Suarez, ante la crisis financiera más inédita e inesperada

Ni aún en su peor pesadilla, Rodolfo Suarez debe haber imaginado que uno de los principales argumentos que utilizó para ganar la elección iba a terminar estallando en mil pedazos cuando solo pasaron seis meses desde que asumió.

A esta altura de la crisis fulminante desatada por el coronavirus, esas imágenes de aquél candidato oficialista que transitaba la campaña derrochando confianza por la situación fiscal de la provincia y presentándose como el garante de la continuidad del buen manejo de la cosa pública, aparecen hoy como si formaran parte de una realidad de hace años.

En octubre pasado, la solidez fiscal de la provincia era el eje. En abril, vértigo de la pandemia mediante, ese escenario se transformó para el gobernador en la posibilidad concreta de empezar a tener problemas en mayo para cumplir a tiempo con el pago de los sueldos de los estatales y, entre otras muchas dificultades serias, verse obligado a iniciar un proceso de renegociación de deuda que pone a Mendoza, luego de casi dos décadas, otra vez en riesgo de default.

El encargado esta semana de trazar la gravedad del problema fue el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, quien transparentó las proyecciones para este mes que está apunto de finalizar y estimó que la caída en los ingresos (tomando marzo y abril) rondaría los $ 9.000 millones y que, entre otras consecuencias, eso no le permite hoy al Gobierno “dar certeza para los próximos meses en tiempo del pago de los sueldos ni aguinaldos”.

Sin ocultar lo dramático de la situación, el funcionario también develó otro problema: la provincia se quedó sin capacidad de pago de las obligaciones con sus acreedores y anunció que, dada la nueva realidad financiera, al igual que el gobierno nacional y otros distritos comenzará un proceso para renegociar su deuda.

Este año, Mendoza deberá afrontar pagos de amortización por $6.467 millones y otros $ 8.164 millones en concepto de intereses, en un paquete que incluye distintos acreedores locales e internacionales que van desde el Banco Nación, el Gobierno nacional, la Anses, organismos multilaterales de crédito y un paquete importante de tenedores de bonos que, en su mayoría, están el exterior.

De toda la deuda a renegociar, las claves son dos. Una de ellas, depende de una decisión política de Alberto Fernandez de aprobar un reperfilamiento de las deudas de las provincias con la Nación que todavía no llega. Allí están unos $3.500 millones que Mendoza le debe al Banco Nación y otros $1.200 millones con Anses, que están dentro de un cronograma de renegociación en la que están involucrados todos los gobernadores.

Sin embargo, el hecho de que finalmente se puedan reprogramar estos pagos está rodeado de incertidumbre. La negociación con el Nación está en marcha desde hace meses, aunque sin novedades todavía. La discusión con Anses cambió de rumbo en varias oportunidades.

En el marco de la discusión en el Congreso por la ley de reperfilamiento de la deuda nacional y para lograr respaldo legislativo a esa iniciativa clave a principios de año, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ofrecieron a los gobernadores un salvataje para esas deudas contraídas el Fondo de Sustentabilidad del organismo previsional. Sin embargo, unas semanas después de ese compromiso, la Nación se resistió a refinanciar esos pasivos y la decisión quedó, en definitiva, en manos de Sergio Vanoli, el titular de Anses.

El jueves el ministro de Hacienda, Martín Guzman, mantuvo una videoconferencia con todos los responsables del manejo de las áreas económicas del interior y este tema se tocó. Con prudencia y evitando un enfrentamiento, algunos ministros hicieron notar el malestar de los gobernadores porque la Nación ya reperfiló la deuda con sus acreedores pero todavía no hace lo propio con las deudas en donde es acreedora de las provincias.

Pero lo primordial para Suarez será reprogramar los pagos de dos bonos emitidos durante la gestión de Alfredo Cornejo, uno de ellos es de U$S 500 millones emitido en 2016 y el otro de $ 5.000 millones colocado en 2017, que si bien imponen vencimientos de capital a partir de 2022, también tienen vencimientos de intereses fuertes este año.

El bono local tiene cuatro vencimientos a largo de 2020 y el título internacional, el que más preocupa, dos, uno en mayo y otro en noviembre, de U$S 25 millones cada uno.

En su contacto con los ministros, Guzmán confirmó la creación de una unidad especial de Economía que se encargará de colaborar con el proceso de renegociación que encararán las provincias con su acreedores internacionales, aunque desde Mendoza ya anticiparon que el proceso de reestructuración local se hará de manera independiente a la que ya se presentó a nivel nacional.

