La provincia de Buenos Aires también extendió el plazo del canje de deuda

La provincia de Buenos Aires extendió hasta el 26 de mayo el plazo para que los acreedores respondan si aceptan la oferta de canje formulada para reestructurar una deuda de US$ 7.148 millones, debido al bajo porcentaje inicial de apoyo a la propuesta presentada por la administración de Axel Kicillof.

Al igual que el gobierno nacional, la propuesta de reestructuración de la deuda bonaerense no fue aceptada. La adhesión a la oferta apenas llegó al 24% de los bonos, mientras que el 76% restante la rechazó. Por ende, Buenos Aires no cumplió ayer con el pago de 113 millones de dólares -correspondientes a una cuota de capital de dos bonos, uno en dólares y otro en euros- por lo que técnicamente los dueños de esos papeles estarían en condiciones de declarar el default de la Provincia y acudir a los tribunales de Nueva York (bonos en dólares) o Londres (bonos en euros).

“En el marco de los esfuerzos llevados adelante en pos de recuperar la sostenibilidad de su deuda pública, la provincia de Buenos Aires anuncia la extensión del plazo para aceptar la propuesta realizada a los tenedores de los Bonos Elegibles hasta el día 26 de mayo”, consignó en un comunicado el Ministerio de Hacienda bonaerense, que conduce Pablo López.

Según el organismo, y al contrario de lo que sugieren los niveles de aceptación, la extensión del plazo “se realiza teniendo presente que una parte de los acreedores de la Provincia ya ha manifestado su aprobación a la propuesta formulada y que se encuentra en desarrollo un diálogo constructivo con el resto de los acreedores que comprenden los lineamientos publicados por la Provincia, que permanece plenamente comprometida con el logro de un proceso ordenado y de buena fe”.

“Una deuda insostenible como la actual implica menores recursos inmediatos destinados a educación, salud, infraestructura y otras políticas de reducción de la pobreza y contención de los efectos de la actual crisis desatada por la pandemia del Covid-19. Esto nos obliga a tomar decisiones responsables, que tomen en cuenta la realidad de todos los sectores”, justificó el gobierno bonaerense.

También consignó que “por otro lado, muchos acreedores han advertido que cualquier propuesta que repita lógicas cortoplacistas derivará en resultados destructivos que también los alcanzará. A ellos queremos llevarles la tranquilidad de que existe pleno compromiso con el logro de los espacios necesarios para reconstruir una adecuada capacidad de repago tanto en términos económicos-financieros como sociales”.

El 23 de abril pasado la gobernación propuso un canje para los tenedores de bonos en moneda extranjera por nuevos títulos, con un período de gracia de 3 años, una quita del 55% en los intereses y de cerca de 7% en el capital. La prórroga del vencimiento abarca tanto al plazo para que los tenedores respondan si aceptan ingresar al canje, así como al período de gracia para pagar un bono por U$S100 millones que la provincia debía cancelar el 1 de mayo pasado, subrayaron fuentes del gobierno bonaerense.

Además recordaron que el 86% de la deuda pública de la provincia está nominada en moneda extranjera, lo que representó un incremento de 26 puntos porcentuales respecto a los compromisos existentes a fines de 2015. Además, el 80% de los vencimientos de deuda provincial se concentran entre 2020 y 2025, con lo que el plazo promedio ponderado de los vencimientos se redujo de 5,7 años a 3,3 años en el último cuatrienio.

"Sólo de la parte de la deuda bajo legislación extranjera la provincia deberá pagar US$ 5.500 millones entre 2020 y 2023; en 2019 el pago de los servicios absorbió el 18% de los recursos totales de los que dispone la provincia (netos de coparticipación) y se estima que en 2020 ese porcentaje supere el 20%", plantearon desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas, en una crítica tácita a la administración anterior de la macrista María Eugenia Vidal.

En este contexto, si la provincia no logra reestructurar su deuda en 2020 tendrá que afrontar vencimientos por $ 220.000 millones, lo que equivale a 6 meses de recaudación tributaria propia; 4 meses de pago de todos los salarios de la provincia; 2,7 años del presupuesto destinado a Seguridad; y 3,1 años del presupuesto para el área de Salud.