Develan el mecanismo para acomodar familiares y amigos en la Justicia

Develan el mecanismo para acomodar familiares y amigos en la Justicia

Fue descubierto por el diputado nacional José Luis Ramón. Aparecen familiares de altos funcionarios ingresados como ordenanzas y equiparaciones irregulares.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

José Luis Ramón  asegura que ha generado malestar con los pedidos de informes que presentó en la Justicia para conocer el entramado mediante el cual se ha acomodado como maestranzas a familiares y allegados dentro del Poder Judicial. Se trata de un mecanismo que ha servido para hacer nombramientos sin concurso y a dedo, para luego dar ascensos de forma "interina" e incluso equiparando empleados a magistrados.

El diputado José Luis Ramón ha pedido informes a la Suprema Corte.

A raíz del congelamiento de las partidas presupuestarias para nombrar personal, desde hace años en la Justicia se ha institucionalizado un sencillo entramado que permite designar empleados administrativos sin concurso. La mecánica es simple: a dedo la sala administrativa de la Suprema Corte designa maestranzas, a los cuales luego les dan la posibilidad de rendir como administrativos y pasan a formar parte del Poder Judicial. "El personal de mayordomía no rinde. Se elige a dedo. Hay listas de gente anotada y los jueces van eligiendo al que quieran", admitieron a MDZ desde las entrañas de la Justicia. 

De esa forma, se ha incorporado profesionales arquitectos, diseñadores, licenciados, comunicadores etc, todos vinculados a algún pope del palacio judicial. Sin concurso, entran como maestranzas, cumplen un tiempo con funciones menores y después se los designa interinamente en un cargo administrativo.

"El personal de maestranza -o los que no tienen ascensos- se designan a partir de una lista que tiene la presidencia de la Corte, otra el Ministerio Público y otra la Defensora. Es a dedo y hay gente que viene y pide un lugar", admitió una fuente reservada.

Luego de presentar una catarata de pedidos de informes, Ramón consiguió dar con documentos que demuestran cómo funciona ese complejo mecanismo, que ya está aceitado e involucra a varios actores.

Son casos que sirven para ejemplificar cómo se han manejado en la Justicia en materia de personal en los últimos años. Por ejemplo, en el 2018 entraron al Poder Judicial como ordenanzas profesionales que fueron a cumplir tareas administrativas. Incluso abogados como Gonzalo Ariel Herrera, hijo del secretario de Modernización -y equiparado a magistrado- Héctor Daniel Herrera. Por acordada, el hijo del funcionario ingresó como maestranza pero fue destinado a cumplir funciones en la Oficina de Gestión Administrativa penal del Juzgado Penal Colegiado

"Hay contadores, abogados, arquitectas, técnicas en higiene y seguridad. Se designa y se los manda a cumplir tareas administrativas a la Secretaría de Modernización", reconocen puertas adentro. Un ejemplo es la contadora Mariela Simo, hija de un juez recientemente jubilado y de la médica del Poder Judicial Rosita Baglini. Simo ingresó como maestranza en 2018 por la acordada 29.044 y se le asignaron funciones administrativas en la Oficina de Gestión de Audiencias dependiente de la Secretaría de Modernización. 

Desde la Justicia reconocen la mecánica pero culpan al Ejecutivo. "Desde el Ejecutivo no te dan cargos administrativos. No damos abasto. Es materialmente imposible funcionar y uno termina con el ingreso de las personas con cargos de ordenanza, pero terminan trabajando como administrativos. Hay muchísimos casos de profesionales con cargos de ordenanzas", admitió un alto funcionario. "El único margen de discrecionalidad que tiene el Poder Judicial es el personal de maestranza. Vos lo podés usar para ubicar gente porque la lista la tenés vos sin llamar a concurso. Es la única parte de discrecionalidad que hay. Todo lo demás debe ser por concurso", adhirió.

Pero la operatoria no concluye allí. Para darle un manto institucional al hecho de que maestranzas ocupen cargos administrativos e incluso asciendan en el escalafón, se les hace rendir un examen después de haber entrado por la ventana al Poder Judicial. Como ya han estado trabajando, por una cuestión de "progreso" tienen prioridad respecto a miles de ciudadanos que sí rindieron el concurso hace años y aún esperan ser llamados según orden de mérito. Es decir, los maestranzas truchos avanzan casilleros y se ubican primeros en la lista para cuando se genere formalmente una vacante administrativa. 

Equiparados a juez

Los desmanejos administrativos no solo se registran en el escalón más bajo de la pirámide escalafonaria. También ocurre algo similar en la cúspide: los equiparados a magistrados. Allí también existe discrecionalidad a la hora de otorgar beneficios y eso quedó en evidencia en diciembre del 2019 cuando la sala administrativa decidió quitarle la equiparación a una funcionaria para traspasarla a otro procurador.

En concreto, en el mes de octubre del año pasado se determinó dar por finalizada la equiparación a magistrada de Sandra Paula Canese. En su lugar, se designó como secretario relator equiparado a magistrado a otro empleado: Matías Nahuel Martínez. La decisión lleva la firma del presidente de la Corte Jorge Nanclares, el juez Dalmiro Garay. Según otro juez supremo, Mario Adaro  la equiparación de Martínez es irregular ya que Canese estaba designada de forma interina hasta que el cargo se cubriera por concurso, cosa que Martínez no hizo.

Ser equiparado, en los hechos, significa tener un salario de magistrado pero sin serlo. Es decir que se trata de funcionarios que tienen beneficios de jueces pero que no ingresaron por terna ni cuentan con aprobación legislativa, así como tampoco están expuestos a procesos institucionales como el juicio político en caso de obrar de forma irregular.

Según José Luis Ramón este tipo de pedidos de informes elevados por Protectora han desencadenado reacciones. Además, el legislador nacional adhirió que también hay que tener en cuenta otros desmanejos discrecionales como las equiparaciones a magistrados para que funcionarios del Poder Judicial cobren como jueces a pesar de no serlo, visión que el propio Ejecutivo comparte. 

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