Suarez y un discurso nada memorable en un tiempo difícil de olvidar

Quizás haya sido muy criticado por la oposición, pero a decir verdad el discurso de Rodolfo Saurez del 1 de Mayo estuvo a la altura de su circunstancia.

Mucho más no se podía esperar de lo que dijo en esa hora y pico en la que habló ante una Asamblea Legislativa que lo siguió por pantalla, por parte de un gobernador que no tiene a la comunicación como uno de sus fuertes. Y que, además, asumió hace menos de seis meses preparado para pilotear un barco que, ni por asomo, esperó tener que conducir en medio estas condiciones de tormenta perfecta desatada por la pandemia del coronavirus.

Ya se sabe, Suarez se hizo cargo de la gobernación con un puñado de ideas fuerza que ya no existen. El desarrollo de la minería, la diversificación de la economía y una apuesta a transitar los años que le tocaron en el poder para mejorar los servicios del Estado profundizando las políticas de equilibrio fiscal aplicadas por Alfredo Cornejo.

De nada de eso podía hablar el viernes. Sí le quedaba, entre aquellos motores de gestión, su concepción de que con la oposición siempre hay que intentar apostar al diálogo y el convencimiento de que Mendoza necesita avanzar de una vez por todas con la reforma de la Constitución con la fantasía añadida de que, si los cambios prosperaban, podía jugarse a su reelección. Sobre estos dos últimos conceptos, estuvo quizás algo de lo rescatable de un discurso acaparado por la crisis fulminante del Covid-19.

Hace muchos años ya que los mensajes gubernamentales que dejan inaugurado el período de sesiones legislativas en la provincia son importantes a nivel institucional y funcionan perfecto para la alimentación del rosca política. Pero con un escaso impacto a nivel social.

En este contexto el gobernador llegó con el barbijo puesto el viernes a la Legislatura y con algunos datos acerca de cómo lo está midiendo la gente. Una encuesta digital realizada a través de las redes sociales por la consultora Martha Reale entre el 24 y el 24 de abril, le marcó a Suarez una aprobación del 79% de su gestión y una recuperación de su imagen positiva (62%) luego del comienzo errático de diciembre. El 86,5% aprueba la gestión de la crisis actual, al igual que se detectó por parte de la gente un respaldo lo que está haciendo Alberto Fernández con una mirada positiva del 78%.

En relación al presidente, la encuesta hace una salvedad: fue realizada antes del jueves 30 de abril, fecha en que se hicieron notables los cacerolazos por parte del sector de la sociedad que protestó ante la liberación de presos en las cárceles de todo el país. Como pocas veces, Suarez reaccionó con contundencia ante este problema. Sostuvo que “la Justicia no tiene excusas para sacar presos”.

El gobierno vio venir el problema. Primero por un comunicado del PJ mendocino del 25 de abril, en dónde reclamaban por la rápida acción del Poder Judicial ante los Hábeas Corpus presentado por los abogados de los reclusos. Podrá decirse que no había por parte del gobierno nacional una intención de propiciar salidas masivas, pero en Mendoza se presentaron 300 de estos pedidos que fueron reclamos por el peronismo.

Pero también encendió la alarma una serie de mensajes a través de whatsapp que fueron enviado por los detenidos en el penal de Devoto, en la Capital Federal, en donde, tres días antes, anticipaban medidas de protesta como las que se llevaron adelante después en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

Los jueces que tiene a cargo este tipo de decisiones ya han otorgado el beneficio del arresto domiciliario a unos 153 reclusos, sumados los fueros provincial y federal, haciendo lugar a los pedidos realizados por ser considerados población carcelaria en riesgo por el coronavirus.

Las liberaciones seguramente continuarán, aunque lejos podría considerarse todavía como una salida masiva. Lo permitido hasta ahora, representa poco más del 3% de la cantidad de alojados en las distintas cárceles de Mendoza y el propio gobierno trató de marcar la cancha ante este tipo de decisiones.

A mediados de semana se reunió con representantes de los presos que habían encabezado el motín en el penal de calle Belgrano para reclamar el arresto domiciliario y buscó fijar tres pautas, en un encuentro del que también participaron jueces y miembros del Ministerio Público Fiscal.

