El círculo mendocino de la corrupción impune

Hay una semiótica que todo lo condiciona en la vida cotidiana. Cuando se trata del Estado, su funcionamiento y sus rituales, un espejismo cumple el rol de soporte de un status quo que pocos quieren que continúe así como está, pero que terminan por sostener.

Si a un sacerdote católico lo viéramos celebrando la misa del domingo de traje y corbata es posible que cambie nuestra percepción sobre él, su significado y hasta es posible que pierda cierta magia y poder sobre los acólitos.

De igual modo sucedería si pudiéramos obtener y reproducir las imágenes de la parición de quienes ocupan cargos en la Justicia. No hubo repollo ni cigüeña tampoco allí: la política los puso en sus sillones siguiendo los ritos legales más o menos al pie de la letra.

Es probable que cambie nuestra idea de imparcialidad de los jueces y fiscales si se difundieran imágenes partidarias de cada uno, o sus cumpleaños con empresarios o inclusive su propia vida humana, que la tienen, con todo lo que implica: lo bueno, lo malo, lo raro, lo lindo, lo feo, lo inexplicable, lo razonable y aun lo pasional. Se caerían de un pedestal que sostienen a fuerza de un hermetismo porfiado y que en algunos casos dan la sensación de servir para ocultar más que para protegerlos de la incidencia externa.

En Mendoza la Justicia vive días complejos. En sus intestinos se digiere ya no solo la criminalidad común, a la que atiende cada uno con su porción de biblioteca, divididos entre los más garantistas y los más punitivos y, a la vez, entre los más trabajadores y los más tranquilos y pacientes. Así, hay muchas más subdivisiones dentro de Palacio, hasta ahora tan secreto e intocable como la mismísima estructura pontificia, sede de otros ritos, otros secretos, otros hermetismos.

Lo que sucedió cuando las causas a investigar empezaron a involucrar a dirigentes de la política local los conmovió. De repente, la sociedad empezó a mirar con atención la actuación interna de los tribunales provinciales y –como ocurre con cualquier cosa cuando se le lo mira a través de una lupa- comenzaron a visualizarse cuestiones que, aunque son cotidianas, resultan raras, monstruosas, inexplicables o inentendibles para quien no convive en ese particular bioma.

A nivel general se percibe que la Justicia mendocina no fue una buena herramienta para frenar la corrupción como tampoco parecen serlo a simple vista muchos entes de control. Al acercar la mirada en función de los casos que empiezan a caer en sus manos debido a auditorías y escándalos que ya nadie puede ocultar –y en eso el periodismo y la tecnología van de la mano, una vez más- todo parece peor. Por eso se percibe una sociedad despierta y dispuesta a mirar por la lupa, encuentren lo que sea que haya detrás de la lente.

Este sábado uno de los fiscales que abordan los delitos complejos en Mendoza, Juan Manuel Bancalari, participó del programa “Tormenta de ideas” en los estudios de MDZ Radio. Hace tan solo cinco meses que asumió ese rol, cuando la Procuración de la Corte desplazó del cargo a Daniel Carniello. Tiene en su fiscalía la imputación contra el exgobernador Francisco Pérez y el exministro de Energía Marcos Zandomeni, en una misma causa por un caso que data de la época en que gobernaba Celso Jaque, hace más de cuatro años; también heredó la investigación por presumibles casos de corrupción del exintendente de Guaymallén Luis Lobos e imputó al exministro de Hacienda, Juan Gantus, de quien recientemente MDZ dio a conocer que mintió al hacer su declaración jurada de bienes. También tiene en sus manos la denuncia que el intendente de Lujan, Omar de Marchi, formuló contra su antecesor, Carlos López Puelles, por situaciones similares por las que está detenido en el penal de San Felipe el exintendente peronista de Santa Rosa, Sergio Salgado.

A todas luces, su fiscalía se ha transformado en un huracán incontrolable que, sin embargo, debe controlar, llevar acorde a derecho, sin exagerar ni equivocarse y avanzar sin presiones y con las herramientas necesarias.