Será difícil sostener tanto nivel de asepcia: se espera que Guzmán trate de imponer criterios que podrían no coincidir con los que desarrollará Mendoza para sus bonistas. ¿Impactará el proceso de reestructuración que ya está en marcha a nivel país con la refinanciación que encarará Nieri? El margen es muy finito y los acreedores de Mendoza, hablarán con Mendoza. Pero lo que que pasa en al país alterará el precio de todos los bonos, sin lugar a dudas.

La estrategia será no aplicar un criterio de dureza como el que muestra Guzmán, sino más bien que se intentará llegar a un acuerdo apelando a que los bonistas entiendan que la realidad fiscal no es hoy la misma que la de 2016 o 2017, cuando apostaron por los bonos mendocinos.

En cierta forma, nos acercamos a un escenario muy similar al de 2004 cuando Nación y provincia, también salieron a reestructurar su deuda. En aquél momento se vivieron meses de tensión política por la intención del entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, para que Mendoza se ajustara a los lineamientos nacionales.

Julio Cobos, entonces gobernador, desoyó esa recomendación y logró cerrar un acuerdo que no solo fue más rápido, sino que acarreó menos consecuencias a futuro. Coincidencia: hace 16 años y ahora, Nieri está a cargo del proceso.

Hasta aquí se llegó por el impacto de las medidas aplicadas para contener el avance del Covid-19 que sirvieron, desde el punto de vista sanitario, para aplanar la curva de contagios y bajar la cantidad de muertos en nuestra zona y ese no fue un dato menor. Pero a su vez la implementación del aislamiento social obligatorio estuvo atado a un parate de la economía que derivó en un rompimiento de la cadena de pagos y desencadenó un derrumbe histórico en la recaudación de impuestos en solo dos meses.

La frase acerca del peligro que corrían los salarios públicos soltada por el ministro de Hacienda en esa conferencia virtual por Facebook, sonó como una bomba entre los gremios públicos y en el Gobierno se notó un extraño grado de sorpresa por el impacto que esa frase había causado. “Era obvio que algo así iba a suceder cuando estamos hablando de que, por ejemplo, la mitad de la gente dejó de pagar el Inmobiliario y la declaración de Ingresos Brutos en buena parte del comercio será cero”, se descargaron.

Es cierto que dentro del gobierno habitan varios funcionarios sin roce que llegaron con Suarez, pero allí también conviven muchos otros que ya llevan varias batallas encima y que no pueden cometer el pecado de la ingenuidad política. Muy pocos se alarmaron cuando se comenzaron a recortar obras públicas o, por caso, cuando se empezaron a acumular los reclamos de los proveedores del Estado por falta de pago. Sin embargo el estado de cosas explotó, cuando se anunció que se avecinaban problemas para pagar los sueldos.

El anticipo de Nieri ya generó una convocatoria del SUTE para un reagrupamiento de los gremios estatales en plan de lucha y una advertencia de su titular, Sebastián Henríquez, de que “si no hay salario, no hay clases”, según advirtió.

Si se precisara la premonición del ministro de Hacienda: los sueldos de abril que se cobrarán en mayo serán liquidados en tiempo y forma. Y los sueldos de mayo que se harán efectivos en junio, podrían llegar a sufrir un retraso en el pago, aunque eso no implica que no se abonarán en su totalidad. El problema (serio) será que no se liquidarán el último día hábil del mes por derecho adquirido, pero lo que se descarta es que se vayan a producir recortes o que, directamente, no se paguen.

¿De qué depende que se genere o no un problema con los tiempos? Que la asistencia financiera que la Casa Rosada se comprometió a brindarle a los gobernadores se concrete. No hay manera aún de que las autoridades económicas de la provincia tengan la confianza plena de que ese paquete de $120.000 millones para los mandatarios del interior (repartidos entre $60.000 millones de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y otro tanto que serán créditos otorgados por un Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial) lleguen a la provincia de la forma en que se anunció.

Mendoza tiene una cuota comprometida allí de $5.000 millones en total, pero persisten las dudas acerca de si esta ayuda se distribuirá de acuerdo a los índices de coparticipación federal o se seguirá un criterio político para la asignación. De eso, depende en buena parte, la manera en que Suarez podrá hacer frente a esta crisis tan inédita como inesperada para él.