Negociación y acuerdos en la Corte por el "asunto" Day

La guerra sin cuartel que se había librado en la Suprema Corte de Mendoza había tensionado al límite la institucionalidad de la provincia. Sin embargo, en las últimas semanas se han podido observar algunos gestos de consenso necesarios para resolver situaciones urgentes. Incluso algunos datos puntuales evidencian el cambio de actitud puertas adentro del máximo tribunal.

El hecho de que Teresa Day se haya excusado de resolver en el plenario que definirá la interpretación correcta del artículo 152 de la Constitución es uno de esos símbolos. Técnica y legalmente no existe ningún impedimento para que Day integre el plenario y responda cómo debe interpretarse el requisito constitucional de "10 años de ejercicio de la profesión" para ser juez de la Corte. Pero hubiese sido reprochable que lo hiciera, ya que es su caso puntual el que puso en tela de discusión el tema. 

Pero la excusación de Day también encierra otro gesto de tregua. Mientras que el ala filoradical coqueteaba con la idea de que la propia Day votara en el plenario e inclinara la balanza a su favor, en sector peronista había sembrado la idea de llamar a Aída Kemelmajer para que votara en el plenario. Puertas adentro daban por hecho que la exjueza de la Corte hubiese sido contundente en que no basta con recibirse de abogado para acreditar ejercicio de la profesión.

Pero finalmente, no serán ni Day ni Kemelmajer las que terminen de desempatar una votación que ya parece anunciada con Dalmiro Garay, José Valerio y Pedro Llorente por un lado, y Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez por el otro. El voto decisivo lo tendrá la camarista civil Alejandra Orbelli.

El hecho de que Orbelli tenga vínculos con el PJ y con la UCR la convierten en una pieza ideal para darle legitimidad a lo que se resuelva en el plenario. Casada con un exfuncionario del PJ pero con amistades radicales, queda envuelta en un aura de imparcialidad necesario para despejar dudas sobre  la decisión final.

Equiparados: el otro tema candente

Por otra parte, existe otra urgencia a resolver en la Suprema Corte y es la situación de los equiparados a magistrados. En concreto, las presentaciones judiciales que han realizado los funcionarios que cobran como jueces y que no quieren perder ese beneficio como lo indica la ley que presentó Rodolfo Suarez y sancionó la Legislatura provincial.

Ese tema también había generado rispideces puertas adentro del máximo tribunal, ya que desde el sector peronista que engloba a Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez sostenían que la ley fue hecha a medida para perjudicar a personas vinculadas a ese sector. 

En medio de la guerra de trinchera que se dio en el mes de julio en la Suprema Corte, el juez José Valerio pidió que los reclamos judiciales de los equiparados no sean resueltos por la Sala II, que integra junto a Mario Adaro y Omar Palermo. En su lugar, pidió que la Corte en pleno resuelva la constitucionalidad de la ley que pone límite a la figura de "equiparados a magistrados".

Pero a pesar de que el 23 de julio ese pedido fue aceptado por el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, en las últimas semanas distintas voces han comenzado a coincidir en que la medida cautelar de los equiparados en realidad debe resolverlo la Sala II.