exmagistrado no solo es uno de los miembros más antiguos del tribunal, lleva 37 años en el cargo, sino que en los últimos tiempos se desempeñó como presidente de un órgano surcado por las divisiones internas y marcado por la falta de liderazgo que impidió, entre otras cosas, establecer un rumbo para el Poder Judicial.

Nanclares fue el titular que pudo encontrar un cuerpo al que desde hace años le cuesta hallar una lógica de funcionamiento común. La figura del viejo juez sirvió, en algunos tramos de su mandato, para catalizar esas diferencias. Aunque también el magistrado que acaba de anunciar su retiro aprovechó la realidad de una Corte partida en dos (con tres integrantes de cada lado) para hacer su juego político.

Desgastado y luego de haber superado un problema de salud severo hace algunos años, el camino de la jubilación tomó mucha más fuerza en estos últimos meses, El proceso se aceleró por el conflicto inédito con los magistrados civiles, que fueron el centro de una reforma impulsada por Nanclares a través de una acordada y que incluyó el traslado del personal de esos fueros para cubrir otros puestos que está demandando la Justicia.

Ese conflicto aparece ya como desactivado: de los 30 empleados que iban a ser trasladados para cubrir vacantes en los juzgados de Familia, finalmente solo cuatro terminarían siendo parte de esa movida. Algunos jueces de la Corte en persona se encargaron de esta negociación con sus subordinados del fuero Civil.

En esos encuentros surgió una demanda: los magistrados en conflicto pidieron la cabeza de Carlos Quiroga Nanclares, el sobrino de Jorge, el secretario de Gestión de la Corte y a quien desde el principio apuntaron como el ideólogo de la reforma que desencadenó una verdadera rebelión dentro del Poder Judicial.

Esta iniciativa dejó denudo al juez: los integrantes de la justicia civil, a modo de reacción, comenzaron a ventilar las irregularidades en las designaciones de buena parte de los cargos políticos dentro de la Corte que se conocen desde hace años y de los que Nanclares participó como también lo hicieron buena parte de sus colegas.

La equiparación para este tipo de designaciones, a los salarios que cobran los magistrados viene desde 2004. Pero, por caso, Nanclares nombró bajo esta normativa a su sobrino en 2017 con un salario que hoy ronda los $320.000. En esa misma movida de hace poco menos de tres años, fue designada, Elizabeth María Carbajal, la secretaria privada del juez, quien quedó con un sueldo de bolsillo de poco más de $400.000,

Nadie puede asegurar que este mecanismo configure un delito penal, pero nadie duda de que, al menos, se trata de una grave irregularidad administrativa cometida por la Corte para beneficiar a familiares y personas con afinidad política. Un detalle para tener en cuenta: dentro del laberíntico juego de designaciones en la Justicia, Day entra dentro de  aquellos que tienen equiparado su sueldo al de los magistrados sin serlo y además sin haber rendido concurso para su designación. Cobra como camarista a través de la Ley de Ministerio Público.    

La Legislatura, como uno de los temas clave a tratar en clima de pandemia, está avanzando en una ley que propuso Rodolfo Suarez para terminar con esta anomalía. El Senado ya dio media sanción a un proyecto para eliminar esta equiparación en medio de una polémica con la oposición acerca de su verdadero alcance: se habló en principio de que la modificación legal le terminaría bajando el sueldo a unos 80 empleados de la Corte, aunque en definitiva podrían terminar siendo 12 nada más.

En definitiva, si la norma pasa el filtro de Diputados, podrían terminar siendo 30 los afectados. El número puede sonar a poco, pero se agranda cuando se conoce el impacto en la masa salarial: se estima que los equiparados se llevan alrededor de $137 millones al año del presupuesto de la Justicia. 

Los jueces del fuero Civil no consiguieron la salida del sobrino, como reclamaron, pero el conflicto podría comenzar a desactivarse con la jubilación del tío.