Los "jueces rebeldes" podrían volver a la pelea

Al inédito conflicto que enfrentó a comienzos de este año a jueces civiles con la Suprema Corte de Justicia le queda todavía un capítulo.

Los magistrados de la primera circunscripción resistieron en febrero el traslado de casi la totalidad de los empleados a su cargo. La medida había sido ordenada por la Corte, para nutrir los juzgados de familia.

Tras una serie de cruces, hubo un acuerdo con el alto tribunal y los cuatro Gejuas (juzgados de gestión judicial asociada) perdieron menos de los que se les quitaba originalmente a través de una acordada. La Corte les quería retirar 30 personas, pero solamente fueron reubicadas 10.

En el medio de la disputa, los magistrados elevaron a la Corte un pedido de informes para que la Corte transparente cuánta gente (relatores, funcionarios y empleados administrativos) presta servicios en ese ámbito. Ese pedido no fue retirado por los jueces, a pesar del arreglo, y es esperado con expectativa por los magistrados civiles.

Amparándose en la ley de Acceso a la Información Pública (9070), que fue sancionada en nuestra provincia en 2018, los jueces pidieron saber cuántos empleados tiene la Corte, quiénes son, cómo ingresaron a la Justicia y cuánto ganan de sueldo.

La ley 9070 dice en su artículo 13 que “todo sujeto deberá responder las solicitudes de información dentro de un plazo perentorio de 15 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud”. Podrá acceder, además, a otros 15 días de prórroga bajo solicitud fundada.

Sin embargo, en el medio ocurrió la pandemia y la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, que regula este tipo de solicitudes, suspendió por resolución los plazos y procedimientos a partir del 16 de marzo. La nueva resolución probablemente reactive los plazos para la entrega de informes a partir del 8 de junio.

Cuando tengan la información oficial, los 30 jueces civiles decidirán si toman alguna medida o le ponen punto final al conflicto. El encargado de responder a la solicitud a la Corte, el jefe de prensa Martín Ahumada, se ha comprometido a cumplir con el reclamo.

El blanqueo de personal exigido por los jueces rebeldes a la Corte también es muy esperado en virtud de la polémica generada por la decisión gubernamental de eliminar la categoría de los funcionarios con sueldos equiparados a los de los magistrados.

Poco después de la pelea entre los jueces civiles y la Corte, el gobierno de Rodolfo Suarez decidió enviar un proyecto a la Legislatura a partir de que se revelaron los abultados sueldos de los empleados del alto tribunal: la secretaria del presidente Jorge Nanclares cobra más de 400 mil pesos por mes.

La semana pasada el Senado provincial, después de que la Corte incidiera en el trámite legislativo, aprobó una versión atenuada del proyecto original, que reduce mucho la nómina de funcionarios alcanzados inicialmente (cerca de 80). El proyecto, de todos modos, fijó un tope de cinco relatores por cada ministro de la Corte.

Los jueces civiles han seguido como espectadores la novela de la Legislatura. “Nosotros estamos en contra de los que han entrado o ascendido en la Justicia sin concurso. Muchos de ellos, además, son equiparados”, señaló uno de los magistrados rebeldes ante la consulta de MDZ.

Los jueces civiles saltaron contra la Corte porque la quita de personal afectaba el rendimiento del sistema de oralidad judicial que se aplica en los Gejuas. Ahora están detrás de conseguir que sean “potenciados” los empleados “ad hoc”, que cumplen el rol de prosecretarios pero no pueden acceder a cobrar como tales porque “no hay concursos”.

“Hemos visto a la vez que se ha ido incrementando el nivel de gente y funcionarios del cuarto piso”, sostienen los jueces. “No sabemos cuánta gente entró por concurso ni cuántos hay que entraron por atrás”, agregan. Y esperan que el informe de la Corte les conceda las certezas que ahora les faltan.