Cómo golpea la crisis en Mendoza: incertidumbre y caída de recaudación

Cómo golpea la crisis en Mendoza: incertidumbre y caída de recaudación

El gobierno provincial reclama un "volantazo" por parte de Alberto Fernández en materia económica, a la vez que está alerta por la conflictividad social. La recaudación de setiembre se desplomó un 21% y se anticipa un escenario complejo para la negociación de los aumentos salariales en 2021.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Con el correr de las semanas, la nueva disparada del dólar, la agudización de la crisis económica y la percepción de la falta de respuestas por parte del gobierno nacional, subieron el nivel de preocupación de Rodolfo Suarez en varios aspectos. Algo todavía no termina de decir en público el gobernador acerca de una de las alarmas encendidas que más inquieta: la creciente tensión social y el peligro latente de algún tipo de estallido que podría generarse en Buenos Aires, pero que también podría terminar irradiándose a las provincias.

Un posible escenario de devaluación fuerte contribuye aún más a alimentar estos temores que, si bien Suarez todavía no expresa, Alfredo Cornejo de alguna manera sí. Hace unos días, cuando lo consultaron acerca de la situación económica y social de la Argentina, el diputado nacional manifestó su intranquilidad por este tema y alertó que "los estallidos sociales en el país en general han sido fomentados por dirigentes políticos", aunque no dio mayores precisiones.

Puertas adentro del gobierno provincial respaldan lo que el exgobernador viene sosteniendo. Y hablan en el mismo sentido de la necesidad de un “volantazo” por parte de Alberto Fernández en materia económica que permita recuperar la confianza. "Hay medidas económicas que no configuran un plan: cepo cambiario, mayor presión impositiva, emisión descontrolada... todo eso está generando zozobra y deterioro social. Entramos a la pandemia con una economía de base mala y la han empeorado absolutamente. Será difícil recuperarse de los errores de la cuarentena. Si Alberto Fernández no da un volantazo, no vamos a tener resultados sociales adecuados", es el análisis de Cornejo.

La Nación ya firmó el envío de $3.000 millones de asistencia financiera en tres cuotas trimestrales para la provincia y eso calmó bastante la ansiedad en Casa de Gobierno. Pero eso no termina de despejar en el ministerio de Hacienda la certeza de que , más allá de este envío, todavía existe discrecionalidad en el reparto de esta ayuda para paliar los efectos de la pandemia. No existen dudas de que durante todo este año la provincia de Buenos Aires se ubicó primera y por lejos en el ranking de los distritos que más recursos recibieron del Estado nacional para atender sus gastos. Pero, en comparativa, otros casos marcan esa diferencia que se denuncia. Mendoza había recibido, hasta este nuevo préstamo de $3.000 millones, solo $1.900 millones por parte del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y cerca de $1.700 millones en concepto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). Por la pandemia, la Nación ya asistió a Chubut con más de $ 17 mil millones en este 2020, por ejemplo.

En el debate por el proyecto de Presupuesto 2021 que se está dando en el Congreso ya surgieron un par de temas de discusión sobre este aspecto. Como parte de lo que viene ocurriendo desde hace años, la prioridad a la hora del reparto de los subsidios la tiene el área metropolitana de Buenos Aires y eso se tradujo en el reparto de fondos públicos para sostener tanto al transporte en el AMBA, como a las grandes distribuidoras eléctricas Edenor y a Edesur.

Una luz fuerte se encendió en el tablero de control de Hacienda: la recaudación de setiembre volvió a caer de manera importante: durante mayo, luego del parate total de la economía generado por la cuarentena estricta, había bajado, en comparación interanual, un 28%. Tras una recuperación entre junio y agosto, el desplome del mes pasado fue del 21%. Se verá si la tendencia se repite en octubre y eso será algo que, sin dudas, agravará el panorama.

Otro de los impactos se producirá en la Ley de Presupuesto que se está debatiendo en la Legislatura desde principios de este mes. Está claro que, entre otras variables, la suba del precio del dólar modificará todas las pautas, aunque el Gobierno sostenga que tendrá herramientas para corregirlas a partir del año que 2021. Ya se sabe que el gasto público para el año que viene estará orientado a sostener programas que alivien el golpe producido por la pandemia.

En ese sentido se intentará sostener el empleo a través de programas de asistencia por parte del Estado al sector privado con aportes que rondarán los $4.450 millones y para asistir a los sectores más afectados (como el turismo o las guarderías) se aplicarán rebajas impositivas del 50% en Ingresos Brutos que tendrán un costo fiscal de $746 millones. Se invertirán $1.248 millones en mejorar la situación de los hospitales (porque seguiremos conviviendo con el coronavirus muy probablemente buena parte del año que viene todavía) y se destinarán recursos para volver a poner las escuelas en condiciones para marzo.

Ahora: si bien se destinará el 53% de los recursos a pagar salarios de los empleados públicos (alrededor de $238.000 millones), todo anticipa que tendremos un primer trimestre caliente en cuanto a la discusión paritaria. Este año directamente no se abrió el juego con los sindicatos para negociar aumentos salariales y para el próximo se avecina una situación de la provincia con igual o mayor nivel de estrés financiero que el actual. El pago del medio aguinaldo de diciembre está en duda y se resolverá en noviembre, pero no hace falta demasiado poder de adivinación para saber qué puede llegar a ocurrir. Recién este mes, se terminará de pagar lo que correspondía al aguinaldo de julio.

En el Presupuesto, surge de manera notoria la desinversión en materia de infraestructura pública que apenas llegará al 6% del total: en concreto figuran un plan de viviendas por $3.000 millones y siete obras (cuatro a terminar y tres nuevas) que cuentan con financiamiento. Y no mucho más. La expectativa, en este punto, está puesta en parte del endeudamiento pedido (unos $12.000 millones para el roll-over de la deuda básicamente) y un crédito por parte de fondos árabes por U$S 100 millones destinados a un ambicioso programa para mejorar la eficiencia del riego.

 
Esta vez la discusión por el endeudamiento podría tener otra perspectiva para el peronismo que, en la Legislatura, se opuso a los últimos pedidos de este tipo por parte de los gobiernos radicales. El ministerio de Economía de la Nación  incluyó los avales para la toma de este crédito de los árabes en su proyecto de Presupuesto 2021 y eso podría terminar habilitando al PJ para que levantarle la mano a una iniciativa que, de otro manera, muy probablemente hubiera caído en el mismo tironeo y rechazo posterior de los últimos años.

Temas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?