¿Por qué tantos casos en tan poco tiempo? Bancalari aceptó, en la entrevista –en la que por razones obvias no pudo referirse a los casos particulares que investiga- que hay un nuevo aire por el cambio de gobierno. No se trata de que alguien lo haya frenado o le de impulso: lo que sucede es un proceso que podríamos graficar en los siguientes pasos: al aletargamiento de la Justicia le sobrevino el malestar social evidente por casos flagrantes que denotaban al menos, irregularidades, y como punto máximo, delito. La presión social consiguió que los sospechados perdieran nueve elecciones en un solo año y que quienes se postulaban para sucederlos en el poder se sintieran presionados a investigar

Esto último puede sonar demasiado subjetivo, pero nadie puede afirmar que si no hubiese existido la difusión pública de las irregularidades/delitos, se hubiera generado interés en trastocar el famoso status quo mendocino del que habló esta semana además, indignado, enfurecido, el exgobernador Arturo Lafalla en una carta enviada a MDZ.

A partir de allí, alguien se animó a denunciar, alguien se animó a poner en marcha las auditorías para determinar puntos oscuros y posibles responsables. Nada de eso fue detectado per se por los entes de control, que empezaron a esputar casos acorde al “nuevo tiempo” o “nuevos aires” y no antes, en lo que podría entenderse como una reacción lógica de supervivencia.

Pero en este tren, resulta ahora que Mendoza tiene pocos fiscales a cargo de casos complejos y podríamos comprender –aunque no se quejó de ello Bancalari- que pocos recursos y personal. Esto parece constituir la matriz que ya ha permitido anteriormente el archivo de causas o la prescripción de los tiempos legales y, por lo tanto, lo que podríamos llamar de dos maneras: el triunfo de la duda o, definitivamente, la impunidad.

Cuando un fiscal especial de Mendoza quiere revisar un cruce de llamadas realizadas por un investigado tiene que pedirlo a las empresas de telefonía a Buenos Aires. Con suerte –contó Bancalari- en dos meses llega esa información y si surgiera del escrutamiento de ella que hace falta un dato más, tendrá que esperar otros dos meses. Lo dijo en MDZ TV el ministro de la Corte mendocina Jorge Nanclares: “Justicia lenta no es justicia”. Calificamos su sincericidio con una frase jurídica que dice que “a confesión de parte, relevo de pruebas”.

El sistema político es el único que tenemos para llevar adelante la democracia. Pero es imposible dejarlo al arbitrio de sus propios pactos internos que hacen que, por ejemplo, investigar a uno de sus miembros resulte una odisea o que los entes de control se hagan los distraídos, realicen una selección de casos a la hora de acusar y que haya filtros que dejan salir sanciones para unos y no para otros, como podría haber sucedido recientemente desde el Tribunal de Cuentas contra funcionarios del Casino, que ante iguales responsabilidades, acusa a unos y a otros ni siquiera los menciona.

Por ello, si bien no reconoceremos a un juez en el supermercado como sí lo podemos hacer con un político que lo puso en su lugar y se somete a elecciones, es un buen momento para mirar hacia los Tribunales y entes de control. No como si se tratara de un reality show, sino con la intención de participar del sistema político desde la cuota de política que cada ciudadano tiene en sí mismo: controlar, observar, acompañar procesos si es necesario, señalar errores cuando los haya y, fundamentalmente, exigir profesionalidad, independencia y rapidez.

La responsabilidad de que la Justicia funcione no es solo del Poder Judicial, sino de las “cigüeñas” que trajeron al mundo a sus miembros y por ello no tiene que pasar desapercibido para la ciudadanía lo que pasa allí adentro, lo que se acuerda afuera sobre lo que debe pasar adentro y en torno a quiénes son “investigables” frente a los que la distracción los hace seguir disfrutando de la impunidad.