Acuerdo político en la Corte para definir cómo será la votación de Day

Acuerdo político en la Corte para definir cómo será la votación de Day

Tras meses de disputas internas y planteos cruzados del Gobierno y de Organizaciones de Derechos Humanos, los miembros del máximo tribunal acordaron rechazar todas las recusaciones. "La Corte que tenemos, es la que tiene que resolver este conflicto", aseguraron en Tribunales.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Los miembros de la Suprema Corte de Justicia dieron este miércoles la primera señal de acuerdo político interno, tras varios meses de disputa que los viene atravesando, en el marco de la riesgosísima votación para la institucionalidad de Mendoza que se avecina y en donde se resolverá si la jueza María Teresa Day seguirá en su cargo o no.

En la tarde ayer se conoció una resolución firmada por los siete miembros del tribunal que deberán resolver en este caso (al excusarse la propia Day suscribió ese escrito la camarista Alejandra Orbelli) a través de la cual se rechaza in limine (sin aceptar discusión) las recusaciones que los organismos de Derechos Humanos habían presentado contra el presidente de la Corte, Dalmiro Garay y contra la propia Orbelli. Al primero, los organismos lo habían sospechado de “partidismo” a raíz de su su vínculo con el Gobierno y consideraban que su intervención constituía “una flagrante violación del principio de imparcialidad y una muestra clara y manifiesta del deterioro de las instituciones republicanas que avergüenza a la sociedad mendocina”. A la segunda magistrada la habían objetado por considerar que su designación en reemplazo de Day no se ajustaba a la ley.

Tres datos clave para entender lo que los magistrados resolvieron en este sentido. El primero es que el escrito lleva la firma de todos los integrantes de la Corte: Dalmiro Garay, Pedro Llorente, José Valerio y Alejandra Orbelli y, por supuesto, que también la de Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez que, si bien coincidían con los fundamentos de la recusación, se sumaron al rechazo.

Esta decisión terminó por cerrar un acuerdo que se venía tejiendo desde hace unas semanas, por el cual los supremos apuntaban a rechazar todas las recusaciones en la causa Day, de uno y otro lado, para que sean los mismos jueces de la Corte los que voten y resuelvan así las diferencias en un conflicto que va más allá de lo jurídico. Esto presupone que ahora los jueces más cercanos a Rodolfo Suarez rechazarán los planteos que el vicegobernador, Mario Abed, hizo sobre Palermo y Adaro para evitar que votaran.

Y el último punto importante es el mensaje que se pretende dar hacia afuera. Los jueces exhortaron a “las autoridades públicas y a las personas interesadas en este debate” a que “en lo sucesivo, orienten sus actos según el principio de buena fe procesal, cuidando de no afectar la dignidad de la justicia y absteniéndose de usar dilatoriamente las reglas formales previstas para resguardar la competencia del tribunal y la debida imparcialidad de sus jueces”. Y sigue: “Ante tal complejo escenario, sin perjuicio del trámite y resolución que correspondiera a cada uno de los cuestionamientos más arriba descritos, los miembros naturales del tribunal se encuentran autorizados a manifestar que el admitir múltiples recusaciones por presunto interés en la designación de una funcionaria constitucional, conlleva el serio peligro de llevar a desintegrar el órgano establecido por la Constitución para efectuar el control interpoderes, bloqueando el sistema”.

O dicho en otros términos: la Corte pide que cesen los planteos cruzados y los dejen votar. “De algún modo lo que se está planteando es que esta es la Corte que tenemos, defendámosla y que es la que tiene que resolver este conflicto”, se sinceró una voz de Tribunales ante MDZ.

Como ya se sabe, a instancias de legisladores de la oposición y de organismos de DD.HH, un grupo de jueces con Palermo al frente avanzó y convocó a votar en un plenario de jueces de la Corte la cuestión que desde hace cuatro meses sacude al Gobierno y a la Justicia dejándolos al borde del abismo institucional. Esto es, ¿cómo debe interpretarse y cuáles son los alcances del requisito constitucional de ejercicio de la profesión para ser ministro de la Corte? Y en este caso, si Day cumple o no los requisitos que exige la Carta Magna de diez años de ejercicio de la profesión de abogada para haber sido designada jueza.

Un episodio le había agregado últimamente tensión al vínculo entre un sector de la Corte y el Gobierno, que hizo peligrar el acuerdo finalmente alcanzado ayer. En la previa de la audiencia pública que la Corte convocó para el 22 de octubre, en el marco de del debate sobre la constitucionalidad de la prisión perpetua, algunos dirigentes cercanos a Alfredo Cornejo comenzaron a militar en las redes sociales una presencia fuerte en esa audiencia. Otro conflicto con Omar Palermo que vuelve, después de varios años.

Las recusaciones en el caso Day, entre otros riesgos, demoraban la votación que, sin embargo, todavía no tiene fecha definida. Ya está firme quiénes votarán, ahora la gran duda es cuál será el resultado. Aunque un escenario se puede vislumbrar: terminaría siendo tres a tres porque se anticipa que Palermo, Adaro y Julio Gómez sostendrían que Day no cumple los requisitos. Y en sentido contrario votarían Garay, José Valerio y Pedro Llorente. Orbelli se transformaría así, en el voto decisivo y podrían terminar inclinando la balanza a favor de la jueza impuesta por Suarez.

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