Abogada de Milagro Sala: "¿Por qué no detienen a los funcionarios implicados?"
La abogada de Milagro Sala, Paloma Álvarez Carreras, señaló que vive "de su marido que es periodista jubilado y sus hijos trabajan; no está cobrando el sueldo de parlamentaria del Parlasur". Sobre cómo mantiene sus propiedades múltiples, señaló que "esta casa es parte de su patrimonio y se verá cómo se acondiciona y se mantiene, no manejo sus recursos económicos". Se quejó de que no han detenido a los que fueron funcionarios y recibieron los fondos, lo que abona su teoría de "persecución política".
Confirmó que la dirigente de la organización Tupac Amaru ya está en su casa cumpliendo la prisión domiciliaria y que vivirá con su esposo. En diálogo con el programa "Lo demás es lo de menos" de MDZ Radio, Álvarez Carreras, confirmó que la casa fue reacondicionada, ya que estaba inhabitable, según la defensa. "Fue gracias a la solidaridad de todos los compañeros que fueron a limpiarla y se hizo una campaña solidaria a nivel nacional. En cuatro o cinco días todos los comités provinciales consiguieron ventanas, puertas para ponerla en condiciones", dijo la abogada.
No quiso abundar, sin embargo, en torno a que pueda recibir visitas, sino que reafirmó que se cumple con el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informó que la custodia de Milagro Sala "no puede estar integrada por personas de las fuerzas de seguridad". Agregó que lo ocurrido en Mendoza con Nélida Rojas, representante de la misma entidad acusada de delitos, "se explica como persecución política" porque "lo que dispone la justicia es restricción de libertad, no de pensamiento, de opinión ni de recibir visitas".
"En el caso de Milagro Sala -dijo- tendrá un régimen similar al carcelario porque las visitas solo pueden ir en un determinado día y horario, y el juez debe saber quiénes van". Por ello, la abogada consideró que "atenta contra la intimidad de ella y el marido, porque las personas que lo vayan a ver a él van a ser requisadas por Gendarmería, lo que viola la ley de ejecución penal, al igual que el segundo control de seguridad que tendrá la Policía de Jujuy. Es un exceso y una arbitrariedad restringir relaciones personales y el ingreso de personas controlandolos. Eso reafirma el hostigamiento y persecución sobre su persona, porque en esa misma causa están imputados funcionarios que no han tenido ninguna orden de detención".
Mencionó a los que gobernaron "San Salvador de Jujuy y otros municipios, que son los que recibieron los fondos. Como allí hay un intendente radical no fue citado siquiera como testigo. Tampoco a los funcionarios de (exgobernador Fellner que están implicados pero que no han sido imputados)".