En primer lugar el criterio a imponer fue que el solo hecho de pertenecer a un grupo de riesgo no les garantizaba a los presos la posibilidad de algún beneficio carcelario. El otro punto, que se iba a considerar tanto la condena como el tipo de delito a la hora de analizar la situación. Y el tercero, quizás el más difuso a la hora de implementar, fue que la Justicia antes de otorgar la domiciliaria a determinado reo, va a consultar a la víctima de ese delincuente si está de acuerdo o no como lo impone la legislación vigente. 

En tanto el viernes, subido ahora al argumento de la necesidad imperiosa del achicamiento de los gastos del Estado que la recesión económica impone, el gobernador volvió a proponer una reforma de la Constitución que tendrá como eje de debate central la reducción a prácticamente la mitad de la Legislatura.

La iniciativa de la unicameralidad no es nueva y el propio Suarez la agitó con entusiasmo en sus épocas de candidato. Hablaba de los costos, por supuesto, pero también argumentaba acerca de las deficiencias en la representatividad del sistema actual.

Suarez es el quinto gobernador que de manera consecutiva en los últimos 20 años de Democracia encara un proceso de reforma constitucional en la provincia. Y quizás sea el primero en lograrlo. No será porque la dirigencia política tomó conciencia de la importancia de aggionar la vieja Carta Magna de 1916 para las generaciones que vienen o porque asumió la necesidad de recortar los gastos de la política.

Muy probablemente los cambios en la Constitución ahora saldrán, porque Suarez se bajó de la alternativa de ser reelecto, verdadera “piedra en el zapato”, como él mismo la definió, para que la reforma fracasara una y otra vez desde 2001 a esta parte.

Su noción de que la buena fe debe reinar en su relación con el peronismo quedó expuesta otra vez en estas últimas horas. El primer mandatario incluyó un párrafo en su mensaje en el que le comunicó a los intendentes (los del PJ habían reclamado fuerte) que les iba a llegar a ellos también la ayuda financiera que se distribuye entre las provincias por parte del gobierno nacional a través de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y de préstamos de un Fondo Fiduciario de Desarrollo provincial.

El gobierno provincial había decidido quedarse con el paquete completo de ese salvataje que la Casa Rosada implementó para los gobernadores y solo se comprometió a asistir con recursos a un grupo de seis comunas que tienen a su cargo centros de salud. Para bajar la tensión política producida por el pataleo de los caciques, el ministerio de Hacienda había ofrecido también que los municipios pudieran reprogramar pagos por $60 millones en donde esa cartera es acreedora.

Pero el impacto de la caída de la recaudación en los distritos forzó al gobernador al reparto. Mendoza recibiría unos $5.000 millones en total, de los cuáles hasta el momento solo percibió $825 millones y espera que en los próximos días ingresen $ 400 millones más. Del total de esos fondos, nada irá a parar por ahora a los intendentes y serán destinados para cubrir gastos que demandó la pandemia y que para el Estado mendocino suman $2.000 millones hasta aquí.

Los intendentes terminarían repartiéndose unos $750 millones de acuerdo al índice de coparticipación municipal, pero para ello tendrán que esperar. Y no se sabe cuánto tiempo.

Otra de las apuestas del gobernador a la buena fe: sigue confiado en que Alberto cumplirá con su promesa de asistir a las provincias aunque está claro a esta altura que esa ayuda nacional está llegando en cuentagotas. Un dato inquietó en Mendoza: la Casa Rosada está soltando pesos para pagar deudas atrasadas a proveedores de obra pública nacional (pagos que incluso datan de la época de Mauricio Macri y de obras viales en la provincia) como forma de reactivar la cadena de pagos y la economía.

Pero también, funciona como mecanismo para mantener a raya a los gobernadores que precisan de esa asistencia para su supervivencia. Y Suarez es uno de lo que depende de ello: el panorama financiero de la provincia es desolador y la recaudación de abril, según estimaciones oficiales, habría caído al menos un 25% y se espera asimismo que los números de mayo sean muchísimo peores. Sin los fondos comprometidos por el presidente, esta provincia en menos de un mes no podrá hacer frente a buena parte de sus compromisos.

Esa realidad, fue la que llevó Suarez el 1 de Mayo en un mensaje que estuvo muy lejos de lo memorable. Pero que ante las imágenes desoladoras y post apocalípticas que dejó, la convirtieron en un día que será muy difícil de olvidar.