Piden remover a la cúpula de la Universidad Champagnat
Una denuncia presentada en la Dirección de Personas Jurídicas amenaza con desmoronar el castillo de naipes construido por las actuales autoridades de la Universidad Champagnat. Específicamente, la abogada Susana Monzó asegura que un grupo de ex funcionarios de los gobiernos de Celso Jaque y Francisco Pérez se nombraron en cargos administrativos con altas remuneraciones violando lo dispuesto por el Código Comercial la ley de fundaciones.
La letrada inició la acción legal aduciendo que -antes de morir- el fundador de la Fundación Santa María, Francisco Lucena Carrillo, le encomendó regularizar jurídicamente la entidad que conduce los hilos de la Universidad Champagnat. Se trata de una casa de estudios que, luego de una mala administración por parte de los herederos de Lucena, fue intervenida por el gobierno de Celso Jaque. Eso ocurrió en el año 2011 cuando el por entonces director de Persona Jurídica, Andrés Nicosia, dio lugar a la remoción de todo el Consejo de Administración, remplazandolo por funcionarios vinculados al peronismo.
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El argumento legal que esgrime Monzó -quien renunció a su cargo de abogada de la casa de estudios- es el mismo que se utilizó en 2011 para remover a la familia Lucena de la conducción administrativa. Básicamente, la incompatibilidad de que las autoridades de la Fundación tengan a su vez cargos jerárquicos con sueldos elevados en el Consejo directivo de la Universidad.
Según aduce la letrada, la doble función de Abel Albarracín, Nicolás Pizzuto, Facundo Alsogaray, Marcela Sabatini y Jorge Alberto Giaquinta viola el espíritu de la Ley de Fundaciones 19.836, incorporada al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación desde los artículos 193 a 224.
Allí está explícitamente determinado que el lucro objetivo que se obtiene de la actividad académica como la cuota de los alumnos, "debe revertir en el fin educacional, sin posibilidad de que esos fondos se acumulen y en prohibición absoluta de beneficiar económicamente a quienes conducen los destinos de esos fondos".
En este sentido, advierte que si bien según el artículo 206 del Código Civil y Comercial los cargos dentro del Consejo de Administración, son ad honorem, las actuales autoridades de la Fundación Santa María lo violaron al autodesignarse dentro de la universidad con cargos de decanos, secretarios, vicerrector o delegados.
Incluso, advierte que al nombrarse en cargos jerárquicos lo hicieron con sueldos superiores a otras personas con igual función. Por ejemplo, en el año 2012 la decana Alicia Anzorena -ajena a la maniobra y sin pertenencia partidaria- ganaba $6.000, mientras que sus nuevos pares percibían sueldos cercanos a los $18.000.
Además de ello, la denunciante advierte que si bien el objeto ideado por el fundador de esta casa de estudios era que se convirtiera en un centro de excelencia educativa, en los últimos años se postergó la enseñanza y se priorizó el uso de la Universidad con fines políticos. Por ejemplo, citó un encuentro realizado por el rector Raúl Mercau -ex ministro de Jaque- en apoyo a la campaña presidencial de Daniel Scioli y con la presencia de referentes femeninas del FPV como las por entonces candidatas Anabel Fernández Sagasti y Lía Álvarez, además de la mujer del propio Scioli, Karina Rabolini.
"Lo que me motiva a hacer esta denuncia es la misión que nos encomendó el Fundador, Don Francisco Lucena Carrillo, a mi padre y a mí, como amigos y abogados de su confianza. Nos exhortó a regularizar la fundación y la universidad jurídica y académicamente, desplazando a todas aquellas personas que no fueran idóneas para la consecución del Bien Común educacional que es el objeto de la Fundación", dijo Monzó, quien a su vez destacó que la Universidad Champagnat supo contar con acuerdos internacionales con más de 100 universidades antes del deceso de su fundador en 1999.
Por todo ello, la denunciante solicita que el Poder Ejecutivo intervenga la Fundación Santa María a través del Ministerio de Gobierno y que se remueva a los actuales administradores de la fundación designando nuevas autoridades "con prestigio académico e intelectual. Ahora será el director de Persona Jurídica, Raúl Romero, quien deberá expedirse sobre esta situación.