Descalabro judicial: la secretaria de Nanclares cobra $400 mil

Los efectos de la Acordada 24989 de la Suprema Corte de Justicia han alcanzado niveles impensados. Más allá de la pelea puntual entre jueces civiles y la Sala Administrativa de la Corte, ha vuelto a poner bajo la lupa las cuentas judiciales y la distribución del presupuesto puertas adentro del Poder Judicial. Por ejemplo los enormes salarios que perciben funcionarios equiparados a magistrados, que cobran como si fuesen jueces. O incluso más que los propios jueces, como es el caso de la secretaria de Jorge Nanclares, Elizabeth María Carbajal.

La semana pasada se conoció que el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, tiene un salario que supera los $500 mil pesos mensuales. Pero en realidad lo que genera ruido puertas adentro es que su secretaria, Elizabeth Carbajal cobre -de bolsillo- $405 mil. Esto se debe a que Carbajal, quien tiene título de procuradora, fue equiparada a magistrada y percibe salario de juez.

El desencadenante de la puja entre jueces civiles y la Corte fue la falta de presupuesto del Poder Judicial. El Ejecutivo no autoriza nuevos nombramientos de jueces de Familia, por lo que la Sala Administrativa decidió reforzarla con los secretarios del fuero Civil. Pero la respuesta de los 30 magistrados civiles sorprendió a todos, ya que le pidieron a la Suprema Corte que refuerce los juzgados de familia con sus propios empleados.

Específicamente, presentaron un pedido de Acceso a la Información Pública (Ley 9070) para conocer la cantidad de funcionarios equiparados a magistrados y relatores que tiene la Corte. Sucede que el caso de Carbajal es solo uno entre casi un centenar de empleados que sin ser jueces, cobran más que ellos. Por ejemplo, lo mismo ocurre con el sobrino de Nanclares, Carlos Quiroga, a quien muchos acusan de brindar estadísticas poco precisas e inducir errores en la toma de decisiones.

Quiroga también cobra como juez pese a no serlo ya que su tío lo asimiló a magistrado años atrás. Gracias a ello hoy percibe -de bolsillo- más de $320 mil. 

La situación se repite con todos los equiparados que trabajan para la Suprema Corte, los cuales al menos serían 88. Entre ellos aparecen, por ejemplo, 48 relatores. Esos números han vuelto a quedar sobre la mesa en medio de la discusión que se vive puertas adentro de la Justicia. Sucede que un magistrado, para acceder al cargo, tiene que rendir un examen escrito y oral; pasar por una entrevista personal ante el Consejo de la Magistratura; acumular antecedentes; pasar por una terna y ser nominado por el Ejecutivo; superar audiencia pública y que su pliego lo apruebe el Senado.

Por eso puertas adentro incomoda que luego cobre lo mismo -o más- alguien que es señalado a dedo como los casos antes mencionados en este artículo. Pero por si eso fuese poco, los equiparados no tienen ninguna responsabilidad funcional mientras que los magistrados deben responder ante el Concejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento. 

Jueces en pugna

Lo cierto es que la Suprema Corte está partida en dos y la relación entre los magistrados está quebrada. Una guerra fría entre la facción que integran Julio Gómez, Omar Palermo, Mario Adaro y Jorge Nanclares frente al tridente de José Valerio, Dalmiro Garay y Pedro Llorente. Pero a eso se suma la rebelión de 30 jueces civiles que presentaron una cautelar para suspender la acordada y la asociación de funcionarios judiciales que también interpuso un amparo contra esa decisión de la Corte.

En ese marco bélico se dio este año la apertura del Año Judicial. En ese acto, el gobernador Rodolfo Suarez dedicó algunos párrafos de su discurso al conflicto y dejó en el aire algunas sugerencias incómodas. "Hay que echar luz sobre cuáles son los problemas organizacionales. ¿Habrá existido además un problema de prioridades?¿Estaremos priorizando el trabajo administrativo sobre el jurisdiccional?", manifestó el mandatario.

"Es sencillo encarar reformas cuando los recursos sobran. Cuando no, es necesario fijar prioridades. Se necesita austeridad pero con la premisa de nunca retroceder en la calidad de la prestación de los servicios", adhirió.

Todo parece indicar que este año no habrá recursos de sobra y el Presupuesto 2020 -con media sanción- obliga al Poder Judicial a pedir autorización de contaduría de la provincia para disponer de nuevas partidas. Eso ha tensado la relación en los últimos años y al parecer no cambiará por un tiempo más. "Todo lo que podamos pensar en los años venideros tiene que tener la impronta de la austeridad. Para que el gasto sea una inversión se necesita una efectiva gestión den de los recursos", manifestó Suarez ante los jueces de la Corte en la apertura del año judicial.